En Antioquia surge la posibilidad de una opción salvadora para el manejo del régimen subsidiado en Colombia, al darse los primeros pasos hacia la constitución de una EPS mixta que enderece el errático camino seguido hasta ahora, con el plan de beneficios para las personas más pobres del país. Antioquia ofrece su capacidad empresarial, su abundante logística para la prestación de servicios de salud y su bagaje administrativo.
Son muchos los escollos por sortear en materia jurídica, política, administrativa, logística y financiera, pero todos ellos superables, si todos los estamentos que concurren se revisten de la voluntad política que exigen las decisiones que afectan el bienestar colectivo. En caso de prosperar esta EPS mixta, Antioquia aportaría a Colombia un modelo piloto para recomponer la administración del régimen subsidiado (“una experiencia demostrativa”, como dijo a EL PULSO la ministra Beatriz Londoño), y además vería el renacimiento de su embolatado liderazgo social.
Es entonces necesario que cada actor asuma sus responsabilidades con entereza. Hay que proveer un entorno sano para la EPS mixta que surge, y lo primero que salta a la vista es un clima enrarecido por la cuantiosa cartera que soportan hospitales públicos y privados de Medellín y Antioquia, buena parte en cabeza de las EPS-S. Estas empresas siempre argumentan que sus deudas con las IPS en Colombia se deben a que los entes territoriales tampoco les pagan a ellas. Habría que examinar y cotejar las cifras nacionales para ver quién debe más.
Gestarsalud informa que los entes territoriales en Colombia deben a las EPS-S $350.000 millones, y en Antioquia les adeudan $19.425 millones; por lo menos en este caso, no es válida la excusa de las EPS subsidiadas. Veamos por qué. Según cifras de Aesa, a la red hospitalaria pública y privada de este departamento se le debe $1.2 BILLONES; de este monto, $500.000 millones es la cartera de los hospitales públicos y de esos $500.000 millones, hay $250.000 millones como deuda en cabeza de las EPS del subsidiado. Entonces, por lo menos en Antioquia, no es válida aquella excusa de que “debemos porque a nosotros nos deben”, porque los $19.425 millones (cantidad que no es toda de cartera morosa, pues incluye la que está en rotación normal, contratos no liquidados) que le deben los municipios y el Departamento a las EPS-S, es cifra poco significativa en comparación con los $250.000 millones que ellas adeudan a los prestadores, que amenaza la estabilidad financiera de nuestras IPS, y lo que es más grave: amenaza la vida de miles de enfermos que acuden a los hospitales.
Con estas cifras es fácil entender por qué casi todas las EPS del subsidiado en Antioquia están bajo medida cautelar o intervenidas. Aún estando los entes territoriales de Antioquia a paz y salvo con las aseguradoras, las deudas de éstas con las IPS superaría $230.000 millones. También es fácil entender por qué cuando se propuso un cruce de cuentas entre las EPS y sus acreedores, fueron las aseguradoras las primeras en oponerse…
Feliz el día en que unos y otros puedan rezar una nueva versión del Padrenuestro que diga: “Paguemos nuestras deudas así como a nosotros nos pagan nuestros deudores”.