El gasto de bolsillo en salud de los hogares colombianos aumentó un 57,3 % entre 2022 y 2025, según un informe de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) y Algebra Labs, basado en datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE.

El estudio señala que el incremento estaría asociado a mayores pagos directos de los usuarios y advierte posibles impactos en la protección financiera del sistema de salud, especialmente en los hogares de menores ingresos y en las zonas rurales.

La investigación analizó la evolución de la protección financiera y del acceso efectivo a los servicios de salud entre 2019 y 2025. Para ello examinó variables como la disponibilidad de medicamentos, la asignación de citas y los pagos directos realizados por los pacientes.

El gasto de bolsillo corresponde a los pagos que las personas realizan con recursos propios para acceder a servicios, medicamentos o tratamientos de salud sin posibilidad de reembolso. Aunque Colombia no cuenta con mediciones oficiales públicas recientes y periódicas sobre este indicador, diferentes análisis han advertido sobre su crecimiento sostenido y sus implicaciones para el acceso efectivo a los servicios.

Infografía Periódico El Pulso.

En noviembre pasado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento progresivo del gasto de bolsillo en salud y señaló que este fenómeno refleja un agravamiento de las barreras de acceso. Con base en cifras del DANE, el gasto de bolsillo en salud pasó del 15,8 % en 2019 al 17,2 % en 2024, lo que representa un aumento de 1,4 puntos porcentuales en la participación de los pagos directos de los hogares dentro del gasto en salud.

En términos prácticos, esto significa que de cada 100 pesos destinados a atención en salud, los hogares pasaron de asumir 15,8 pesos a 17,2 pesos con recursos propios.

Aunque el indicador se mantiene por debajo del umbral del 20 % establecido por la OMS —a partir del cual se considera que existe riesgo de gasto catastrófico o empobrecimiento—, la tendencia evidencia un acercamiento progresivo a ese límite, lo que puede implicar mayor presión financiera sobre los hogares.

La situación es aún más crítica en algunos territorios. Según la Defensoría, departamentos como Tolima (35,68 %), Guaviare (35,6 %), Arauca (35,12 %), Putumayo (26,69 %) y Huila (25,09 %) superan ampliamente ese límite, lo que evidencia profundas desigualdades regionales en la capacidad de las familias para financiar su atención en salud. Frente a este panorama, la defensora Iris Marín Ortiz insiste en la necesidad de realizar análisis territoriales que permitan diseñar políticas públicas más equitativas y focalizadas.

En la misma línea, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advierte que el incremento del gasto de bolsillo afecta especialmente a los hogares más vulnerables. De acuerdo con la entidad, “el quintil más bajo experimentó el mayor crecimiento real acumulado en gasto de bolsillo entre 2021- 2024, a pesar de que el 84,8 % de este grupo pertenece al régimen subsidiado que debería brindar mayor protección financiera”.

Asimismo, ANIF señaló que el gasto de bolsillo como proporción del gasto corriente en salud pasó del 14,2 % en 2021 al 16,8 % en 2024.

Un impacto más fuerte: los hogares vulnerables

Los resultados del informe de Afidro y Algebra Labs muestran que el aumento del gasto no ha sido homogéneo. Mientras los hogares de menores ingresos registraron un incremento del 63,4 %, los de mayores recursos reportaron un aumento de apenas el 15,3 %, lo que evidencia un efecto regresivo que amplía las desigualdades.

Las diferencias también son evidentes desde el punto de vista territorial. Entre 2022 y 2025, el gasto de bolsillo creció un 61,7 % en las zonas rurales, frente a un 26,4 % en las áreas urbanas. Según el informe, esta brecha refleja las mayores dificultades que enfrentan las poblaciones rurales para acceder oportunamente a medicamentos y servicios de salud.

“El sistema de salud se alejó de los más pobres, los más distantes y los más enfermos”, señala el documento.

Medicamentos y acceso, entre las principales causas

Uno de los hallazgos más preocupantes está relacionado con la disponibilidad de medicamentos. Con base en cifras del DANE, el gasto de bolsillo en salud pasó del 15,8 % en 2019 al 17,2 % en 2024, lo que representa un aumento de 1,4 puntos porcentuales en la participación de los pagos directos de los hogares dentro del gasto en salud.

En términos prácticos, esto significa que de cada 100 pesos destinados a atención en salud, los hogares pasaron de asumir 15,8 pesos a 17,2 pesos con recursos propios.

Aunque el indicador se mantiene por debajo del umbral del 20 % establecido por la OMS —a partir del cual se considera que existe riesgo de gasto catastrófico o empobrecimiento—, la tendencia evidencia un acercamiento progresivo a ese límite, lo que puede implicar mayor presión financiera sobre los hogares.

La falta de entrega de medicamentos obliga a muchos pacientes a adquirirlos por cuenta propia, incrementando el gasto familiar y poniendo en riesgo la continuidad de los tratamientos.

El estudio también identifica retrocesos en el acceso a los servicios de salud. La asignación oportuna de citas pasó del 42,14 % en 2020 al 55,76 % en 2023, pero descendió al 51,63 % en 2025. Asimismo, el porcentaje de personas que acudieron a su EPS cuando enfrentaron un problema de salud cayó del 55,7 % en 2023 al 43,1 % en 2025.

Para los investigadores, estos resultados evidencian barreras crecientes de acceso y una menor capacidad de respuesta del sistema frente a las necesidades de los usuarios.

Los pacientes más enfermos asumen mayores costos

El informe encontró que las personas con condiciones de salud más complejas enfrentan una carga financiera significativamente mayor. Mientras quienes reportaron un mejor estado de salud redujeron su gasto de bolsillo en un 36,5 %, aquellos con enfermedades más graves lo incrementaron en un 32,7 %.

Además, el aumento del gasto de bolsillo se acompaña de un crecimiento de las quejas y las tutelas relacionadas con la atención en salud, lo que refleja dificultades persistentes para garantizar el acceso efectivo a los servicios.

Retos para la sostenibilidad del sistema

Entre las recomendaciones del estudio se encuentran el ajuste de los mecanismos de financiación, especialmente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los Presupuestos Máximos, así como la optimización de los recursos, la priorización de pacientes crónicos y la implementación de modelos innovadores de financiación, como los pagos por resultados y los bonos de impacto social.

Los autores consideran que los primeros 100 días del próximo gobierno serán determinantes para impulsar los cambios requeridos y mejorar la capacidad del sistema para responder a las necesidades de la población.

Los hallazgos muestran que el aumento del gasto de bolsillo no es una situación coyuntural, sino una tendencia estructural que amenaza con ampliar las desigualdades en salud y dificultar aún más el acceso a los servicios para las poblaciones más vulnerables. Las quejas también aumentan: en el primer semestre de 2025 se reportaron cerca de 978.000 peticiones, junto con un incremento del 16,4 % en tutelas.

A esto se suma la presión financiera. El sistema acumula deudas superiores a 32 billones de pesos entre EPS y prestadores, además de tensiones por el desbalance entre costos y la UPC.

En conjunto, el país enfrenta un punto de inflexión: logró una cobertura casi universal, pero ahora el desafío es garantizar acceso oportuno, calidad y sostenibilidad. El debate ya no es cuántos están afiliados, sino si el sistema puede responder efectivamente a las necesidades de la población.