2019: ¿el año de las soluciones?

Después de cuatro meses de posesionarse el gobierno del presidente Iván Duque, y de los halagüeños anuncios realizados por el ministro de salud y protección social Juan Pablo Uribe Restrepo, los colombianos esperamos que los empalmes hayan terminado, que la planeación esté lista, y que 2019 comience con acciones eficaces y casi que urgentes para darle soluciones de fondo a los problemas de la salud en el país.

Es comprensible que los primeros meses de una administración pública esté rodeada de pausas, una especie de calma chicha necesaria para ponerse al día con las dinámicas propias del acto de gobernar, pero hay que tener cuidado porque dicha calma no debe preceder a la tormenta, y la planeación se supone que viene marchando incluso desde antes de la posesión con la elaboración de los planes de gobierno, de ahí que los hechos acaecidos al cierre de 2018 sean la alerta para que el ministerio ponga a rodar sus proyectos.

El arresto del gerente de Savia Salud EPS, Juan David Arteaga, por incumplimiento de algunas tutelas, pone sobre la mesa una gran contradicción del sistema. Si bien la medida se pudo dar dentro del ordenamiento jurídico, y este a su vez está construido para garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud de los ciudadanos, también es cierto que bajo un modelo sanitario basado en el mercado otras reglas entran en juego como la disponibilidad de recursos financieros para para cubrir las necesidades de las personas.

Hay que reconocer frente al tema del financiamiento que las acciones tomadas por el gobierno pocos días antes de terminar el año han dado un respiro a muchas instituciones, el giro por compra de cartera por alrededor de 80 mil millones de pesos dentro del llamado “plan de choque en salud” que benefició a 88 IPS pública y privadas, es un buen síntoma, y el anuncio de más de 400 mil millones extras que se inyectarían son una esperanza de mejores aires en 2019.

Sin embargo, si algo no está garantizado en el sistema de salud colombiano es el acceso efectivo a la oferta de servicios, porque las posibilidades de atención pueden estar dadas, pero utilizarlas se encuentra mediado por autorizaciones, capacidad de pago, procesos administrativos, y un sinfín de acciones que deberían ser transparentes para los pacientes, pero que en la realidad operan como barreras de acceso. La función entonces de un gerente o administrador de una entidad de salud queda dividida entre garantizar que los afiliados reciban las atenciones necesarias, pero a la vez cuidar la sostenibilidad de la empresa que precisamente existe para eso, ¿y si no hay recursos… cómo hacerlo? La crisis de Savia Salud es solo una más entre las que afectan a la mayoría de EPS del país, y si la apuesta es seguir con esta figura se deben buscar las medidas para que cumplan su papel de velar por la salud, pero siendo viables, de lo contrario los pacientes no mejorarán porque haya muchos gerentes encarcelados, y las quiebras de las aseguradoras solo conducirán a una debacle del modelo.

El otro caso preocupante fue el anuncio del cierre de servicios de la Clínica León XIII de Medellín por parte de la IPS Universitaria. Y es que con una cartera por recaudar superior a los 392 mil millones de pesos es muy difícil funcionar. Es posible, como lo esperamos todos, que el cierre sea solo temporal, y que sirva como un llamado de atención para que se movilicen las autoridades y tomen las medidas necesarias para reabrir las puertas de una institución emblemática de Antioquia y de Colombia, pero lo sucedido debe originar discusiones que trasciendan porque no pueden seguir cerrándose hospitales sin que pase nada.