Urge un pacto por la salud

Hacer altos en el camino con el fin de reflexionar, suele ser más productivo que continuar deambulando por sendas sinuosas, por más que estemos convencidos que son las correctas. No es extraño que cuando durante mucho tiempo insistimos en hacer lo mismo, terminemos convencidos de que esa es la única forma de hacer las cosas, y es probable que así sea, pero si las metas esperadas se vuelven difusas y borrosas, es mejor detenerse, analizar, pensar, tomar correctivos, y emprender la ruta que ofrezca a la luz de la evidencia las mejores posibilidades de éxito.

El sistema de salud colombiano viene padeciendo una crisis innegable que definitivamente tiene múltiples causas, y por lo tanto superarla no depende de la expedición de un decreto, ni de la consecución de recursos frescos que pueden difuminarse ya sea por falta de vigilancia y control, o porque simplemente sean insuficientes ante los cambios epidemiológicos o la presión tecnológica. Salir de la crisis es una necesidad urgente que debe convertirse en tarea del estado para el beneficio de la nación, y como a la nación la conformamos todos, es entonces una tarea que nos debe involucrar a todos.

Sin embargo la amplitud de los convocados no significa conceder todas las solicitudes, ni beneficiar algunos actores por sobre otros haciendo valer mecanismos de presión, o sacrificar principios o derechos constitucionales, o simplemente asumir actitudes autocráticas impulsadas por el convencimiento en modelos específicos de gestión. A lo que estamos llamados es a promover un gran pacto por fuera de los intereses particulares para construir el mejor sistema de salud posible en el marco de las necesidades y características del pueblo colombiano.

Un primer pilar de un pacto por la salud en el país debe ser la creación de confianza entre todos los actores. En la actualidad los prestadores dudan de los aseguradores, estos a su vez no creen en la veracidad de lo facturado, los entes territoriales se sienten sin capacidad de gestionar, la academia no es escuchada, el gobierno descalifica la mayoría de las críticas y los pacientes y usuarios cuestionan a todos los anteriores.

Esta desconfianza no es gratuita, se ha gestado durante los ya 24 años de expedición de la ley 100, y tras los varios intentos legislativos por corregir lo que se ha considerado en cada momento la principal falencia del sistema, sin embargo y a pesar de que pudieran haber existido buenas intenciones, los resultados no se han alcanzado en la misma proporción que han crecido las necesidades de la población, y es precisamente por eso que hay que hacer un alto para analizar, sin temores, cada componente del sistema. ¿Es el modelo de aseguramiento comercial el adecuado para un país donde el desempleo y el subempleo son las condiciones de la mayoría de la población? ¿Dónde quedó la prevención y promoción como estrategia para gestionar y disminuir el riesgo en salud y por ende contener los costos? ¿Tiene el país las condiciones suficientes para dejar la planeación de la oferta en manos del mercado, o debe financiarse la prestación pública para garantizar atención en las zonas más alejadas y necesitadas?

Son muchas las preguntas y en consecuencia múltiples las respuestas, pero el primer paso es perder el miedo a la discusión, no dejar temas vedados, y apartar del centro del problema la defensa de los intereses particulares para priorizar al ser humano, al colombiano y su bienestar, como eje alrededor del cual se articulen las acciones.

Acá se puede esbozar el segundo gran pilar del pacto, conciliar intereses, tarea de no poca monta, comienza con un llamado al interior de los individuos para que su actuar se rija por valores de carácter ético deponiendo cualquier otra consideración. El llamado a la ética no es un embeleco de tiempos pasados. El país viene padeciendo en todos los sectores una crisis de enormes proporciones que se aprecia en los constantes escándalos de corrupción, y la raíz debe buscarse en lo más profundo del accionar humano. El principio equivocado de “mantener la corrupción en sus justas proporciones” es inaceptable, la honestidad no se mide por porcentajes, y se actúa bien o no se hace, y cuando se habla de la salud de las personas, privilegiar intereses que benefician a unos pocos, es un acto que además de vil, es corrupto porque atenta contra la dignidad y la esencia del ser humano y su deber ser.

Un pacto por la salud urge en nuestra sociedad porque debemos corregir rumbos, porque construir las mejores condiciones de vida debe ser un propósito mancomunado, y porque es una obligación moral y ética.