El informe de evaluación de cumplimiento de las condiciones financieras y de solvencia de las EPS en Colombia, dado a conocer por la Superintendencia Nacional de Salud correspondientes a la vigencia de 2018, resulta impactante toda vez que el sector no logra revertir la tendencia del desempeño financiero, y evidencia un grave deterioro en componentes como capital mínimo, patrimonio adecuado y obviamente en el régimen de inversiones. Estos resultados muestran un profundo desarreglo sectorial que obligaría a un inminente ajuste estructural.

Los indicadores muestran un aumento del déficit patrimonial que se ha doblado en solo 4 años, de donde se desprende una incapacidad de las aseguradoras de hacer las inversiones necesarias que garanticen el cálculo, constitución y mantenimiento del 100% de las reservas técnicas del saldo del mes anterior, no sin antes completar el cuadro financiero de deudas, recursos que no alcanzan a cubrir servicios y tecnologías no financiadas con la UPC y el gasto creciente en salud.

Este lánguido panorama financiero denota las más diversas formas de inviabilidad y reclama transformaciones de los 4 núcleos y requiere inmediatamente de infusiones de capital en combinación con eficiencias del modelo de atención que se traduzcan en fortalecimiento de las finanzas de cada aseguradora, situación compleja como quiera que en solo 4 años las capitalizaciones fueron de $2.6 billones, cifra considerable y un gran esfuerzo que se reconoce, pero que no obstante muestra limitaciones internas sin otras posibilidades más allá de fusiones, adquisiciones enajenaciones, cambios de la titularidad accionaria o una reconfiguración sectorial donde solo perdurarán las EPS de mayor músculo financiero o que logren mejoras marginales y sean adquiridas por inversionistas extranjeros o absorbidas por las de mayor capital.

Entre 2015 y 2018, el riesgo financiero para el sistema de salud en Colombia, en cuanto al indicador de permanencia (patrimonio adecuado) mostró insuficiencia especialmente para los acreedores, al incrementarse en el 73%, con una variación de $3.4 billones ($1.1 billones por año),y que coincide con el valor de desajuste, dado que en 2015 el defecto patrimonial, indicador que permite determinar la capacidad de solvencia de las EPS para cubrir sus obligaciones, pasó de $4.6 billones a $8.0 billones en 2018 en 37 aseguradoras.

Estas cifras evidencian el deterioro y descapitalización sectorial, que puede ser mayor si se tiene en cuenta en los cálculos no se incluye la EAS Ferrocarriles de Colombia, ni a Cafesalud en 2016, y para 2017 no se incluyó tampoco los $1.2 billones de Activo Intangible de Médimas, y en 2018 no se incluyó a Salud Mía, dado que llevaba 4 meses de operación. Además solo se consideran 37 aseguradoras cuando en la práctica son 46 EPS las que reportaron información al corte de diciembre 31 de 2018. Pero el dato más revelador pudiera estar cifrado en el cambio de metodología o presentación de la información, pues en los informes anteriores se mostraban las EPS superavitarias y las que no lograban los resultados, y al final el resultado neto; en esta ocasión solo se presentan los netos, por lo que las negativas puras en 2018 pudieran ser mayores que en las vigencias anteriores.

El indicador de solvencia que muestra la capacidad financiera del aseguramiento en salud, arroja saldos en rojo que se traducen en posibles ineficiencias, pero que no son siempre el resultado de una mala práctica del funcionamiento, sino a cuestiones estructurales como de insuficiencia de ingresos por una UPC deficitaria, y a la responsabilidad incremental de las asegurados que no tiene correspondencia con los ingresos asignados.

