Varias universidades con sistemas de prestación de servicios sanitarios recientemente han expresado su preocupación por la difícil situación financiera que enfrenta el sistema de salud en Colombia. Sallista, CES, EAFIT, EIA, la Universidad de Medellín, la Universidad Nacional y la Pontificia Bolivariana, han destacado la alta morosidad, fragilidad y desequilibrio del sistema, así como las deudas seculares que amenazan la continuidad de las operaciones. En este contexto, han subrayado la necesidad urgente de una prestación oportuna, integral y segura para sus pacientes, lo que resalta el alto riesgo para la salud y vida de los pacientes en caso de no garantizarse una mayor fluidez de recursos en el aseguramiento.

Esta preocupación se ha intensificado aun más debido a la incertidumbre generada por la propuesta de reforma a la salud que actualmente se está debatiendo en el Congreso de la República. A pesar de que se ha avanzado en la tramitación de 63 de los 163 artículos propuestos, lo que representa aproximadamente el 50 % del total, aún existen dudas sobre su implementación y funcionamiento. Es claro que hay consenso en la necesidad de una reforma integral que aborde los desafíos en términos de sostenibilidad, calidad, acceso y equilibrio entre los diferentes actores del sistema, así como mejoras en la eficiencia y asignación de recursos para la salud.

Para que la reforma sea efectiva, debe ser diseñada e implementada en un contexto que tenga en cuenta la racionalidad, las lecciones aprendidas y los desarrollos tanto a nivel local como internacional. Es importante considerar los logros obtenidos en términos de mayor protección financiera, reducción del gasto de bolsillo, y el aumento en indicadores trazadores de salud, como la mortalidad materna e infantil y la cobertura de vacunación. Estos logros han permitido al país ingresar en el segmento de naciones con alto desarrollo humano y reconocimiento internacional, con un gasto en salud cercano al 8 % del PIB, representado en valores nominales superiores a los 100 billones de pesos.

En el mismo sentido, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) presentó un informe detallado sobre el deterioro del estado de la cartera vencida a nivel nacional, evidenciando una crisis en las finanzas de los prestadores de servicios de salud, tanto públicos como privados, con deudas que superan los 16 billones de pesos, lo que representa un incremento del 14,7 % en comparación con el reporte anterior de diciembre. La morosidad en las EPS se sitúa en un promedio del 52 %, lo que ha llevado a una afectación en la atención médica de calidad en numerosos hospitales y clínicas en todo el país, obligando a las EPS a recurrir a sus recursos de emergencia para poder mantener sus operaciones.

La aguda crisis financiera ha obligado a algunas clínicas en el departamento a cerrar definitivamente servicios de pediatría y ginecología, mientras que otros se ven forzados a suspenderlos temporalmente. Estas áreas son parte integral de la cartera de servicios estratégicos de las instituciones, y la restricción financiera ha llevado a una revisión exhaustiva de los servicios con el fin de priorizar la rentabilidad y sostenibilidad en un entorno de limitaciones financieras.

Para comprender mejor la situación financiera de los hospitales públicos y las Empresas Sociales del Estado, es esencial analizar el informe de cartera presentado por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA). Este destaca la importancia de las cuentas por cobrar como fuente primaria de financiamiento interno, que garantizan la prestación oportuna y eficiente de servicios de salud. Sin embargo, estas cuentas se han visto afectadas significativamente debido a la falta de reciprocidad en los pagos por parte de las entidades responsables, lo que ha generado prácticas abusivas y perturbadoras en el flujo de fondos.

El informe revela que la deuda consolidada con los hospitales públicos de Antioquia asciende a una cifra considerable de 1.1 billones de pesos, de los cuales más de la mitad, es decir, 522 959 millones de pesos, llevan más de 360 días de retraso en el pago. Las deudas se distribuyen de la siguiente manera: el 41,86 % corresponde a la mediana complejidad, el 34,17 % a la alta complejidad y el 23,97 % a la baja complejidad.

Es importante mencionar que estas organizaciones también enfrentan el deterioro de sus carteras debido a las deudas de las EPS liquidadas, las cuales no han sido atendidas, generando una brecha en la estructura de capital y afectando la viabilidad financiera de las instituciones de aseguramiento en salud. El informe destaca que un total de 68 ESE se encuentran en riesgo, lo que pone en peligro la atención y la supervivencia de estas instituciones públicas esenciales. En cuanto a la distribución de la deuda general, se observa que el 42,57 % corresponde a entidades que ofrecen servicios de mediana complejidad, seguido por el 35,60 % para la alta complejidad y el 21,83 % para la baja complejidad. En términos de régimen de atención, las EPS del régimen subsidiado presentan el mayor valor de atraso de cartera, con unos 46,14 %, seguidas por las del régimen contributivo, con un 24,53 %, lo que representa un total del 70,67 % de la deuda general.

Primeras cinco EPS del régimen contributivo de mayores valores en cartera

Un análisis más segmentado respecto de las EPS por tipología de régimen (contributivo y subsidiado) permite analizar las cinco aseguradas del régimen contributivo con mayor volumen de cartera atrasada a junio 30 de 2023 con las ESE. En el sistema de salud en Antioquia, Nueva EPS encabeza la lista de deudores con un monto de $78 344 millones, seguida de Coomeva EPS SA (liquidada) con $50 921 millones y Sura EPS con una deuda registrada en Antioquia de $26 512 millones. En la misma línea, Medimas EPS SAS (liquidada) sigue en el ranking con $22 305 millones y finalmente, Savia Salud EPS con $21 329 millones.

En cuanto a las deudas del régimen subsidiado, Savia Salud EPS-S destaca con un monto significativo de $265 131 millones, seguida de Coosalud EPS SA con $59 110 millones. Además, se suman a esta lista la Empresa Mutual EMDISALUD ESS (liquidada) con $43 150 millones, Nueva EPS con $34 874 millones y Ecoopsos EPS SAS (liquidada) con $21 453 millones.

En relación con las deudas asociadas al seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) y a las enfermedades catastróficas y de accidentes de tránsito (ECAT), el atraso total con las Empresas Sociales del Estado (ESE) asciende a $90 694 millones. La mayor deudora en este rubro es la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) con $31 044 millones (34,23 %), seguida por AXA Colpatria Seguros SA con $13 953 millones (15,38 %) y Compañía Mundial de Seguros SA con $12 956 millones.

En términos de complejidad, la deuda y el retraso son más altos en la mediana complejidad, con $46 730 millones, seguidos de la seguridad de alta complejidad con $26 631 millones, y finalmente, la baja complejidad con $17 333 millones.

La situación de los prestadores públicos como fuente de financiamiento presenta un alto riesgo de liquidez y crédito, lo que impacta negativamente las estructuras económicas y financieras. Las deudas de los responsables de pago se convierten en una carga adicional para los prestadores de servicios de salud, quienes se ven obligados a cerrar servicios o aumentar los precios de bienes y servicios debido a la falta de oportunidad en los pagos. Esta situación resulta en un aumento de los costos y la siniestralidad, lo que se convierte en un factor determinante del riesgo operativo y la insolvencia, afectando el acceso y disfrute efectivo de los servicios de salud.