Por esto, y pese a que aprovechar por sus forjadores una posicionada profesión o institución con todo e imagen de marca (marca país, corporativa, colegial, etc.) mediante la estrategia del valor compartido (2) es relativamente inercial, sí que amerita de gran esfuerzo para salvaguardarla. Máxime que la principal amenaza institucional hoy no es tanto la competencia, ya que el buen nombre a esas alturas marca un atributo diferenciante a sus copartícipes. Y tampoco es la mengua de usuarios o clientes, ya que cuando se alcanzó tan buen posicionamiento estos son cautivos y perciben la imagen de marca como un estilo de vida, grata experiencia y/o sentido de pertenencia.
Principal amenaza para las empresas: la corrupción
La principal amenaza, sobre todo en empresas de servicios o en las dirigidas por líderes incapaces de movilizar a sus copartícipes a gestionar retos de impacto, es, además de la indolencia y falta de compromiso dentro de la institución, la corrupción (externa o interna) de unos pocos.
Corrupción generalmente llevada a cabo por quienes, a más de codiciosos y perspicaces, saben que sus empleos (3) y desempeño no dependen tanto de sus propios atributos, como de su astucia para valerse y lucrarse de los demás. Tal corrupción se consolida proporcionalmente a la des-institucionalización fundacional normativa, desde donde manipulan a su antojo el conocimiento, trabajo y erario comunitario así como las dependencias y marca corporativa, impidiendo el desarrollo organizacional y haciendo que el interés monopolista y particular prime sobre el general.
Extrapolando lo anterior, se deduce que lo primero que debe hacerse para gestionar una posicionada corporación y su imagen de marca para el bien de sus forjadores es: no dejárselas expoliar. Por eso lo más importante es desenmascarar a los usurpadores y conocer cómo confabulan para actuar en consonancia y mancomunadamente, y mantener siempre en alto la consigna de que la dignidad humana responde fundamentalmente a no dejarse alienar ni aprovechar unilateralmente de otros (4).
Recordar que estos defraudadores (individual o grupalmente) ávidos del bien ajeno, parten por lo general acumulando un mayor capital monetario, accionario o intelectual, para ir contando con el poder que dicho capital otorga y así sustraer la mayor tajada de los botines burocráticos y económicos. Al mismo tiempo se involucran o asocian con otros (directivos o no) con iguales intereses, para apiñar fuerzas de votación y poder arrasar en comicios, plenarias o asambleas; pese, incluso, a que muchos de esos otros saquen mejores tajadas (entre compinches no se pisan… se prorratean lo usurpado).
Seguidamente, ya jueces y parte, afianzados en cómplice reciprocidad en el poder y gozando por ello de cierta inmunidad a las contravenciones que su aleve gestión conlleva, montan una campaña de persuasión para dar a entender que por el hecho de asistir con un mayor costo, actitud o devoción y, dado de pronto el caso, corrido riesgos al principio y avalado sus servicios, merecen a más de subvenciones y remuneraciones excesivas, cargos para repartir y los derechos a subcontratar y a la marca corporativa.
Para tal, entre otros y mediante diferentes medios, recurren a publicidad engañosa o a certificaciones (ilegítimas o no), que utilizan además para que no se sepa que el alto posicionamiento institucional alcanzado ha sido principalmente debido al cualificado y comprometido esfuerzo de sus forjadores y al buen equipamiento y erario corporativo (erario público en el caso gubernamental). Y a sabiendas de que, mucho más que la certificación, lo que imprime hoy el atributo diferenciante y la sostenibilidad institucional a largo plazo, es saber gestionar copartícipemente retos impactantes (5).
Toda esa artimaña, además de amparada por lacayos y por cambios de nombre (6), o estatutos y concertaciones leoninas suscritas y ratificadas por ellos y para sí mismos, la efectúan mediante una estrategia a cuentagotas que comprende: conocer a sus víctimas más que éstas a sí mismas; propiciar el beneplácito ilusorio de éstas apelando a emociones, sofismas, dádivas y festejos distractores; recurrir al descrédito de los denunciantes; y hacer sobredimensionar y empeñar indebidamente la infraestructura corporativa, así como distorsionar resultados y consecuencias.
Luego, para amortiguar los déficits y el barullo así generados, y finiquitar con broche de oro, estos desleales y corruptos individuos asisten la entrega o transferencia de las instituciones a otras gobernanzas (monopolios, fondos de capital de riesgo, multinacionales, países, etc.). Gobernanzas que también utilizarán para paliar sus propias contravenciones(7), y, dado el caso de no amortiguación de déficits, las secuelas por venir (al mismo tiempo que las facultan para que puedan entrar en libre connivencia con ellos).
