El 7 de mayo de 2026, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá activó un plan de contingencia de emergencia tras el cierre casi simultáneo de servicios críticos en varias Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la capital. Entre ellas se encuentran la Clínica Medical en Kennedy, que informó mediante un comunicado la suspensión de servicios como urgencias, unidades de cuidados intensivos (UCI), diálisis y quimioterapia; y la Liga Contra el Cáncer, que también anunció públicamente la interrupción temporal de la atención debido a dificultades financieras. En el caso de la Clínica del Trabajador, la suspensión de servicios fue reportada en el marco de la contingencia activada por la autoridad distrital de salud.

Lo que sucede en Bogotá es la punta visible de un fenómeno nacional, aunque medirlo exige rigor. Juan Carlos Giraldo Valencia, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), insiste en partir del REPS, el registro oficial de prestadores.

Entre diciembre de 2024 y mayo de 2026, el balance neto de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) muestra una variación marginal, con una reducción de 12 entidades, mientras que los servicios habilitados aumentaron en 517. En ese contexto, las versiones que hablan de cierres masivos de hospitales confunden categorías, pues en Colombia existen 2.193 hospitales y clínicas, cifra que contrasta con los 4.100 establecimientos mencionados en algunos análisis públicos.

Estamos, entonces, frente a la pregunta: ¿el sistema está diseñado para sostener su red hospitalaria o la está empujando, paso a paso, hacia el debilitamiento?

El descalce que nadie pagó

La raíz de este problema es financiera y técnica a la vez. La Unidad de Pago por Capitación (UPC), diferenciada por régimen contributivo y subsidiado, continúa siendo el principal mecanismo de financiamiento del sistema, pero sus ajustes siguen siendo insuficientes frente a los costos reales de la prestación. En 2025, el incremento promedio fue de 5,36 %, mientras que el salario mínimo aumentó 9,54 %, ampliando la brecha entre ingresos del sistema y presión de gasto. Este desajuste se acentúa si se considera la estructura de gasto de las instituciones: la nómina representa entre el 63 % de los costos en las IPS privadas y hasta el 70 % en los hospitales públicos, lo que traslada una carga financiera significativa al sistema. En conjunto, este desbalance ha generado una presión estimada en alrededor de 3 billones de pesos para los prestadores durante ese año.

Para 2026, la UPC fue fijada por el Ministerio de Salud en $1.658.912,01 para el régimen contributivo (incremento de 9,03 %) y en $1.541.706,27 para el subsidiado (incremento de 16,49 %), según la Resolución 2764 de 2025. Esta actualización mantiene la tendencia de ajustes diferenciados por régimen, aunque no implica por sí misma una medición de la brecha entre ingresos y costos del sistema en ese año. Jesús Botero García, profesor emérito y miembro del Semillero en Estudios en Coyuntura Económica de EAFIT, lo resume así: por cada $100 que entran, se necesitan al menos $109 para cubrir lo facturado. El resultado es un deterioro patrimonial de las EPS de 14.5 billones entre 2022 y 2025, y una cadena de cuentas pendientes que ahoga a las IPS.

La deuda que nadie logra medir

El problema más grande es de diagnóstico, ni siquiera hay acuerdo sobre cuánto se debe. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) calcula la cartera hospitalaria en $25.7 billones, con una morosidad promedio del 58 %. La Contraloría la estima en $32.9 billones; el gremio de EPS contributivas, ACEMI, la baja a $13.9 billones tras descontar anticipos; la Presidencia llega a hablar de $100 billones históricos. Cinco cifras para una misma deuda.

De acuerdo con Néstor Álvarez Lara, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, la falta de claridad en las cifras es el problema de fondo: “No hay información confiable absolutamente de nada”. Nadie sabe con precisión cuántas IPS perdieron contrato, cuántos pacientes fueron trasladados ni hacia dónde. Los usuarios se enteran por su propia experiencia: alguien llega a terminar su tratamiento de cáncer y descubre que lo derivaron a otro municipio.

