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Si se analiza toda la problemática
anterior, la ingenuidad sobre la que nos alertaba Nietzsche
no aparece como un factor predominante, sino factores reales
como la crisis económica producto de la deuda histórica
del ISS, la corrupción, la evasión y los problemas
administrativos, entre muchos otros. Pero si miramos hacia
atrás y concatenamos los hilos de la política
y la economía nacional e internacional, nos damos cuenta
que existen otros intereses que venían gestándose
de tiempo atrás y que ahora son imposibles de ocultar,
aunque se manejan con tal sutileza que parecen ajenos a la
propia realidad, aunque la golpee a diario. Como dicen los
espías: "la mejor forma de ocultar algo, es ponerlo
a la vista de todo el mundo".
El investigador Gabriel Poveda Ramos lo avizoraba desde 1993,
año en que nació la famosa Ley 100, en una serie
de artículos que publicó en El Colombiano y
en los cuales advertía de los soterrados peligros de
la moda del Neoliberalismo sobre el desarrollo de Colombia,
aunque precisó que a su juicio, éste no es "neo"
porque no es nuevo, sino del Siglo XVII; ni es liberalismo,
porque no corresponde al ideal liberal, sino a un "protoconservatismo",
con el debido respeto a los conservadores cultos. Afirma que
el primero en imponerlo en América Latina fue el dictador
Augusto Pinochet, "cuando subió en 1973 sobre
ruinas y cadáveres al poder" en Chile, y que en
Colombia, hizo su gran aparición en 1990 con el gobierno
de César Gaviria Trujillo.
Sin embargo, otros investigadores como Herman Redondo y Fernando
Guzmán aseguran en su libro, que ésta comenzó
realmente en 1984, en el gobierno de Belisario Betancur, puesto
que él suscribió un programa de monitoría
con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para afrontar una
posible crisis cambiaria. Luego, en el gobierno de Virgilio
Barco (1986), se realizó la Reforma Tributaria orientada
bajo los mismos delineamientos por el entonces ministro de
Hacienda, César Gaviria, a quien lo inspiró
el modelo impuesto por Ronald Reagan en los Estados Unidos.
Durante la presidencia de Gaviria, Colombia comenzó
a sufrir el famoso "revolcón", que hundió
al país en una profunda y creciente crisis social y
económica, una espiral que se ha devorado sus más
importantes conquistas sociales, logradas durante el ejercicio
de políticos que creían en un Estado interventor
que debía buscar el bienestar, la justicia y la equidad
en la Nación.
Poveda Ramos recuerda que en 1930, el Partido Liberal llegó
por abrumadora mayoría popular al poder y logró
una excelente reforma Constitucional, mediante la cual "consagró
la responsabilidad para el Estado de racionalizar e impulsar
la economía con justicia social. Gracias a eso, entre
1930 y 1990, Colombia realizó un proceso de crecimiento
demográfico, aumento de la producción, democratización,
avance social y progreso cultural, mucho más importante
y más de fondo de lo que hoy algunos desinformados
admiran maravillados, en los llamados tigres asiáticos.
Pero en 1990 nos cayó la roya. Ese año llegó
aquí el Neoliberalismo".
Ese neoliberalismo, dice, no tiene reparos en subastar bancos
que permitieron democratizar el crédito en Colombia,
ni en "vender los hospitales que obreros y empresarios
pagaron, a pequeños grupos, quién sabe a cuánto
precio". Y critica sin ambages, como "ministros
neoliberales envilecen el salario mínimo de los 3 ó
4 millones de jornaleros más pobres".
"Como un mico en un pesebre, desmantelan o subastan grandes
creaciones de presidentes eminentes como Olaya Herrera (la
Caja Agraria), López Pumarejo (el Idema, que lo tienen
en la mira); Santos (el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo
del Café, el Instituto de Crédito Territorial);
Ospina Pérez (el Seguro Social, el Icel- que tienen
preavisado- y el Icetex); Lleras Camargo (Caminos Vecinales,
la Flota Mercante Grancolombiana, Puertos de Colombia); Lleras
Restrepo (el seguro de vejez, el ICA, el Fondo Hospitalario,
Proexpo) y Pastrana Borrero (las corporaciones de ahorro y
vivienda). Lo que no destruyen por pruritos ideológicos,
lo venden al baratillo, y la plata no se sabe a dónde
va a parar. Los desastres y la corrupción de los monopolios
estatales no los corrigen aplicando cauterizaciones legales
y carcelazos, ni invitando al pueblo a participar en su control
pulcro y democrático, sino convirtiéndolos en
monopolios privados. Quieren así acabar con el Sena,
Telecom, ISA, el ISS, el BCH, las electrificadoras departamentales.
