El pastorcito mentiroso Jose Yesid Carrillo Cantillo - Periodista - elpulso@elhospital.org.co Las metas gubernamentales en materia de atención y protección social de los colombianos más desfavorecidos son deseables, y con la inversión y la voluntad política necesaria, alcanzables. Sin embargo, y sin duda debido a los incumplimientos en las metas de la pasada administración, el gobierno corre el riesgo de que le pase lo que al pastorcito mentiroso de la fábula, y ahora que pregona este cuatrienio como el de mayor gasto social y se lanzan programas de protección a los más vulnerables, son muchos los que no le creen, o por lo menos, dudan. “El derecho a la salud de la población de escasos recursos no puede reducirse a su inclusión en el régimen subsidiado. También implica avances en calidad de servicios prestados, ampliación del POS-S e integralidad en la atención… No existe un programa que genere nuevas fuentes de empleo para la población vulnerable; no se identifica el trabajo como una forma de superar la situación de vulnerabilidad... El gobierno no tiene una voluntad política real orientada a satisfacer las necesidades de los pobres del país, en salud y empleo”. Margarita Zea, abogada e investigadora de ILSA Tal es el caso del senador Habib Merheg, quien ha señalado: “La reciente publicación del documento Conpes 102 por la cual se da luz verde a la creación de la Red de Protección Social contra la Pobreza Extrema, definió la hoja de ruta en materia de política social de la administración Uribe II. El documento tiene algunos elementos importantes y en términos generales apunta a la dirección correcta, que consiste fundamentalmente en fortalecer el gasto social focalizado (a la familia), especialmente a través del exitoso programa Familias en Acción. Sin embargo, en otros aspectos de la ‘multidimensionalidad’ de la pobreza extrema, como acertadamente lo define el documento, el enfoque de política se queda corto, especialmente en cuanto a bancarización, sistemas de información y encuestas de pobreza”. El parlamentario agrega: “Luces y sombras se avizoran en la propuesta de política social del gobierno. Ojalá con el paso de las semanas se aclaren las dudas y se comprometan los recursos necesarios para edificar una verdadera política social. Un país que deshonrosamente tiene uno de los peores indicadores de desigualdad del planeta, con una deuda social enorme, no puede darse el lujo de seguir dilatado las medidas necesarias para acabar con el flagelo de la pobreza, combustible indiscutible de la larga y dolorosa saga de violencia que ha padecido el país en los últimos 40 años”. Por su parte Margarita Zea, abogada investigadora del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), manifiesta a propósito de la meta de la cobertura universal en salud: “El derecho a la salud de la población de escasos recursos no puede ser reducida a la inclusión de ésta en el régimen subsidiado. También implica avances en la calidad de los servicios prestados, la cobertura en el tipo de tratamientos médicos facilitados (ampliación del POS-S) y la integralidad en la atención. Bajo ningún criterio, la calidad de los servicios de salud, puede ser sacrificada por la necesidad de una mayor cobertura de la población y viceversa”. Señala además que “al parecer, no existe un programa que atienda la necesidad de generación de nuevas fuentes de empleo para la población vulnerable. El Ministerio de la Protección Social no presenta avances en éste sentido, y no se identifica el trabajo como una forma de superar la situación de vulnerabilidad de la población de escasos recursos”. Y concluye: “En definitiva, es evidente que el gobierno nacional no tiene una voluntad política real orientada a la satisfacción de las necesidades de los pobres del país, en el campo de la salud y el empleo. Los resultados siguen siendo insuficientes y las propuestas para una adecuada intervención en los problemas sociales por parte del Estado, brillan aún por su ausencia”. “Colombia es un país con una legislación recomendable y con un marco de políticas muy amplio en desplazamiento interno. Sin embargo hay discrepancias claras entre lo que dice la ley y lo que se hace. Lamento que los esfuerzos muchas veces se queden muy cortos para mejorar la situación de la mayoría de los desplazados, que con frecuencia se convierten en los más pobres de los pobres”. Walter Kalin, Representante del Secretario General de ONU para los Derechos de los Desplazados Respecto de las propuestas institucionales para atender de manera efectiva y en los términos establecidos por la ley al fenómeno del desplazamiento, el Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Derechos de los Desplazados, el señor Walter Kalin, concluyó en su última visita al país el 14 de junio pasado, que el Estado colombiano ha logrado avances normativos importantes, entre ellos la incorporación de los principios rectores de las Naciones Unidas al ordenamiento jurídico interno; pero pese a ello, señaló: “Colombia es un país con una legislación recomendable y con un marco de políticas muy amplio en materia de desplazamiento interno. Sin embargo hay discrepancias claras entre lo que dice la ley y lo que se hace. Lamento que los esfuerzos muchas veces se queden muy cortos para mejorar la situación de la mayoría de los desplazados, que con frecuencia se convierten en los más pobres de los pobres”. Las metas del gobierno en materia de protección y seguridad social están siendo expuestas. De seguro quedarán plasmadas en el nuevo plan de desarrollo 2006-2010 que pronto deberá presentarse a consideración del Congreso para su discusión y aprobación, tras lo cual deberá comenzar a regir el año próximo. El tiempo dirá si las metas volverán a quedarse solo en el papel, o si por el contrario llegarán por fin a su cabal cumplimiento, para beneficio de millones de colombianos desprotegidos.   Más información... 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