MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 8    NO 100  ENERO DEL AÑO 2007    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co






 

 

Se busca:
una forma distinta
de ver la discapacidad
Olga Lucia Muñoz López - Periodista elpulso@elhospital.org.co
Por un defecto congénito, por una enfermedad, por un accidente, por una lesión externa o auto-inflingida, por desnutrición, por un desastre natural, por reacción a un medicamento, por un tratamiento médico o clínico inadecuado, por la senilidad que deja el paso del tiempo, por una o mil causas más, tanto Usted como yo o cualquier persona cercana o no, en cualquier lugar de la tierra, somos susceptibles de convertirnos en personas en situación de discapacidad. La fragilidad inherente a nuestra condición humana, nos convierte en seres absolutamente susceptibles a una discapacidad física, sensorial, intelectual.
Pero por desconocimiento, por temor, por simple desinterés o por la negativa a asumir esa susceptibilidad como un fantasma presente en la vida de todo ser humano, las personas en situación de discapacidad y la discapacidad misma, se convierten para la sociedad en motivo y objeto de discriminación negativa o positiva (negativa en casos de vergüenza, caridad u ocultamiento positiva en casos de mayor oferta de oportunidades en virtud de la discapacidad). Ante la existencia del riesgo omnipresente y de los afectados, cada sociedad los asume de forma determinada; la tendencia en el mundo, es abordar la problemática de la discapacidad desde el concepto de igualdad de derechos y oportunidades (equiparación de normas uniformes), para no caer en una u otra discriminación, y con miras a lograr un mundo más inclusivo y participativo para todos, no para unos u otros grupos particulares por una u otra condición.
Atención en Colombia
En Colombia, la atención a la discapacidad siempre se había hecho desde instancias particulares de beneficencia y ONG, algo desde los seguros públicos y privados de salud, y existían algunas disposiciones oficiales; luego de la Constitución del 91 que prohíbe la discriminación por discapacidad y ordena la protección a poblaciones vulnerables, en la última década del siglo XX empieza a establecerse normatividad a favor de la atención a la discapacidad, como la Ley 100/93, la Ley 361/97 sobre mecanismos de integración social y el Manual de calificación de invalidez. Hacia 1997, la Consejería Presidencial para la Política Social asume un encargo especial hacia poblaciones vulnerables, y de ahí surge el interés de apoyar la construcción desde el gobierno, de la Política Pública para la Discapacidad. Luego de un proceso de movilización social orientado por la Consejería (transformada en 2003 en Consejería Presidencial de Programas Especiales) y el apoyo de la Red de Solidaridad Social, se coordina la estructuración de la Política y del Plan de Intervención en Discapacidad entre 1999 y 2003. Se construyeron escenarios de planificación-gestión como Grupo focal del Comité Consultivo Nacional, Comité Técnico Nacional en Discapacidad y Grupos de Enlace Sectorial GES, Redes Territoriales de Apoyo a la Discapacidad y Comités Técnicos Departamentales para la intervención, conformadas por entidades de gobierno, organizaciones de y para la discapacidad y sociedad civil. El propósito era “agendar” la dimensión “discapacidad” en las políticas, planes y programas sectoriales de las entidades de gobierno, buscando consensos y sistematizando el proceso en términos de antecedentes históricos, principios orientadores, objetivos, contexto en el Plan Nacional de Desarrollo, elementos básicos del marco conceptual, diagnóstico de la situación, componentes y líneas de acción estratégicas, Plan Indicativo, y diseño institucional y soportes para operar la política desde lo nacional y territorial. Se construyen así las “Bases para la formulación de una política publica en discapacidad para 2003-2006”.
El propósito fundamental fue articular acciones sectoriales e intersectoriales orientadas al respeto y promoción de los derechos humanos de personas con discapacidad mediante estrategias de Promoción y Prevención, Equiparación de Oportunidades y Atención Integral a esta población, según las Normas Uniformes de Naciones Unidas sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad (de diciembre/93). En 1995 se expidió el Conpes 2761: “Política de Prevención y Atención a la Discapacidad”, y bajo el contexto conceptual y normativo de 1998, el gobierno formuló el “Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad 1999-2002”; luego el Conpes Social 80/04, determina la “Política Pública Nacional de Discapacidad”, que promueve la concertación de un Plan de Acción 2004-2007.
