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Bien sabemos que
el país tiene dificultades de gasto público
desde hace años. Y también que cada gobierno
procura su mejor esfuerzo para “salir del hueco fiscal”,
unos con más ventura que otros. Y hemos sido testigos
además, de que muchas veces las cargas se pretenden
aliviar, descargando la parte más pesada en los hombros
de los más débiles.
Tampoco es nuevo el insistente llamado del gobierno a resolver
de una vez por todas el tema de pensiones. Desde mediados
de los 90, escuchamos que es necesario desactivar la “bomba
pensional” y que las reservas del Seguro Social para
pensiones se van a acabar; con ello, se demuestra que el Estado
nunca consideró pagar la deuda de más de $40
billones contraída con el sistema pensional desde la
creación del ISS como entidad de previsión social.
También se demostró, que la voluntad política
de cada gobierno se orienta más a sostener el equilibrio
de la economía, que a buscar salidas imaginativas para
garantizar el mandato constitucional de asegurar la pensión
a los trabajadores.
El tema no es fácil, y el reto de mantener garantías
de la seguridad social, particularmente en pensiones, está
en la agenda de organismos internacionales y de casi todos
los países, debido a la importancia de estos sistemas
para las economías, sobre todo por los recursos que
manejan, pero también por problemas en gestión,
cobertura y desempeño.
Sin embargo, la urgencia de resolver el problema no debe obligar
a que una vez más, se establezca como criterio y principio
la sostenibilidad financiera, por encima de la equidad social.
No debe olvidarse que para miles de trabajadores, esa esperanza
de recibir una pensión es su única garantía
económica de supervivencia en los años donde
la fuerza empieza a disminuir y las necesidades a aumentar.
Tan solo por eso, la reducción del gasto público
no puede ser el principal argumento para reducir por vía
constitucional, la esperanza de los colombianos en las garantías
que promete una pensión, así sea mínima.
Que el gobierno apele a su máximo poder de inventiva
para encontrar el justo medio, que no solo garantice la viabilidad
financiera del sistema sino el cumplimiento de la promesa
pensional a todos los colombianos en condiciones dignas, es
la esperanza de las gentes.
Y para que esta esperanza no se convierta en desesperanza,
es necesario que no se recurra a la vía constitucional
para reducir esos derechos, y que prime el interés
colectivo sobre el particular de fondos pensionales privados
que aspiran a ser el principal grupo económico. También
debe escudriñarse la efectividad de los ajustes, pues
de qué serviría sacrificar generaciones enteras
en materia económica, si no se suplen compromisos de
los gobiernos. Pero no debe ser solo el criterio económico
el que prime al buscar salida al problema pensional, sino
los principios de equidad, solidaridad, universalidad, suficiencia,
igualdad y participación, los que preserven la pensión
como instrumento de justicia social.
Sin embargo, es ley de vida: No hay plazo que no se cumpla
ni deuda que no se pague. Y al parecer, es ley que ahora también
aplicará el gobierno para la reforma pensional: Hay
que pagarle el préstamo y hay que cumplirle al FMI
el acuerdo de hacer la reforma para contribuir a aliviar el
déficit fiscal. Hay que cumplir la promesa del Estado
Comunitario, de reducir el tamaño de sus obligaciones
con aumento de participación de los asociados en las
previsiones necesarias para garantizar su propio bienestar.
Y hay que cumplir a quienes invierten su tiempo de vida laboral
en el sistema productivo, por lo menos la pensión del
“mínimo vital”. Por eso, hoy más que
nunca es válido recordar como alguna vez se escribió
en El Pulso, que a la hora de tomar grandes decisiones en
materia pensional, las prioridades del gobierno siempre parecen
correr en este orden: “Primero la economía, segundo
la política y tercero las pensiones”. El compromiso
del Estado frente a las urgencias fiscales y los acuerdos
con la banca multilateral y grupos políticos de presión,
pesa muchísimo más que el compromiso frente
a las necesidades de cada trabajador que entrega su esfuerzo
productivo al país, con la esperanza de pensionarse
algún día.
Por último, no faltan quienes aventuran que quizá
para el gobierno y el Estado colombiano se logre más
equilibrio, financieramente hablando, con millones de adultos
mayores dependientes del Estado en calidad de subsidiados
en programas de asistencia social, ante los cuales no obliga
un derecho constitucional sino la “buena voluntad”
de cada gobierno, que millones de colombianos reclamando el
pago de la pensión que en buena ley ganaron, después
de entregar su esfuerzo vital y laboral a la vida económica
del país.
Los trabajadores tienen que cumplir su compromiso laboral
con la economía y el Estado, pero ni la economía
ni el Estado parecen querer cumplir con los trabajadores su
responsabilidad social, y antes por el contrario, cada vez
tratan de reducirla más y más, dejándola
al garete del esfuerzo individual en un ambiente de economía
de mercado sin el más mínimo sentido de justicia
social. |
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