Complementariedad: una clave de la prestación de servicios de salud

S e supondría que el concepto de Estado Social de Derecho consagrado en nuestra Constitución se encuentra introyectado en el quehacer de nuestros mandatarios, debería ser el norte de toda acción gubernamental y recordarlo no pasaría de ser un ejercicio vano. Sin embargo, el declive vivido en los últimos años por los servicios de salud de carácter público, y la coyuntura de cambio de gobierno, nos hace pensar que es necesario traerlo a colación nuevamente.

Un Estado Social de Derecho se debe caracterizar por el fortalecimiento de servicios con el fin de garantizar a los asociados, ciudadanos, el goce y disfrute de los derechos esenciales para mantener un nivel de vida digno y necesario para participar como miembro pleno en la sociedad. Esto incluye entre otros componentes una asistencia sanitaria y salud dignas, adecuadas y oportunas, acceso a la educación, posibilidades de trabajo y vivienda, acceso práctico y real a los recursos culturales, asistencia al inválido y el anciano, defensa del ambiente, entre otros.

Cumplir con estas metas a su vez incluye el esfuerzo central de proveer las condiciones para la integración de las clases sociales menos favorecidas, eliminar las exclusiones, la marginación, discriminación, compensar las desigualdades, redistribuir los recursos de manera equitativa, actuar donde el mercado no es suficiente o no está interesado, o incluso intervenirlo en los casos necesarios. Implica también planificar con prevalencia del interés general.

Que la deuda que las entidades responsables del pago con los hospitales públicos del país se haya incrementado de cuatro billones de pesos a más de ocho en un lapso de cuatro años no tiene presentación porque cuando las leyes del mercado no se respetan, el estado está obligado a intervenir. Y si a lo anterior se suman los más de 8 billones que se le adeudan a los hospitales y clínicas privadas, según el último cálculo de la ACHC, no se requiere ser un genio en economía para saber que algo está mal, muy mal en el sistema de salud colombiano.

Lo más grave de este asunto es que pareciera que el gobierno saliente, si bien trató de tomar algunas medidas, todas insuficientes, dejó en la práctica que la cosa fuera marchado, algo así como un dejar ser, porque si bien en el caso de los prestadores privados la situación es grave, se podría medio pensar que es parte del riesgo que se corre al incursionar en una actividad económica, lo que pasa es que dicha actividad se relaciona con la vida, la salud y el bienestar de la población, y el estado no puede dejar que sean los vaivenes del mercado los que determinen la subsistencia de las instituciones.

Pero que el mismo estado deje al garete a sus propios hospitales, es un acto que atenta contra la salvaguarda de lo público, es irresponsable y altamente peligroso. La prestación de servicios de salud en Colombia ha sido una actividad compartida entre actores privados y públicos, y de cierta forma la figura ha sido relativamente exitosa en la medida que se han compensado cargas y responsabilidades. Es evidente que el estado es incapaz por falta de recursos financieros de asumir por ejemplo una dotación de tecnología médica de punta para toda la nación, esta tarea ocuparía décadas o una destinación exclusiva de la inversión social del país durante varios años. Acá los privados tienen mucho que aportar. Pero igualmente es imposible pensar que una oferta privada pueda copar todo el territorio en condiciones de calidad y oportunidad suficientes para atender las necesidades sanitarias de toda la población. Acá también nos gastaríamos décadas.

Es la complementariedad la que le permite a Colombia contar con una red de prestadores amplia que si bien, aún le falta mucho por mejorar, cubre gran parte de las necesidades de la población. Por eso el peligro que se corre con el debilitamiento de la prestación desde lo público es grande. Es en las regiones donde se debe soportar la atención inicial de manera oportuna y suficiente, es desde el primer nivel de donde deben comenzar las acciones y programas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Es desde la oferta oficial como se garantiza que en los lugares más apartados los colombianos puedan encontrar ayuda para solucionar sus dolencias, es un acto mínimo de responsabilidad estatal, pero también de presencia y soberanía.

El nuevo gobierno debe reflexionar sobre esta realidad. Ya hemos perdido años valiosos para rescatar la red pública, para que en un acto de simple justicia, e incluso de cumplimiento simple de las leyes del mercado, se les honre la deuda por sus servicios prestados, lo que no implica que no se les exija, vigile y controle. Pero Colombia no se puede dar el lujo de continuar debilitando la primera línea de atención en salud: la oferta pública.