La cartera hospitalaria sigue creciendo y sus efectos comienzan a sentirse con mayor fuerza en las regiones. El más reciente estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) revela que la deuda con los prestadores de servicios de salud llegó a $25.7 billones en 2025, con un incremento de $1.7 billones frente al periodo anterior y una mora que pasó del 56 % al 58 %.

Para la ACHC, el estudio refleja la “profunda falta de liquidez” con la que operan las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y la necesidad de un “rescate financiero” que les permita cumplir sus compromisos con empleados, proveedores y usuarios.

Desde EL PULSO, pusimos el foco en algunas regiones del país y encontramos que los efectos de esta cartera impactan la prestación de los servicios y se reflejan en el aumento de quejas y tutelas.

La deuda de las 10 EPS intervenidas y en vigilancia especial, según datos de la ACHC, llegó a $12.6 billones, $1.4 billones más que en el corte anterior, mientras que la concentración de su cartera morosa aumentó 6,5 puntos porcentuales.

Bogotá como ciudad capital

Bogotá es una de las ciudades más afectadas. Según la Secretaría Distrital de Salud, la cartera asociada a las EPS frente a la red pública hospitalaria del Distrito se ubica en alrededor de $347.233 millones, mientras que las subredes públicas registran obligaciones por esa misma magnitud dentro del sistema de cuentas del sector. Las cifras corresponden a la misma fuente y a un corte metodológico comparable, pero reflejan actores distintos dentro del sistema —aseguradores y prestadores públicos—, por lo que no se trata de saldos enfrentados directamente entre sí, sino de compromisos financieros de naturaleza diferente dentro de la red hospitalaria distrital.

Gerson Bermont, secretario de Salud de la ciudad, pidió a la Superintendencia Nacional de Salud intervenir para garantizar pagos y continuidad en la atención. El funcionario enfatizó que “la sostenibilidad operativa depende directamente del flujo oportuno de recursos y no solo de su regulación”, y que la garantía del derecho debe estar acompañada de condiciones financieras que permitan materializar la atención en condiciones de calidad y oportunidad.

Antioquia

Según la Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA), las EPS adeudan a los hospitales públicos de Antioquia alrededor de $2.1 billones entre cartera corriente y vencida. Savia Salud concentra $549 mil millones y la Nueva EPS $445 mil millones.

Para Luis Hernán Sánchez Montoya, director de AESA, la principal preocupación es que los interventores de las EPS se comprometen a pagar la cartera corriente, pero “nadie habla de cuándo o cómo nos van a pagar la cartera vencida, y tenemos serias dudas de que la vayan a pagar”.

También advirtió que la falta de capitalización de la Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud “hace muy difícil la situación, porque los recursos que mandan mes a mes no alcanzan a cubrir los gastos, lo que genera cada vez más una cartera atrasada”.

Aunque los hospitales públicos de primer nivel están recibiendo pagos oportunos, la situación es distinta para los de mediana complejidad. “Nos están pagando en promedio entre el 35 % y el 40 % de lo que facturan por evento, que debe ser por lo menos el 80 %, afectando los recursos para sostener su operación”, afirmó Sánchez.

Además, insistió en que los giros directos lleguen a clínicas y hospitales sin intermediación de las EPS, “porque cuando llega la plata, las EPS eligen pagar primero a prestadores de integración vertical y dejan de último a los hospitales públicos”.

En esa misma línea, Juan Carlos Giraldo V., director de la ACHC, sostuvo que es necesaria “la aplicación estricta de la Circular 015 que prohíbe la concentración de pagos en entidades de integración vertical, para afrontar la difícil coyuntura y aliviar la asfixia de los prestadores, mientras avanzamos en la obligación de replantear el funcionamiento estructural del sistema actual”.

Costa Atlántica

En el Atlántico, la red hospitalaria pública ha sido señalada en reportes del sector como una de las más presionadas financieramente, con afectaciones en la prestación de servicios de alta complejidad. Estas tensiones se asocian principalmente a la cartera con las EPS y al desbalance entre facturación, recaudo y costos operativos, lo que estaría generando dificultades en la continuidad de la atención y en la sostenibilidad de algunos servicios.

Occidente colombiano

En el Valle del Cauca, la deuda asciende a cerca de $6 billones, situación que compromete la operación de clínicas y hospitales, según la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Entre enero y abril de 2026 se presentaron 6.700 quejas ante la Defensoría del Paciente por falta de acceso a especialistas, no entrega de medicamentos y demoras en procedimientos.

En Cali, la cartera de las EPS con los prestadores privados de mediana y alta complejidad supera los $2.69 billones, mientras que la red pública de baja complejidad enfrenta obligaciones por $89.502 millones.

Santander

Santander acumula cerca de 1.800 reclamos por fallas en la entrega de medicamentos en lo corrido de 2026, y el 80 % de los usuarios afectados pertenece a EPS intervenidas.

De acuerdo con el secretario de Salud, Edwin Prada Ramírez, el 70 % de las quejas del sector está relacionado con la demora o no entrega de medicamentos, afectando principalmente a pacientes con enfermedades huérfanas, de alto costo y cáncer. La Superintendencia Nacional de Salud citó recientemente a las EPS que operan en el departamento para exigir soluciones.

Deudas del Estado

Los deudores agrupados en la categoría Estado concentran el 7,3 % del total de la cartera, cerca de $1.9 billones, incluyendo obligaciones de los entes territoriales, la ADRES y el extinto FOSYGA.

Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que el Gobierno ha realizado el mayor esfuerzo fiscal en la historia reciente del sistema, con un crecimiento real del 51 % en el presupuesto del sector y del 28 % en la UPC entre 2022 y 2026.

“Mientras el Estado gira oportunamente los recursos, las EPS continúan acumulando deudas con hospitales, clínicas y trabajadores de la salud, mostrando que el problema no está en la financiación, sino en la intermediación. La pregunta no es cuánto dinero falta, sino qué está pasando con el dinero que ya se giró”, advirtió el ministro.

La presión de la cartera hospitalaria atraviesa todo el sistema de salud y se expresa de manera desigual en las regiones, pero con un mismo efecto: instituciones al límite, servicios que se ajustan o se suspenden y una atención cada vez más fragmentada. En medio de las cifras y las tensiones entre actores, el sistema sigue enfrentando una pregunta de fondo: cómo garantizar la continuidad de la atención cuando la liquidez no alcanza para sostenerla.