Cualquier aventura chilena debemos imitarla, según
ellos".
Ahora, lo cierto es que los chilenos han sufrido con creces
esos efectos: de 600 empresas que tenía el Estado ahora
tiene 30 por efectos de la privatización, sufren un
desempleo del 8% y la mayoría de la población
vive de trabajos temporales por la "flexibilidad laboral",
y para colmo, según datos de febrero de este año
del Banco Interamericano de Desarrollo BID-, la economía
está estancada, no hay consumo y la inflación
llegó a 0.1%, pues no se efectuó la reactivación
económica prevista.
Para la Cepal, es claro que después de dos décadas
de aplicación de las políticas del neoliberalismo,
aún persisten los problemas fiscales, de cobertura
en servicios a la población, dificultades para asumir
el régimen de transición, con mercados muy costosos
que han contribuido al desarrollo del mercado financiero,
pero que no han tenido un efecto directo sobre la inversión
productiva del país.
Entre esos ministros y exfuncionarios colombianos, que ahora
ven como los investigadores y estudiosos aguzados de aquella
época tenían la razón, se dan golpes
de pecho los más lúcidos. Entre ellos está
precisamente una expresidenta del ISS, Cecilia López
Montaño, quien tomó las riendas de la entidad
durante el gobierno Gaviria en 1990, y quien reconoce hoy
en un artículo que tituló "Acto de contrición",
lo siguiente: "Ante esta realidad, no le cabe a ninguno
de los dirigentes de este país de las últimas
décadas, sentirse libre de pecado. Todos los que hemos
estado involucrados en el manejo público de los últimos
30 años, hemos contribuido por ingenuidad, ignorancia,
tolerancia o maldad, a esta situación".
Y estos resultados ella misma los describe con preocupación,
cuando observa como esa década de política neoliberal
marcó un negro inicio del Siglo XXI para el país,
como bien lo describe en su página Web: "los noventa
fueron la década perdida de este país: el crecimiento
económico más bajo del siglo, 2.64%; la peor
recesión de su historia, (-4.5%) en 1999; preocupante
aumento en el número de pobres, del 53.8% pasamos al
56.3% de la población bajo la línea de pobreza;
la disparada del desempleo que llegó al 20%, cifra
no soñada en el país y la tasa más elevada
del Continente. Como si lo anterior no fuera suficiente, se
ha dado una pérdida absoluta de la gobernabilidad.
Sin duda, no todo se le puede atribuir al neoliberalismo,
pero que ayudó, ¡ayudó!" (www.cecilialopezcree.com)
Reflexiona Cecilia López Montaño: "Si algún
país siguió la receta Neo Liberal fue la Argentina,
y Domingo Cavallo, su gran protagonista, fue el economista
más consentido por el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial. Quiérase o no, después de
este derrumbe, es casi imposible seguir insistiendo en un
modelo económico que no solo no logró sus metas,
sino que acentuó los desequilibrios estructurales de
la Región y hasta del mundo".
Por eso, invita a toda esa clase política que ayudó
a gestar estas reformas, a reparar con inteligencia el daño
causado. Con razón decía Albert Einstein: "La
vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen mal,
sino por las que se sientan a ver lo que pasa."
El FMI y la salud
Con el cambio de presidente de la República, que se
elegirá este mes de mayo, la situación actual
del Seguro es incierta. En sus manos estará si continua
o no con el Acuerdo Integral y si se deja presionar o no,
por el FMI y el BM, en caso de seguir adelante con la solicitud
del crédito que por US$2.700 millones hizo el gobierno
Pastrana, bajo múltiples condiciones, entre ellas hacer
las reformas Laboral, de Transferencias y Pensional.
Según el Acuerdo Extendido de Colombia con el FMI,
vigencia 1999-2002, entre los cambios estructurales que deben
cumplirse están las reformas del "sector público
de pensiones y de seguridad social, hacer más eficiente
el sistema de descentralización fiscal y modificar
los gastos operacionales de las entidades locales".
El Gobierno se comprometió desde entonces ante el FMI,
a llevar al Congreso proyectos de ley para crear fondos de
pensiones territoriales y para hacer una reforma de segunda
generación al sistema de seguridad social, que modifique
aún más las potestades de la Ley 100 de 1993,
llevando "los esquemas especiales de pensiones más
en la línea de las provisiones de pensiones".
