Las estadísticas
del Observatorio de Minas Antipersonal de la Vicepresidencia,
reportan que de enero a septiembre de 2005 han habido en Colombia
446 heridos y 166 muertos por efecto de minas antipersonales,
y que entre las víctimas se encuentran un total de 49
niños y niñas. Los datos que posee este observatorio
desde 1990, muestran que el 11% del total de las víctimas
por estos artefactos son menores de edad. Se ha estimado que
cuando los niños son afectados, el 76% resultan heridos
y el 24% fallecen. En el país, una cuarta parte de las
víctimas son civiles y el 95% de los eventos ocurren
en el área rural.
Las heridas que producen las minas antipersonal constituyen
las más complejas y dramáticas de todas las heridas
de guerra, y con frecuencia comprometen varios miembros y órganos
a la vez, produciendo dolores físicos, heridas psicológicas
y emocionales, y secuelas intensas.
La situación es compleja desde el momento del accidente,
teniendo que viajar las víctimas durante varios días
hasta los centros hospitalarios adecuados para lograr atención
médica definitiva. La gran mayoría de las víctimas
deben ser sometidas a tratamientos muy costosos, múltiples
intervenciones quirúrgicas y muchos deben someterse a
amputaciones. Las víctimas deben recibir terapias de
rehabilitación física y psicológica, encontrándose
frente a los obstáculos generados por las distancias
entres los centros adecuados para la prestación de estos
servicios y sus hogares.
Los efectos principales de un niño víctima de
una mina antipersonal son, entre otros, el cambio abrupto de
su relación con el cuerpo, de su rutina diaria, de su
sexualidad, sus sueños y su futuro. Pero el impacto no
sólo se produce a nivel individual o familiar, sino también
colectivo: la comunidad se sume en el terror y pierde la confianza
en recorrer los campos, sus zonas de sustento, las rutas de
paso y sus lugares de recreo. Otro efecto del fenómeno
corresponde a la deserción escolar, por temor a recorrer
los caminos hacia la escuela.
Colombia firmó y ratificó la Convención
de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre
su des-trucción, y dispone de varios instrumentos jurídicos
que permiten manejar una política integral de respuesta
al problema. Para marzo de 2006 debe haberse destruido toda
la existencia de minas antipersonal almacenadas y para marzo
de 2011 deberá haberse limpiado todo el territorio colombiano
afectado por minas y municiones sin explotar.
Los retos actuales son lograr el cese total del empleo, producción
y almacenamiento de estas armas, que el tema sea parte de las
negociaciones de paz, garantizar la continuidad de la atención
a las víctimas de las minas, incluyendo rehabilitación
física y psicológica, y el fortalecimiento y la
sostenibilidad de los programas existentes, y muy especialmente,
de los que velan por la atención integral a las víctimas
que son menores de edad.
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