MEDELLÍN,   COLOMBIA,   SURAMÉRICA    AÑO 5    NO 62   NOVIEMBRE DEL AÑO 2003    ISSN 0124-4388      elpulso@elhospital.org.co

Fundado en Medellín, el 30 de julio de 1998. Director: Julio Ernesto Toro Restrepo. Comite Editorial: Augusto Escobar Mesa, Juan Guillermo Maya Salinas, Javier Ignacio Muñoz. Editora: Albaluz Arroyave Zuluaga. Dirección Comercial: Diana Cecilia Arbeláez.

Feliz cumpleaños Ley 100
o una década de incertidumbre

Cuando se pide que se evalúe lo sucedido en los diez años que tiene el sistema de seguridad social, hablando específicamente en salud, inmediatamente se echa mano de los indicadores económicos. Esta acción de por sí revela que nuestro sistema tiene un fondo y tiene una visión económica. Los indicadores de carácter no económicos existen y su evaluación no es una tarea imposible. Ellos contienen elementos que dan información muy interesante de las verdaderas y propias condiciones de la salud de nuestras gentes.
La operación de los servicios de salud, en el contexto de lo que se ha denominado pluralismo estructurado, refiriéndose a la aparición y a la acción de la competencia, en este caso en el medio asistencial, es un cambio muy grande que introdujo la Ley 100 de 1993. Pero no es el único, aunque si uno de los factores que más presionó a otros, en el ejercicio de la medicina. Producto de esa competencia manejada, son las exigencias de protocolos médicos de atención y el seguimiento estricto de ellos; las limitaciones en la formulación de determinados medicamentos e incluso la no formulación de otros; los bajos salarios a los médicos, la subcontratación de ellos y la aparición del trabajo ocasional en la profesión medica; la oferta de coberturas adicionales al plan obligatorio de salud; y en otros campos, el aumento en las cotizaciones, o sea un encarecimiento en los costos de los planes con contraprestación en la cobertura familiar; un mayor porcentaje de participación de los costos de salud en el Producto Interno Bruto -PIB-; la intermediación con el consecuente retardo en la velocidad del flujo de dinero del sistema, entre otros elementos que no se tasan pero que cuentan en el resultado final.
No obstante lo anterior, lo más inconveniente que trajo el actual sistema de seguridad social es el endurecimiento del corazón de todo el personal de salud, incluidos los médicos, las enfermeras, los administradores, y en una palabra, de todos. En miles de momentos y en cientos de campos, esa actitud es abiertamente antipática, discriminadora y odiosa para muchos enfermos. El cambio en el personal de salud está evidenciado en todas las entidades y en todas las circunstancias de la vida ordinaria de ellas. Ha sido manifestado por colegas y por pacientes, por familiares de los enfermos y por observadores del quehacer institucional. Ese cambio ha sido infortunado y hasta fatal para el ejercicio de la buena medicina y para el impacto de ella en las posibilidades de recuperación del paciente.
Esa búsqueda incesante de la manera de controlar los costos, cambió el modo de mirar el enfermo y a la enfermedad, y el modo de hacer las cosas de toda la gente de la salud, y para ellos, por fuerza de las circunstancias, todos los pacientes se volvieron idénticos y sujetos de ser forzadamente acomodados entre protocolos y estándares. Este es el mojón que señala el punto cero para el inicio del fin de la individualidad del ser humano y de la pérdida de su intimidad.
Por esta misma vía, y establecida de manera implícita una supuesta igualdad de resultados en todos los pacientes y partiendo de una condición que se establece como típica para todos ellos, se lastimó seriamente su libertad y la de los profesionales, pero, de manera triunfalista perece leerse entre líneas que sí, que se tocó la libertad pero que prevaleció la igualdad, como si este precio fuese poco, sabiendo que la igualdad, hablando de pacientes, simplemente no existe.
En estas condiciones el médico quedó señalado inocentemente como final responsable de los resultados económicos de la empresa intermediaria a la cual sirve.
Pero todo no paró allí. Como consecuencia de la competencia por los recursos por parte de los profesionales, de las clínicas y de los hospitales, se desató un efecto discriminatorio en contra de los pacientes de escasa condición económica, no cubiertos por diferentes circunstancias, por el sistema de seguridad social que lo prometió todo en este sentido, si se le daba un plazo que venció en el año 2000.
En realidad las cosas están así planteadas, en parte porque no se ha resistido con entereza, con coraje y con persistencia el embate de la acción envolvente de la economía en la salud, del discurso que la apoya, de la moda, de la innovación, de las fuerzas del mercado, de la publicidad, de la competencia, de los monopolios, de las privatizaciones, de lo financiero, de la intermediación, de la oferta, de los clientes que siempre tienen la razón, del precio, del tecnicismo, y en fin, de las mil y una herramientas de las que se ha valido el hombre para extraer del hombre, dinero y sólo dinero.
Después de diez años de recorrido de la Ley 100, hay que hacer una evaluación de ella desde la perspectiva de los pacientes, como prioridad de todo propósito de cualquier sistema de salud, de la gente de la salud, de las instituciones y del país como un todo. El gobierno, los defensores a ultranza del sistema actual de seguridad social y quienes sólo lo evalúan con indicadores económicos tienen la palabra, y estamos seguros de que con honradez y seriedad, tienen mucho tema para hablar y muchas cosas que corregir del producto de esta década de incertidumbre.
 




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