Y concreta su meta: "el efecto fiscal más importante
de estas reformas se sentirá cuando la transición
al nuevo régimen de seguridad social se haya completado
en el año 2010, ahorrando cerca del 0.5% del PIB de
forma permanente".
Así, muchos de los proyectos de Ley presentados por
el Gobierno ante el Congreso para dar cumplimiento a las exigencias
del FMI no se han concretado, bien por sabiduría o
negligencia en las plenarias, o porque los senadores no están
dispuestos a avalarlas. Otras, en cambio, las han frenado
la protesta de los gremios profesionales de la salud, las
asociaciones profesionales y los paros cívicos, que
han movilizado a todo el sector estatal para proteger de las
privatizaciones a los bancos públicos (Caja Agraria,
BCH, Cafetero), las empresas de energía (ISA, Isagen,
Carbocol), de telecomunicaciones (Telecom y ETB); para proteger
entidades de salud como el ISS y los hospitales como el Lorencita
Villegas de Santos y la Hortúa, y para evitar que Ecopetrol
entregara el 70% de las ganancias a las empresas extranjeras
que explotan petróleo en Colombia. Sin embargo, esta
última lucha resultó infructuosa.
El balance social son algunas batallas ganadas y otras perdidas
por la movilización popular y los debates de algunos
congresistas que incluso llegaron a negarse a debatir el presupuesto
nacional, porque contemplaban como las demandas del FMI y
el BM reducían la inversión social, con el fin
de destinar mayores recursos al pago y servicio de la deuda
externa.
Esto hizo que Colombia fuera calificada por el FMI, el BM
y el BID, como el país más reticente a las privatizaciones
de toda América Latina y el más protector de
sus tradicionales instituciones, heredades de un Estado benefactor.
Jóvenes, miopes y neoliberales
Sobre el caso de Colombia, Rafael Rodríguez Mesa, abogado
especialista en derecho del trabajo y seguridad social, afirma:
"la intención del gobierno neoliberal era que
el ISS desapareciera a corto o mediano plazo. Para materializar
este propósito acudió a dos vías: la
primera con el Proyecto de Ley 155 (hoy Ley 100 de 1993),
que sacaba al Instituto de la competencia con los Fondos Privados
de Pensiones, eliminándolo como administrador del régimen
de prima media y la segunda, con la expedición posterior
del Decreto 2148 de 1992, el cual disponía expresamente
que el ISS no iba en principio a prestar servicios de salud,
sino que debía contratarlos, disponiendo que los cargos
del personal asistencial del Instituto iban a ser suprimidos.
Este era el fundamento del plan de despidos masivos indemnizados
que contemplaba el decreto".
Esta acción se impidió mediante el accionar
de las organizaciones de trabajadores, abogados, comités,
sindicatos y amplios sectores de la sociedad, que vieron la
necesidad urgente de defender la seguridad social en el país
y especialmente el Seguro Social, patrimonio de todos los
colombianos. Entre esos sindicatos, los más estructurados
lograron no perder sus derechos adquiridos y obligaron a que
la Ley los contemplara, quedando con un régimen especial.
Este fue el caso de los maestros, los empleados de Ecopetrol,
los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional, incluyendo los civiles que trabajan para el Ministerio
de Defensa y la Policía, los miembros no remunerados
de las corporaciones públicas y los trabajadores de
empresas en concordato con régimen especial de pensiones.
Para Rodríguez, es claro que con la Ley 100 el Gobierno
buscaba concretar metas neoliberales, como la reducción
de las obligaciones sociales del Estado y su solidaridad y
responsabilidad directa en el caso de invalidez, vejez y muerte,
al igual que fortalecer el mercado financiero de capitales
privados proveniente de los aportes de los trabajadores y
desmantelar al ISS, cuando fue el mismo Gobierno quien lo
llevó a la crisis para justificar luego, con base en
esa crisis, su desaparición.
El jurista dice: "el sistemático incumplimiento
por parte del Estado Colombiano de sus aportes al sistema,
fue el factor determinante de la crónica debilidad
financiera del ISS, y por ende, del Sistema Pensional".
