Los resultados financieros consolidados, publicados por la Superintendencia Nacional de Salud, con corte a marzo de 2026, revelan uno de los momentos más críticos del aseguramiento en salud colombiano desde la implementación de la Ley 100 de 1993.

El análisis de las 23 EPS que reportaron información financiera evidencia un deterioro acelerado de la sostenibilidad del sistema. Aún más preocupante resulta que cuatro EPS no presentaron información: Comfaoriente, Comfachocó, Pijaos Salud y Nueva EPS, esta última responsable de cerca de una cuarta parte de los recursos del sistema y que, además, no presenta estados financieros auditados y certificados desde 2024.

Esto significa que la crisis podría ser incluso mayor a la reflejada en las cifras actualmente disponibles.

Las pérdidas operativas y netas prácticamente se duplicaron frente a marzo de 2025. El sistema registra deterioro patrimonial, incremento acelerado del endeudamiento, insuficiencia de ingresos frente al gasto médico y crecientes problemas de liquidez, lo que compromete seriamente la continuidad de los servicios de salud.

De mantenerse esta tendencia, las pérdidas del sistema podrían superar los $8 billones al cierre de 2026, configurando uno de los mayores desequilibrios financieros en la historia del aseguramiento colombiano.

Un modelo operacionalmente inviable

El consolidado financiero evidencia un resultado operacional negativo cercano a los $2 billones durante el primer trimestre de 2026. En términos prácticos, la actividad central del aseguramiento dejó de ser financieramente sostenible.

El problema estructural radica en que los ingresos corrientes provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ya no alcanzan para cubrir el costo real de atención de la población afiliada. Allí se encuentra el núcleo de la descompensación financiera del sistema.

El margen operacional agregado se ubicó en -9,48 %, mientras que el margen neto alcanzó -5,82 %, lo que confirma que las EPS están perdiendo recursos tanto en su operación básica como en el resultado final del ejercicio.

Dicho de manera simple: por cada $100 que ingresan al sistema, las EPS pierden cerca de $10 en su operación misional.

La crisis no puede explicarse únicamente por problemas administrativos o de eficiencia. El sistema enfrenta un descalce estructural entre ingresos y gasto derivado de múltiples factores:

• Insuficiencia de la UPC frente al costo real de atención.
• Envejecimiento poblacional.
• Aumento de enfermedades crónicas y de alto costo.
• Crecimiento del gasto farmacéutico.
• Judicialización creciente.
• Incorporación de nuevas tecnologías.
• Mayores frecuencias de uso de los servicios de salud.

Siniestralidad sin punto de equilibrio

La siniestralidad básica —costos médicos frente a ingresos operacionales— alcanzó 101,45 %, mientras que la siniestralidad total llegó a 109,48 %.

Esto significa que el costo médico ya consume la totalidad de los ingresos del sistema e incluso los supera. Técnicamente, el aseguramiento opera hoy bajo un escenario de destrucción de valor.

Como consecuencia:

• Aumentan las cuentas por pagar.
• Crece la cartera hospitalaria.
• Se desacelera el flujo de recursos.
• Se deteriora la liquidez de clínicas y hospitales.
• Se afecta la capacidad operativa de la red prestadora.

El resultado es inevitable: la crisis financiera del aseguramiento termina convirtiéndose en crisis hospitalaria y, posteriormente, en crisis de acceso para los pacientes.

Un sistema descapitalizado y endeudado

Las EPS operan hoy bajo condiciones de insolvencia técnica y descapitalización. El déficit patrimonial agregado se acerca a los $18 billones, mientras que el endeudamiento supera el 188 %.

Cuando desaparece el patrimonio, el sistema deja de crecer con capital propio y comienza a sostenerse sobre una deuda creciente, trasladando las tensiones financieras a clínicas, hospitales, operadores farmacéuticos y proveedores de tecnologías en salud.

El deterioro observado durante el primer trimestre de 2026 evidencia, además, una aceleración de la crisis. Las pérdidas netas prácticamente se duplicaron frente al mismo periodo de 2025.

Lejos de estabilizarse, el sistema muestra señales claras de agravamiento financiero y operativo.

