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“Antes que una problemática jurídica,
existe una problemática de falta de voluntad política
y administrativa para pagar. No era necesaria siquiera la
emergencia social para que el flujo de recursos en el sistema
de salud sea efectivo, porque con algunas medidas administrativas
podrían solucionarse las trabas”, afirmó
Jaime Gañán, profesor de la Universidad de Antioquia.
Recordó que la Sentencia T-760 de 2008 ordenó
al Ministerio de la Protección Social y al administrador
del Fosyga que adoptaran medidas ágiles para el proceso
del recobro y el flujo de recursos hacia los demás
actores, de manera que se les pague de forma oportuna y eficiente;
también ordenó adelantar todos los trámites
de recobro atrasados y los que estuvieran en curso, y crear
una programación específica con un cronograma
y metas específicas para el cumplimiento de esos pagos,
indicando los responsables.
Y explicó que antes de la Sentencia T-760 ya existían
normas sobre el procedimiento para el recobro de medicamentos
y procedimientos No-POS: “Eso fue ratificado por el Auto
239 de 2008, que reiteró a manera de seguimiento y
de aclaración, las responsabilidades del Fosyga y cómo
debía cumplir con todos los pagos en forma oportuna”.
“Jinetear la plata”
El profesor cuestionó que no se entiende por
qué en el sistema de salud se busca sacar rendimientos
al dinero mientras se mantiene retenido y se demoran los pagos:
“El problema es claro, porque los actores se deben entre
ellos, es 'jinetear' la plata. Eso merece una reforma estructural,
pero participativa, casi conciliada, porque están de
por medio intereses individuales. Los actores podrían
cruzar cuentas de cobro de parte y parte. Voluntad política
y administrativa, sería un pacto por pronto pago y
recobros justos”.
Advirtió que es muy grave que el Fosyga como depositario
de los bienes de la salud dilate los pagos a que está
obligado por ley, porque eso puede reventar a todo el sistema
de salud. Y agregó que otro problema del Fosyga es
tener unos socios del sector privado, que sólo buscan
que la plata “rinda”, y por eso la retiene y no
hace pagos o los dilata.
Reforma estructural, vigilancia y
control, y demandar pagos
Gañán señaló que mediante
decretos ordinarios se podrían reglamentar normas que
agilicen el flujo de recursos o con una reforma estructural
del Legislativo de la operación del Fosyga y de todo
el sistema de salud, que cree mecanismos eficientes para el
flujo.
También reiteró que falta mucha vigilancia y
control, porque aún existiendo suficientes normas e
incluso las órdenes de la Sentencia T-760/08, el problema
sigue sin resolverse, sin que Supersalud y otros entes de
control intervengan para obligar al Fosyga a cumplir los pagos
oportunos a todos los actores. El doctor Gañán
explicó que los actores del sistema deben actuar: “Si
la sentencia dio unas órdenes, yo como actor afectado
puedo interponer un incidente de desacato o un informe de
incumplimiento de esas órdenes específicas,
que son órdenes judiciales, no recomendaciones, y por
tanto son de estricto cumplimiento. Yo como gremio le mostraría
a la Corte que ese punto no se ha cumplido y que se prevé
que se va a dilatar más, para que ésta haga
cumplir la sentencia”.
Indicó que otra acción legal podría ser
una demanda pública ante el Ministerio o la fiducia
del Fosyga, “porque se busca proteger recursos con negaciones
de servicios, barreras de acceso, atraso de pagos a entes
territoriales. Y mientras eso llega a la Corte, que el Fosyga
libere y pague a las entidades que les debe”. Puso como
ejemplo una entidad que adelantó una acción
pública y no prosperó: “Como abogado, hay
discusión, yo como entidad demando al Ministerio y
al Fosyga, mediante demanda ordinaria para recobrar”.
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