Se incumplió así el artículo 16 de la
Ley 90 de 1946 que creó al ISS con aportes tripartitos:
trabajadores, empresarios y Estado. Si a esto se le suma la
evasión en los pagos; el no incremento cada cinco años
de los aportes; la corrupción administrativa y el clientelismo;
el uso de las reservas del ISS como soporte para el endeudamiento
externo y el sector eléctrico, fuera de utilizarlo
para invertir en el Inscredial, el BCH, el IFI; y el desempleo
galopante mas una franja de población sumida en el
subempleo que no tiene cómo pagar la seguridad social
(todo esto último producto de la política apresurada
de apertura económica impuesta por la práctica
de la tesis neoliberal de Gaviria), sólo deja la impresión
de que el Seguro es tan fuerte patrimonio de los colombianos,
que ni aún con todas esas acciones adversas han logrado
liquidarlo.
Tal vez la resistencia de la sociedad civil organizada, es
la que ha única que ha permitido que sobreviva el Seguro,
aunque para ello se tuvieran que dar largas luchas, debates
de las asociaciones de profesionales de la salud y de la jurisprudencia,
paros sindicales y marchas. Sin embargo, el país no
se ha salvado de la moda francesa del Siglo XVII, "Laissez
faire. Laissez passer" (dejar hacer, dejar pasar) del
neoliberalismo, con toques creativos de Ronald Reagan y Margareth
Thatcher. No se ha querido ver que mientras el FMI y el BM
nos imponen condiciones para garantizar que les sean pagadas
las deudas y sus intereses, los Estados Unidos protegen su
industria, su banca y los intereses de su Nación por
sobre todas las cosas, incluso en los tiempos cruciales de
la recesión que se las avecinaba y que pareció
hundirlos por completo durante la destrucción de las
torres gemelas el 11 de septiembre de 2001. Ellos no hicieron
apertura económica, sino que protegieron su mercado
y sus instituciones.
La peste del olvido
Este es un país macondiano que sufre de la peste del
olvido y, por ende, poco se tuvo en cuenta que la década
del 90 fue fatal para las instituciones que son patrimonio
de los colombianos y que hicieron parte de una línea
política que liberal o conservadora, con todas sus
virtudes y sus defectos, luchó por establecerse dando
vida a un Estado que llevara bienestar social real a los pueblos,
creando así instituciones como el ISS y el Fondo Nacional
Hospitalario, que le prestaran un servicio en salud, pensiones
y riesgos profesionales, con el decoro y la eficiencia que
una Nación soberana amerita.
Y aunque Simón Bolívar, primer pensionado vitalicio
de Colombia mediante Decreto del 24 de julio de 1823, consideró
siempre a la burguesía criolla colombiana como la más
culta de América Latina, lo cual históricamente
le permitió a nuestro país no caer en las largas
dictaduras ni en las profundas crisis económicas que
marcaron la vida de los países hermanos del Continente
desde los años 70, el ingreso de los nuevos políticos
colombianos en el neoliberalismo, ingenuo u precipitado, a
partir de la década del 90, llevó al país
a someterse a la decadencia socioeconómica, tras sus
compromisos onerosos con el Fondo Monetario Internacional
y el Banco Mundial, cuyos préstamos van ligados a una
serie de 114 condiciones, como la privatización de
las empresas más rentables del Estado: petróleo,
hidrocarburos, energía, telecomunicaciones; la eliminación
de los subsidios; y la mercantilización de los servicios
públicos, incluidos la salud y la educación,
más el recorte para estos rubros en las transferencias
municipales, fuera de las reformas Pensional y la Laboral.
Estos Acuerdos Integrales firmados entre el ISS-Traba-jadores-Gobierno
que se presentan hoy ante la opinión pública
como salvadores y modernos, tienen atrás de sí,
las presiones impuestas al Estado colombiano por el FMI y
el BM, para conceder un crédito más solicitado
por la administración Pastrana Arango de US$2.700 millones
y que el ministro Santos se empeña en lograr su desembolso
antes de la posesión de un nuevo Presidente de la República,
puesto que éste podría echar por la borda los
pactos con el FMI y el BM. Más, cuando a la fecha tenemos
una deuda externa que se lleva el 48.3% del PIB, equivalentes
a US$39.000 millones, en un país que por afrontar la
guerra es la cuarta Nación de América Latina
en destinar recursos para su defensa, lo que hoy implica US$3.200
billones anuales de su PIB; y que para completar, asigna el
45% de su presupuesto nacional a salvar los intereses de la
banca, $2.6 billones de su PIB, en claro detrimento de la
inversión social, caso de la salud, a la cual sólo
le destinaron este año $1.7 billones.
Si estos neoliberales convencidos de su fatal redencionismo
moderno, analizaran la realidad social sin egoísmos,
ingenuidad ni presiones externas, entenderían perfectamente
porque Nietz-sche decía que "las convicciones
son enemigas más peligrosas de la verdad que la mentira"
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