Muchos de estos pacientes y sus familias terminan incurriendo en más costos, en problemas logísticos, en incertidumbre y tienen que volver a empezar con especialistas que no los conocen y que muchas veces también están saturados por los mismos cambios.

El riesgo se concentra en las EPS que han sido objeto de medidas de intervención o vigilancia estatal. En este grupo, diez entidades acumulan $12.6 billones en pasivos, lo que equivale al 49 % del total, mientras que tres de ellas explican el 71,8 % del crecimiento de la cartera en mora durante el segundo semestre de 2025.

Quién paga la cuenta: madres, niños y la periferia

La asfixia golpea primero al eslabón financiero más débil. Obstetricia, pediatría y neonatología son las especialidades menos rentables, por sus altos costos fijos y tarifas bajas, y por eso son las primeras en cerrar.

Detrás de ese leve crecimiento de servicios se esconden contracciones: cayeron los de apoyo diagnóstico, cirugía e internación, y la capacidad instalada en camas se redujo en 1.430 entre diciembre de 2024 y mayo de 2026. De esa caída, 484 camas correspondieron a pediatría, 334 a obstetricia y 438 a neonatología, mientras que 174 camas adicionales no se encuentran desagregadas en el reporte. Estas corresponden a especialidades críticas dentro de la red hospitalaria, las que suelen reflejar con mayor rapidez las tensiones del sistema. Y advierte sobre lo que no captura ninguna tabla: la cobertura tiene tres componentes —acceso, continuidad y coordinación—, y la inestabilidad de la red rompe los tres. Un paciente oncológico con diagnóstico, pero sin continuidad en sus quimioterapias, queda con una cobertura que existe en el papel y no en la práctica.

En la periferia, el cierre es humanitario. En Quibdó, el Hospital San Francisco de Asís declaró alerta roja con una sobreocupación del 340 % en urgencias, mientras la lluvia se filtra sobre los quirófanos. Factura $700 millones mensuales a Nueva EPS y recibe $500 millones. La EPS Comfachocó le adeuda el 100 % de lo radicado. Allí no hay otra IPS que abrió: la pública es la única que existe.

¿Falla o diseño?

El director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez Martín, rechaza la tesis de la desfinanciación. Según sus datos, los recursos crecieron 60 % en tres años, el giro directo alcanzó $26.5 billones en el primer cuatrimestre de 2026, y “no tenemos cuentas vencidas con las IPS”.

En su lógica, el problema es estructural y de ineficiencia: la ADRES gira el 80 % de la UPC, pero son las EPS las que deciden a quién, cuánto y cómo pagan. Calcula que un 10 % de los recursos se pierde por corrupción y un 20 % por ineficiencia: urgencias reventadas porque la atención primaria está cerrada, sobrecostos en medicamentos, integración vertical y cadenas de intermediarios donde “cada uno se lleva un 10 %”.

Esto se debe, según dice, a que la salud ha sido tratada a lo largo de los años como un negocio, donde “unos negociantes deciden a quién quieren favorecer con los recursos y a quién quieren asfixiar”. Por eso hay unas IPS que no aguantan, mientras otras abren y de una vez se enriquecen, señala.

La otra lectura, sostenida por gremios y analistas, es la de una asfixia inducida: el sistema sería viable, pero se le priva de liquidez para forzar la aceptación de la reforma estatal, trasladando el costo a los pacientes más vulnerables. La reforma, hundida y en apelación en el Senado, deja al sistema en un limbo donde la transición hacia lo público ocurre “de facto”, por colapso.

Giraldo ofrece la síntesis más sobria. El sector prestador —91 % privado— ha sostenido el sistema sobre sus hombros, pero “la resistencia no es infinita”. Mientras tanto, se acumula una bomba fiscal que alguien tendrá que asumir. La pregunta de fondo sigue abierta, y cada cama que se cierra es una respuesta provisional.