Hospitales públicos en la peor crisis de su historia

L as cifras no mencionadas en los balances del gobierno incluyen 32 Empresas Sociales del Estado liquidadas, sin contar las que han sido entregadas a la administración de operadores privados, y que a pesar de lo cual continúan en crisis, como el Hospital Clarence Lynd Newball Memorial de San Andrés, o el de Santa Rosa de Osos en Antioquia que ha pasado por varias administraciones.

Las últimas cifras señaladas por Juan Carlos Giraldo director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas muestran una deuda con corte a diciembre de 2017 que supera los 8.5 billones de pesos, muy similar a la reportada por los prestadores públicos a marzo de 2018 de 8.2 billones, lo que da un total registrado de 16.7 billones, y que podría alcanzar los 20 billones si se tiene en consideración un análisis de cuentas reciprocas.

La situación, compleja de por sí, puede resultar más preocupante en el caso de los hospitales públicos en la medida que estos han visto además de aumentar su cartera de manera sistemática, disminuciones y cambios ostensibles en su productividad que reflejan perdida en la capacidad resolutiva con consecuencias peligrosas para la salud de millones de colombianos en tanto que son estas instituciones quienes asumen mayoritariamente la atención en los municipios más alejados, pobres, además de ser también quienes más atienden el primer nivel de complejidad. Para Olga Lucia Zuluaga, directora ejecutiva de ACESI, el gobierno saliente de Juan Manuel Santos entrega la red pública hospitalaria en la más grave crisis de su historia.

Si bien el sistema de salud colombiano desde la Ley 100 se maneja bajo criterios de mercado y competencia, la doctora Zuluaga hace énfasis en que para cualquier gobierno en el mundo descuidar a las instituciones públicas de salud, que atienden a la mayoría de la población, es una vergüenza y tras ocho años su dictamen es contundente: “deja postrado al sector y casi aniquilado”.

Frente a la cartera, principal dolor de cabeza, esta se triplicó en pocos años. En 2010 al inicio de la administración Santos las deudas alcanzaban los $3,4 billones, cifra ya preocupante, pero que para la doctora Zuluaga se habría podido controlar con medidas de vigilancia, control y mano fuerte para los deudores. Dos años después, en 2012 se había llegado a los 4 billones; en 2015 ya era de 5,9 billones; en 2016 ascendía a los 7,2 billones; y para marzo de 2018 la cifra está en los 8,2 billones de pesos. “El gobierno no tomó acciones claras y concretas para que las EPS pagaran sus deudas, lo que condujo a las ESE a tener graves problemas de liquidez y afectaciones en sus estados financieros”.

Esta falta de acciones para presionar el pago de deudas por atenciones prestadas tuvo en el gobierno Santos una gran paradoja señalada por Olga Lucia Zuluaga y fue la aprobación en la ley 1438 de 2011, de un artículo, el 80, que creó la clasificación de las ESE según parámetros de riesgo fiscal y financieros, ignorando para Zuluaga que “los estados financieros y contables de los hospitales públicos no dependen exclusivamente de una gestión con austeridad, transparencia y buen manejo de los recursos, sino de un problema estructural del sector provocado por la falta de vigilancia a las EPS. Si un hospital no tiene las herramientas legales para obligar a que le paguen sus deudas, apoyado por el propio estado, es imposible que la ecuación matemática financiera funcione”.

Precisamente la herramienta que mide dicho riesgo fiscal y financiero muestra que a 2018, de 910 empresas sociales reportadas a nivel nacional, 570 o sea un 62,6% se encuentran en un riesgo medio o alto; el 20% de ellas adelantan planes de recuperación con la Supersalud, lo que impide acceder a recursos para salir de su crisis financiera. “Al estar en alto riesgo fiscal y financiero se debe entrar a un programa de saneamiento bajo unas condiciones que hacen casi imposible de salir ya que se tienen que incrementar ingresos, bajar gastos y aumentar recaudo, con unas EPS cada vez más deudoras, y que como gabela se les dieron diez años para recuperarse financieramente, mientras los hospitales estatales solamente tienen un año para modificar su categoría de riesgo, o pueden ser intervenidos o liquidados”.

Según la doctora Zuluaga, medir a los hospitales públicos por su capacidad financiera y sus consecuentes programas de saneamiento ante el Ministerio de Hacienda, ha llevado a sacrificar la rentabilidad social, y con un resultado más agravante que señala el doctor Luis Alberto Martínez, presidente de ACESI, una disminución de los servicios, entre ellos de los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad dejando a los pacientes como los principales afectados.

El reporte que cada mes envían al Ministerio de Salud los hospitales públicos sobre su producción, y almacenado en la plataforma SIHO, permite observar en detalle la disminución de la productividad de las ESE, o en otros casos tendencias sobre el tipo de atenciones que se aumentan debido a las condiciones de crisis, como el incremento en las consultas por urgencias con especialistas.

La sumatoria de problemas de la prestación publica en salud es grande, no se pueden olvidar los casos de Saludcoop, Caprecom, Cafesalud, que salieron del sistema y dejaron carteras aún sin resolver; EPS Condor, Humana Vivir, Selva Salud, también se deben agregar al listado de las generadoras de grandes carteras.

Ante la llegada del gobierno de Iván Duque las solicitudes son muy explicitas por parte del gremio de prestadores públicos: construir una política pública del sector hospitalario, fortalecer la baja complejidad, lo que disminuye costos en los niveles altos para el SGSSS, y reconocer a las ESE en su papel de contacto inicial con los ciudadanos que más lo necesitan. La realidad es que la mayoría de hospitales públicos se encuentran en los territorios más lejanos y abandonados del país, cumpliendo un papel de representantes del Estado, pero además en la diferencia entre la salud y la enfermedad, de ahí que se pida también una inversión estatal para la el mejoramiento de equipos e infraestructura.