Consolidada la anterior estratagema, lo que deviene para estos embarulladores es, a esas alturas, similar al aprovechamiento solidario de una posicionada marca por sus forjadores; es decir, expedita. Así, usurpar la imagen de marca o ADN corporativo (el mayor activo de una institución), ya les es tan asequible como el haberse aprovechado, entre otras, de la mano de obra y del conocimiento de los forjadores y copartícipes de los costos de mercadeo, equipamiento, administración e impuestos que han costeado tanto para acceder a usuarios y captar e intercambiar recursos, como para desarrollar institucionalidad.
Dichos oportunistas viven pues, como cepas virales a expensas del ADN de los hospederos. Y más aún cuando han originado un ambiente tóxico generador de hormonas de estrés en todos los implicados, incluido ellos mismos, y por tanto han llevado a una mayor vulnerabilidad (diferente de las instituciones saludables, cuya carga compartida de deberes y valores y de hormonas de felicidad crean un clima favorable y productivo hasta para el entorno).
Por ello, para que cualquier institución con una consolidada marca o ADN corporativo siga adelante y beneficie a todas sus partes, y acorde al esfuerzo de cada una y sin detrimento del buen capital político direccional, es fundamental deber y derecho: participar en toda decisión en que la institucionalidad esté comprometida, así como desenmascarar y tratar a los corruptos y abusadores de poder como tales. Y más aún cuando la voracidad de éstos va dirigida en última instancia al entorno, que constituye el ambiente donde actuamos y sobrevivimos, y donde aspiramos que lo sigan haciendo las generaciones por venir.
Asimismo y como tratamiento complementario que no debe pasarse por alto en bien de la institucionalidad, la marca y de todos sus co-asociados, es en la dignidad humana (aquella que no puede perderse en ninguna persona e instancia) donde también está facultada la oportunidad y el derecho de rehabilitación hasta para los mismos corruptos (8), con todo y lacayos. Y recordar que para evitar las patologías del poder se debe además practicar, entre otras, las siguientes reglas de Buen Gobierno: limitar el período de las directivas, contratar auditores capacitados y sin conflictos de intereses, reforzar los comités administrativos con personas competentes e independientes, y propender por su diversidad y Educación Administrativa Continua.
Notas:
1. Institución (lo instituido o fundado: nación, corporación, colegio profesional, gremio, empresa, equipo, etc.): Concepto identificado con la búsqueda de intereses particulares pero cuya consecuencia es un bien común. La institucionalidad es mayor en cuanto menos distorsiones haya en sus regulaciones. En el ámbito científico (colegios profesionales), su principal finalidad es velar y defender el prestigio de los colegiados y de la profesión. En el ámbito socioeconómico es regida por normas que equilibran intereses de organizaciones, gobernantes, ciudadanos, administradores, acreedores, accionistas, empleados y el entorno.
2. Valor y Esfuerzo compartido que combina el lucro con el bienestar social y ambiental. Y no sólo porque sea lo más rentable y ético, sino porque de ello depende la sostenibilidad empresarial (Porter).
3. Jefes gubernamentales, ministeriales y empresariales, directivos, asesores y grupos de negocios intra e interinstitucionales (particulares, dependencias, contratistas, gestores, laboratoristas, anestesiólogos, etc.)
4. Tan inalienable es la dignidad humana que nadie puede ser esclavizado, ni siquiera por voluntad propia o por contrato. Ninguna persona o grupo debe beneficiarse aprovechándose unilateralmente de otros (Kaizen o MCCT empresarial).
5. Lo que caracteriza a un verdadero líder, cuya voluntad obedece a planteamientos más integradores y éticos. En el caso de gobernaciones corresponde a un estadista que es quien, además de crear estatidad o capacidad de internalizar identidad colectiva (entre otras, apoyándose en imágenes de marca generadoras de pertenencia), hace del Estado un instrumento al servicio de la Nación.
6. Así tenemos en Colombia el cambio de nombre de Empresa Promotora de Salud por Gestora de Servicios de Salud.
7. Abuso, fraude, despojo, cohecho, tráfico de influencias, contratación encubierta, nepotismo, administración desleal, felonía, soborno, insider-trading, culpa in vigilando, etc.
8. El desafío de cualquier directiva se resume en saber aumentar y manejar su poder simultáneamente con el de la institución, y a la vez conseguir que ese poder no corrompa y sea proactivo corporativamente sin que su bienestar riña con el de los demás.