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| Caprecom, la más grande
EPS del régimen subsidiado con 2.8 millones afiliados
en casi 700 municipios del país, sería liquidada
a fines de este año. Así lo ratificó en
Medellín el 25 de septiembre el ministro de Salud, Alejandro
Gaviria, quién explicó que dados sus problemas
financieros la mejor opción era la liquidación,
que debía “hacerse con método”: debe
definirse cómo se pagarán las deudas de la EPS
con los hospitales públicos calculadas en $1.3 billones,
para lo cual se necesita un proyecto de ley y dos decretos mediante
los cuales el Estado pueda asumir las deudas; además,
debe resolverse cómo se distribuirán los afiliados
en las demás EPS subsidiadas y algunas del régimen
contributivo, y diseñar una estrategia laboral para resolver
la situación de los empleados. |
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El 22 de septiembre
en las Comisiones Económicas del Congreso de la República
el ministro declaró inviable el rescate de Caprecom con
una capitalización que costaría $1 billón,
por lo que no había alternativa distinta a hacer una
liquidación ordenada, en la que las deudas deberían
cubrirse con cargo al presupuesto nacional.
Congreso pidió la liquidación
La situación de Caprecom fue objeto de dos debates
de control político en el Congreso; en la Comisión
Séptima de la Cámara de Representantes el 2 de
septiembre, el Centro Democrático planteó la pésima
situación financiera de la entidad al deber $1,3 billones
a hospitales públicos y tener pasivos equivalentes al
173% de los activos. Se recordó que en 2014 se encontraron
101 hallazgos en Caprecom, de los cuales 3 tienen presunto alcance
fiscal, 40 posible alcance disciplinario y dos posible incidencia
penal. Varios representantes señalaron casos de corrupción
endilgados a la EPS. Y el ministro Gaviria recalcó que
sin autorización del Ministerio de Hacienda, la EPS no
se puede liquidar.
Y en la Comisión Primera del Senado el 9 de septiembre
se insistió en la necesidad de liquidar a Caprecom, ante
la crítica situación financiera, operacional,
contable y presupuestal que la hacen inviable y afecta su capacidad
de garantizar a sus afiliados la prestación de servicios.
El co-presidente del Partido Liberal, Horacio Serpa, mostró
los pésimos indicadores de solvencia económica
revelados en evaluaciones de la Contraloría General de
la República, Supersalud, Ministerio de Salud y empresas
privadas de auditoría; además, porque no cumple
su objetivo de ser la EPS de los más pobres del país
y las cifras por desatención son preocupantes. Y recalcó
que los indicadores financieros son tan críticos, que
afectan a una porción muy importante de hospitales y
clínicas: según datos oficiales, las cuentas por
pagar a la red hospitalaria pública y privada serían
$2,3 billones, que al sumarle deudas a laboratorios y servicios
afines ascienden a $2.4 billones. De no pagarse pronto estas
deudas, ponen en riesgo de quiebra a más de uno de sus
acreedores, por lo que se advierte que la crisis de Caprecom
afecta de manera importante la sostenibilidad de todo el sistema
de salud.
Con un patrimonio negativo de $991.500 millones, un margen de
solvencia en rojo superior a $1 billón y resultados operativos
anuales con pérdidas de $200.000 millones, constituye
desde lo financiero y lo normativo, una entidad insolvente.
El ministro Gaviria afirmó que la Ley de Presupuesto
General de 2016 deberá contemplar mecanismos para asumir
al menos parte de las acreencias de Caprecom por tratarse de
una EPS estatal y la Nación no podrá lavarse las
manos diciendo que esas deudas son un problema de los hospitales
públicos y privados que contrataron con Caprecom.
Desde hace dos años y de forma voluntaria, la EPS entró
en un esquema de recuperación administrativo y financiero,
que no dio los resultados esperados. El pasado 26 de agosto
Supersalud le impuso a Caprecom una medida de vigilancia especial
por 7 meses. |
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