En el ámbito normativo de la salud, el año 2023 se destacó por los avances en la reglamentación que favorecieron diversos sectores y grupos poblacionales. A lo largo del año, se promulgaron 10 leyes, 30 resoluciones y seis decretos, concluyendo con la emisión de la Resolución 2364, la cual establece el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el periodo 2024.

Con la colaboración del médico y abogado Luis Alfonso Montoya, miembro de la junta directiva de Asmedas Antioquia, procederemos a analizar tres de las normativas expedidas que han tenido un impacto significativo en los profesionales de la salud, los pacientes y el sistema de salud en general.

Comenzaremos examinando el Decreto 2315, el cual modifica la Ley 1917 de Residencias Médicas, otorgando un respaldo significativo a aquellos que estén por iniciar o ya estén inmersos en procesos de especialización. El experto comenta: “Es un avance que no solo afectará la prestación de los servicios, sino que también ampliará la cobertura en programas especializados médico-quirúrgicos”.

Esta medida, presentada como una suerte de apoyo educativo, permite a los residentes de especialidades médico-quirúrgicas trabajar y contar con la cobertura de sus riesgos laborales. Durante sus estudios en instituciones reconocidas por el Icfes, estos residentes reciben un beneficio equivalente a tres salarios mínimos mensuales, pudiendo pagar este apoyo bajo la modalidad de prestación de servicios al finalizar sus estudios en una entidad designada por el gobierno.

El Dr. Montoya explica que esto posibilita que los residentes cursen sus estudios de manera más adecuada, ya que “todos sabemos que al iniciar una especialidad médica nos alejamos mucho del trabajo y, a medida que avanzamos, comenzamos a laborar y se vuelve una carga muy pesada”.

Adicionalmente, esta medida aborda una necesidad sentida de especialistas a nivel nacional, ya que muchos de ellos, al concluir sus estudios, se concentran en las grandes ciudades. El Dr. Montoya señala: “Hay zonas que no están cubiertas; las EPS no llegan a zonas marginadas, ni siquiera en las propias ciudades, y el acceso a estos servicios es nulo y recae en el paciente”. Considera esta disposición como “una buena posibilidad de ampliar la cobertura que busca el Proyecto de Ley 339”.

Reconocimiento a la interculturalidad y su aporte a la salud

En el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, se promulgó el Decreto 1270 de 2023 a mediados del año 2023 y el cual se cayó por completo, buscaba abordar la histórica ausencia estatal que ha afectado a las comunidades en esta región. El Dr. Montoya destaca la intención de convertir a La Guajira en el epicentro de la aplicación de la Ley de Reforma a la Salud en relación con los Centros de Atención Primaria (CAPS), considerados la puerta de entrada al sistema. Expresa: “La idea es que desde los CAPS se realice una contención efectiva en los territorios, integrando conocimientos médicos y científicos contemporáneos, respetando las sabidurías y valores ancestrales”. Además, subraya la necesidad de respetar la interculturalidad y la apropiación de conocimientos, enfatizando en la importancia de construir panoramas de riesgo desde la base y no imponer propuestas desde el nivel central.

En cuanto a la Resolución 1798 de 2023, que aborda las condiciones para la operación del Sistema General de Riesgos Laborales en el Sistema de Afiliación Transaccional, así como la afiliación obligatoria y voluntaria de trabajadores independientes, el Dr. Montoya destaca su carácter inclusivo en un contexto laboral donde la cobertura en riesgos laborales es baja, principalmente debido a la informalidad, que alcanza el 60 %. Afirma que esta norma aclara la afiliación de los trabajadores independientes al sistema de riesgos laborales, antes considerada casi voluntaria, y ahora incluye a aquellos que trabajen más de un mes como contratistas públicos.

El médico propone continuar avanzando en este ámbito, señalando la persistencia de numerosas injusticias en relación con los riesgos laborales. Esto evidencia la falta de cobertura para aquellos que sufren accidentes o fallecen como consecuencia de su trabajo.

En el ámbito de la reglamentación en 2023, se destaca la atención hacia las mujeres con medidas destinadas a garantizar derechos y preservar sus vidas. Las normativas promulgadas incluyen la Ley 2317, que establece lineamientos para la formulación de la política pública de nutrición prenatal y seguridad alimentaria gestacional; la Ley 2310, conocida como “Ley brazos vacíos”, que ordena lineamientos técnicos para la atención integral y el cuidado de la salud mental de la mujer y la familia en duelo por la pérdida gestacional o perinatal; la Ley 2306, que promueve la protección de la maternidad y la primera infancia, con incentivos y normas para construir áreas que permitan la lactancia materna en espacios públicos; y la Ley 2338, que establece lineamientos para la política pública en prevención, diagnóstico temprano y tratamiento integral de la endometriosis, junto con su promoción y sensibilización.

Además, la Resolución 051 de 2023 regula la atención integral en salud frente a la interrupción voluntaria del embarazo, considerándola “esencial y de carácter urgente”. Esta medida responde a la afirmación de la Corte Constitucional, que indica que imponer barreras para este tipo de procedimientos constituye violencia y discriminación contra la mujer, e incluye a niñas, adolescentes, personas gestantes y otras identidades de género que la persona reconozca.

Otra normativa destacada

• Ley 2315 de 2023: modifica la Ley 1917 de 2018, incluye odontólogos que cursen programas de especialización médico-quirúrgica dentro del sistema de residencias médicas.
• Ley 2287 de 2023: crea el Sistema Nacional de Biobancos y regula su funcionamiento con fines de investigación biomédica, biotecnológica y epidemiológica.
• Resolución 023 de 2023: actualiza el listado de enfermedades huérfanas–raras, en cumplimiento de los criterios definidos en la Ley 1438 de 2011.
• Ley 2333 de 2023: modifica el artículo 100 de la Ley 1438 de 2011 y establece mecanismos para otorgar la certificación de hospitales universitarios a las instituciones prestadoras de servicios de salud por medio de un proceso de acreditación.