Efectos de la asignación de recursos y el aumento de la UPC

El reciente anuncio del Ministerio de Salud sobre la fijación del valor anual de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para la vigencia 2024 ha generado expectativas e inquietudes en el sistema de salud colombiano. Aunque el incremento del 12,01 % parece positivo a primera vista, es crucial analizar las implicaciones y los desafíos que este ajuste plantea.

El valor anual de la UPC para el 2024, fijado en $1 444 086, se traduce en un valor diario de $4 011 35. Sin embargo, las Cámaras de Salud de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) argumentan que este aumento es deficiente para abordar la insuficiencia manifiesta de la UPC en los últimos años. Además, señalan que la inclusión de nuevas tecnologías a través de la Resolución 2366 de 2023 y la destinación del 5 % de la UPC al financiamiento de equipos de salud en los territorios agravan la situación.

En primer lugar, el sustento del aumento en la inflación (9,73 %) más un 2,28 % para la actualización de servicios y tecnologías puede no ser suficiente para abordar las crecientes demandas y costos del sistema de salud. La realidad operativa y logística de los hospitales y centros de atención médica a menudo supera las proyecciones teóricas, dejando brechas significativas en la capacidad de respuesta del sistema.

La reforma propuesta para la Atención Primaria de Salud (APS) tiene impactos significativos, especialmente en lo que respecta a la asignación de recursos financieros. Un aspecto positivo a destacar es la disposición de destinar un mínimo del 5 % de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo para la operación de equipos básicos de salud. Esta medida representa un paso positivo hacia la mejora del acceso a los servicios de salud en la APS, reconociendo la importancia de contar con recursos específicos para la operatividad de los establecimientos sanitarios.

El aumento del 5 % en la UPC permite una asignación más adecuada de recursos para la Atención Primaria de Salud (APS). Esta medida ofrece la posibilidad de mejorar la dotación de equipos médicos esenciales, la capacitación del personal de salud y la implementación de tecnologías médicas modernas, contribuyendo a la calidad de la atención brindada a la población.

Además, este incremento financiero puede tener un impacto directo en la expansión de la cobertura y la accesibilidad de los servicios de salud. Al destinar recursos adicionales a la operación de equipos básicos sanitarios, se pueden implementar programas de prevención, detección temprana y manejo de enfermedades, lo que favorece la promoción de la salud y la prevención de enfermedades crónicas.

Asimismo, el aumento del 5 % en la UPC puede influir positivamente en la retención y motivación del personal de salud. Una infraestructura bien equipada y operativa, respaldada por recursos financieros adecuados, crea un entorno propicio para que los profesionales brinden servicios de calidad, lo que, a su vez, puede contribuir a reducir la rotación de personal y mejorar la continuidad y consistencia en la atención.

El reconocimiento y pago de incapacidades de origen común por enfermedad general, fijado en un 0,39 % del ingreso base de cotización, plantea la cuestión de si este monto es suficiente para garantizar la adecuada cobertura de los trabajadores afectados. Además, la responsabilidad de asumir estos costos por parte de las EPS podría generar tensiones financieras que afecten su capacidad para proporcionar servicios de calidad.

El riesgo planteado es claro: la capacidad operativa y la viabilidad financiera del sector están en peligro, comprometiendo la garantía del derecho a la salud y vida de los colombianos. La amenaza a la protección financiera de los pacientes, con el consiguiente aumento del gasto de bolsillo en el corto plazo, es una realidad que no puede pasarse por alto.

La advertencia sobre el crecimiento de los días de mora que afectan a clínicas, hospitales y proveedores de tecnologías en salud resalta las tensiones financieras que enfrenta el sistema actualmente. La demora en los Presupuestos Máximos de diciembre de 2023 y los ajustes pendientes de las vigencias 2022 y 2023 agrega un componente adicional a la complejidad de la situación.

En conclusión, es importante reconocer que, si bien el aumento en la UPC es un indicador positivo, la distribución y asignación de recursos plantea desafíos significativos que requieren una atención más detallada y una revisión exhaustiva. El sistema de salud colombiano necesita no solo ajustes económicos, sino también un enfoque integral que aborde las complejidades operativas y garantice una atención de calidad para todos los ciudadanos.