Desde el Ministerio de la Protección Social se asume el manejo de la discapacidad desde los enfoques del Manejo Social del Riesgo (MSR) y Sistema de Protección Social (SPS), partiendo de considerar la condición de discapacidad y al riesgo de padecerla, como el conjunto de condiciones ambientales, físicas, biológicas, culturales, económicas y sociales, que pueden afectar el desempeño de una actividad individual, familiar o social en algún momento del ciclo vital. La discapacidad no necesariamente es una desventaja: es la situación que la rodea y la falta de oportunidades para superar el problema lo que genera tal condición. La reducción de la discapacidad y del riesgo de padecerla, superan la acción sectorial y territorial, por lo que deben generarse estrategias transversales que involucren los diferentes ámbitos y sectores en su prevención, mitigación y superación. En la medida que el tema de discapacidad sea transversal (que exija una intervención integral frente al individuo y a su entorno para su efectiva integración y participación), es precisa la articulación de actores y entidades que integran el Estado (a nivel nacional, departamental y municipal), como desde los distintos sectores: salud, educación, empleo, cultura, transporte, etc.; desde la sociedad civil: instituciones prestadoras de servicios IPS-, lideres comunitarios, empresarios, gremios, y en general la ciudadanía.
Desde la Dirección de Promoción Social del Ministerio, la tarea está orientada a la articulación de acciones dentro del Plan Nacional de Intervención de la Discapacidad 2005-2007, mediante: fortalecimiento de los grupos GES; nominación al Consejo Consultivo Nacional de Personas con Limitación; revisión de estándares mínimos de calidad para IPS que atienden esta población, revisión del Registro Nacional de Discapacidad del Dane y cruce con bases de datos del Ministerio para detectar el acceso a servicios de salud; identificación con datos del Censo 2005 de la población en discapacidad por tipología y grado (2'640.000 personas presentan alguna limitación permanente, lo que equivale a 6.4% de población colombiana); censo con el Dane en 155 municipios, con la expectativa llegar a 300 más en 2007 y a todo el país en 2008; revisión de actividades de rehabilitación que deberían incluirse en el Plan Obligatorio de Salud -POS-; estrategia de RBC -Rehabilitación Basada en la Comunidad-; Mapa de Prevención de Riesgos para mediados de 2007; Estudio de oferta y demanda de prótesis y ortesis para conocer productores y calidad; inclusión del componente “discapacidad en programas como Protección al adulto mayor y la Red de protección social contra la extrema pobreza; adiestramiento de instancias involucradas en el lenguaje CIF (Clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad) de la OMS; y promoción de eliminación de barreras culturales y sociales hacia la discapacidad. La expectativa es cerrar 2007 con un avance importante en todos los frentes (Comité Consultivo Nacional presentará evaluación en 2007).
En el ámbito internacional, en especial desde los organismos del Sistema de lNaciones Unidas (OIT, OMS,OEA), se promulgaron textos (declaraciones, convenios, planes, recomendaciones) que contienen planteamientos en relación con los derechos de personas con discapacidad, señalan deberes de los Estados y de la sociedad para con ellos, y trazan líneas de acción para prevenir la discapacidad, brindar atención y generar condiciones de integración social y de superación de cualquier forma de discriminación. Colombia acogió y ratificó la mayoría, el último de ellos de la OEA a través de la Ley 762/02: Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999). Y para conmemorar el Día Nacional de la Discapacidad (3 de diciembre), el vicepresidente Francisco Santos anunció que Colombia ratificaría la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de la ONU: “Para que el papel que juegue Colombia en la Convención sea impecable tenemos que, desde ya, empezar a pensar en los mecanismos de su implementación; y en esto el gobierno, el Estado, los medios, universidades y organismos sociales debemos trabajar todos juntos”.
 
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