De crisis financiera a crisis humanitaria

Cuando un asegurador entra en insolvencia profunda, las consecuencias trascienden rápidamente el ámbito financiero y afectan directamente la prestación de los servicios:

• Se restringen servicios.
• Aumentan las barreras administrativas.
• Se retrasan autorizaciones.
• Crecen las tutelas y reclamaciones.
• Se deteriora la oportunidad de atención.
• Se afecta la continuidad terapéutica de pacientes crónicos, oncológicos y de alto costo.

Estas situaciones ya se observan en distintas regiones del país y reflejan un creciente ambiente de incertidumbre institucional y operativa.

Paradójicamente, el sistema continúa funcionando gracias al esfuerzo financiero y operativo de clínicas, hospitales, trabajadores del sector y proveedores, quienes siguen operando bajo elevados niveles de presión de cartera e iliquidez para evitar una interrupción masiva de los servicios.

En otras palabras, buena parte de la estabilidad actual del sistema descansa sobre organizaciones que continúan financiando, de facto, su funcionamiento mediante endeudamiento, ampliación de cartera y sacrificio de liquidez.

¿Qué dejó en evidencia esta crisis?

Las cifras de marzo de 2026 permiten concluir que el modelo actual de aseguramiento agotó buena parte de su sostenibilidad financiera.

La crisis no puede analizarse desde una visión simplista ni atribuirse únicamente a problemas individuales de algunas EPS. El deterioro tiene carácter sistémico y refleja debilidades estructurales acumuladas durante años.

Entre los principales factores se destacan:

• Insuficiencia estructural de ingresos.
• Fragmentación de redes.
• Desarticulación territorial.
• Baja resolutividad del primer nivel de atención.
• Debilidades regulatorias.
• Fallas en el control del gasto.
• Ineficiencias operativas acumuladas.

El problema de fondo ya no es únicamente quién administra el sistema, sino cómo construir un modelo técnica y financieramente viable para las próximas décadas.

¿Hacia dónde avanzar?

1. Ajuste actuarial de la UPC
   La UPC debe corresponder de manera realista al perfil epidemiológico, demográfico y tecnológico de la población.
2. Fortalecimiento del primer nivel de atención
   La prevención, la promoción y la gestión temprana del riesgo deben convertirse en el eje central del sistema.
3. Redes integradas territoriales
   Es indispensable reducir la fragmentación y mejorar la coordinación entre aseguradores y prestadores.
4. Transformación del modelo de pago
   El sistema debe migrar progresivamente desde esquemas de pago por evento hacia modelos orientados a resultados en salud y generación de valor.
5. Capitalización y solvencia
   El aseguramiento requiere reservas técnicas suficientes, fortalecimiento patrimonial y mayor disciplina financiera.
6. Analítica de datos y gestión predictiva
   La sostenibilidad futura dependerá del uso intensivo de información clínica, financiera y epidemiológica para anticipar riesgos y gestionar costos.
7. Gobernanza y transparencia
   Se requieren sistemas modernos de monitoreo, alertas tempranas y supervisión preventiva antes de alcanzar escenarios irreversibles de deterioro.

Las cifras financieras de marzo de 2026 evidencian que la problemática actual del aseguramiento en salud ya no corresponde únicamente a un asunto contable.

Lo que realmente revelan es el agotamiento progresivo de un modelo que perdió el equilibrio entre ingresos, riesgo, gasto y capacidad operativa.

El sistema enfrenta hoy una severa crisis de sostenibilidad que amenaza simultáneamente:

• La estabilidad financiera del sector.
• La viabilidad de clínicas y hospitales.
• La continuidad de los servicios.
• La garantía efectiva del derecho fundamental a la salud.

Cuando el aseguramiento colapsa, no solo se deterioran los balances financieros. También se deteriora la capacidad institucional del país para proteger la vida y la salud de millones de personas.

Por ello, el verdadero desafío del próximo gobierno no será únicamente decidir el futuro de las EPS, sino construir un modelo de salud técnicamente viable, financieramente sostenible y socialmente responsable, capaz de recuperar la confianza, garantizar el acceso oportuno y preservar la estabilidad del sistema en el largo plazo.