Solo en el año 2018, únicamente 6 EPS del régimen contributivo presentan un cumplimiento del régimen de inversiones (50%), por lo que en la realidad el 50% de las EPS restantes no disponen de los recursos físicos invertidos en Títulos de Deuda Pública Interna, Títulos de Renta Fija, Depósito a la Vista y de Certificados de reconocimiento de deuda por servicios y tecnologías no financiadas con cargo a los recursos de la UPC. Un comportamiento aun con menores resultados se presentó en el caso de las EPS del régimen subsidiado que de 19, tan solo 3 cumplieron con el régimen de reservas técnicas, lo mismo que de las 3 EPS en Programas de Reorganización Institucional, ninguna cumplió con este indicador.

En el caso de las tres aseguradoras con ambos regímenes, 2 de ellas cumplen y 1 no cumplió. Es decir que de 37 EPS en Colombia, en el año 2018 el 29% dispone de las inversiones suficientes que garantizan los pagos futuros a su acreedores en los términos establecidos por la Supersalud, el resto no garantiza su disponibilidad y lo que ha sido una tendencia que obliga a repensar su la exigibilidad o revisión para modificaciones, no sin antes intervenir en la estructuración de los factores que inciden para que estos resultados se puedan cumplir efectivamente y se alcancen los fines perseguidos.

En el caso del indicador de Patrimonio Adecuado, su promedio anual de crecimiento es negativo en $6 billones, incrementándose entre diciembre de 2015 a diciembre de 2016 en $547 mil millones, equivalentes a 12%. Asimismo, crece entre diciembre de 2016 a 2017 en $1.3 billones (26%), y respecto al último reporte de 2018, el crecimiento absoluto fue de $1.5 billones, de decir el 23%. Estos resultados son preocupantes por varias situaciones. En primer lugar el defecto crece en mayor proporción que la pérdida acumulada neta del sector, siendo en promedio de un $1 billón anual; en 2018 el consolidado dio cuenta de un resultado neto de las 46 aseguradoras en salud de -$1.3 billones, es decir que el indicador absorbe el 100% de la pérdida sectorial, e inclusive se hace más pronunciado, cuando el mismo comportamiento neto se presenta año tras año, y con ello se pone de manifiesto que las medidas adoptadas no resuelven la crisis sectorial, y por el contrario se desmejora más.

Un segundo elemento es que para revertir esta tendencia, los aseguradores han realizado esfuerzos que deben reconocerse en 3 vectores como quiera que entre 2015 y 2018 el monto total de las capitalizaciones suman $2.8 billones, de los cuales $2 billones corresponde a capitalizaciones en efectivo, acreencias y otras fuentes y $785 mil millones provinieron de efectos patrimoniales de recursos propios de las CCF, aumentos de reservas vía utilidades o utilidades del período en ejecución, por lo que es muy poco probable que tales valores sean superados por los inversionistas, a menos que se vislumbren nuevas adquisiciones.

En 2018 solo 9 de las 37 EPS cumplieron los indicadores financieros y de solvencia, en otras palabras, casi el 75% de las aseguradoras están inmersas en condición de insolvencia financiera o defecto patrimonial, lo que compromete el capital necesario y vital para garantizar una adecuada operación; cuatro años atrás, el 46% cumplía con los tres indicadores (17 EPS), es decir que el deterioro corresponde a una disminución de 22 puntos porcentuales, cuando lo que paradójicamente se espera es que mejoren los indicadores. Es más, solo 4 EPS (11%), logran cumplir en los 3 indicadores.

De las 37 EPS que reportaron indicadores, incluyendo aquellas que están en programas de reorganización institucional, en 2015 cumplieron 27 (73%) en capital mínimo, pero en 2018 solo fue el 51% (19 EPS); 65% de estas EPS cumplieron con el Patrimonio Adecuado en 2015, y en 2018 solo el 38% (14 EPS); en cuanto al Régimen de Inversiones 20 EPS cumplieron en 2015 lo que contrasta con lo consolidado en 2018 que fueron solo 11 EPS.

Los resultados evidencian con claridad la crisis financiera del sector, con un aumento progresivo y acelerado.