MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 259 ABRIL DEL AÑO 2020 ISNN 0124-4388
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Si la situación de los hospitales públicos era precaria, de cara a la pandemia del Covid-19 lo será mucho más.
A septiembre de 2019, última fecha para la que se tienen consolidados datos, la cartera de los hospitales públicos del país sumaba 9,4 billones de pesos, que se distribuían entre régimen subsidiado ($4,8 billones), régimen contributivo ($2,1 billones), población pobre a cargo de los departamentos ($967.430 millones), SOAT ($603.486 millones), población pobre a cargo de municipios ($32.215 millones) y otros deudores ($825.436 millones). Lo que da cuenta de la fragilidad de un sistema que hoy debe enfrentar una pandemia.
Cada departamento tiene sus dificultades propias, y aunque Risaralda no es de los que tienen la cartera más grande, con relación a los presupuestos de sus hospitales es una realidad lamentable.
Con corte al 30 de septiembre pasado, a las IPS públicas de Risaralda en total les adeudaban 190.651 millones de pesos, con el agravante de que 97.830 millones corresponden a cartera mayor a 360 días, que como coinciden los gerentes de los hospitales de ese departamento, es la más difícil de cobrar porque en su mayoría la adeudan EPS que ya fueron liquidadas.
En este caso las deudas de las EPS del régimen subsidiado son por 100.826 millones de pesos, y las del contributivo 46.260 millones. En ambos casos más del 50 % con moras mayores a los 360 días.
“La situación de la red pública hospitalaria es compleja toda vez que Cafesalud dejó una gran cartera y sumado a que las dos EPS del régimen subsidiado se encuentran en medida especial, esto genera un flujo de recursos irregular con crecimiento de cartera, lo que redunda en que las Empresas Sociales del Estado no puedan hacer inversiones ni aumentar su oferta de servicios”, explicó Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi).
En el régimen contributivo la EPS más deudora es Medimás, quien debía a las IPS públicas a septiembre 17.525 millones de pesos; le seguía Cafesalud con 16.694 millones de pesos; Coomeva con 5.995 millones de pesos; Nueva EPS con 2.835 millones de pesos; y SOS con 1.528 millones de pesos.
Por el lado del régimen subsidiado Cafesalud debe 35.309 millones de pesos; Medimás 31.839 millones; Asmet Salud 14.528 millones de pesos; Pijaos Salud 3,483 millones; y Caprecom 1.868 millones de pesos.
Y estas cifras aterrizadas a cada hospital generan un hueco profundo en los presupuestos.
“Actualmente tenemos una cartera represada grande, casi 8.000 millones en un presupuesto de 19.000 millones de pesos, nos deben la mitad de lo que necesitamos para vivir. Las EPS que fueron liquidadas nos deben mucho dinero: Cafesalud 2.600 millones de pesos, Saludcoop 500 millones de pesos, Caprecom 300 millones de pesos, todo eso es cartera de larga data y de difícil cobro. De las que están activas nos debe mucho Coomeva, la Promotora de Salud que no tiene contrato con nosotros pero como atiende a cerca de 6.000 personas en La Virginia le facturamos 50 millones”, explicó Jorge Cárdenas, gerente de la ESE Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia.
Una situación similar vive el Hospital San Vicente de Paul de Santuario, de acuerdo con su gerente Lida Zoraida Otálvaro: “El año anterior fue un año con cambios normativos y se presentó una variación finalizando el año, veníamos acostumbrados a una cartera de 360 días, en Santuario veníamos con una cartera de 1.016 millones de pesos, que en 2019 logramos dejar en 887 millones de pesos, que sigue siendo mucho si se tiene en cuenta que nuestro presupuesto anual es de apenas 3.400 millones de pesos”.
Y agregó que “Cafesalud se fue debiendo 290 millones de pesos, y Coomeva, que salió en 2017 del municipio, se fue dejando 1.000 usuarios que ya no son atendidos y debiendo 117 millones de pesos”.
Y es que aunque la cartera es de largo plazo y los gerentes no sepan siquiera de dónde saldrá el recurso para pagarles si las EPS ya no existen, ellos sí tienen que afrontar sus propias deudas: la nómina de su personal, los proveedores de insumos y medicamentos, los servicios públicos y en fin, un sin número de gastos en los que tienen que incurrir diariamente.
A Cárdenas la cooperativa que contrata a sus médicos le ha ayudado a apalancar la nómina, ya que los pagos se efectúan en 90 días, es decir, el músculo financiero de la cooperativa garantiza que los médicos reciban el salario durante tres meses así el hospital no haya desembolsado ningún recurso. “Eso es lo que nos ha ayudado a que no entremos en una mora peligrosa”.
Por su parte, en Santuario no ha sido posible invertir en modernización, y eso inquieta a Otálvaro de cara a la emergencia que vive actualmente el país: “A nosotros nos evalúan indicadores financieros pero la austeridad del gasto no permite la inversión, porque están los insumos, el recurso humano y los proveedores. Al terminar 2019 no quedé con deuda alguna, pero no pude invertir nada. Nosotros atendemos 10.000 usuarios, aunque la población del municipio es de 15.600, y tratamos de no desequilibrarnos”.
El Gobierno nacional anunció desde el año pasado que le daría un respiro a todo el sistema, pagando un billón de pesos correspondiente a cartera no POS, es decir de medicamentos y procedimientos no incluidos en el plan de beneficios, en lo que llamó el Acuerdo de Punto Final.
“Este acuerdo nos beneficia desde que efectivamente lleguen los recursos a la EPS y ellos su vez efectúen el pago a sus prestadores”, anotó Otálvaro, sin embargo, según dijo, lo que más va a servir es “la presión de aclarar las cuentas, porque muchas de ellas quedan en el aire y nunca son reconocidas”.
Al respecto, la directora de Acesi dijo que “los recursos del Acuerdo de Punto Final ayudarían mucho, no obstante el billón anunciado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es insuficiente si se tiene en cuenta que la deuda que tienen las EPS con nosotros es de 5 billones de pesos y la deuda que tiene el Adres con las EPS también supera este monto”. Es decir, aunque se giren los recursos prometidos seguirá existiendo gran parte de la deuda.
Justo ahora que llegó la pandemia del Covid-19 a Colombia, los hospitales de Risaralda requieren que se hagan los pagos para poder prepararse con más personal, con más insumos, adecuar más camas como unidades de cuidados intensivos, si se tiene en cuenta que entre el 10 y el 15 por ciento de los contagiados requerirá hospitalización y al menos el 4 % cuidados intensivos, según la Organización Mundial de la Salud.
Así las cosas, según Zuluaga, “la solución a la situación es que fluyan los recursos que nos deben las EPS, que lleguen en el corto plazo para poder afrontar la crisis y las medidas adicionales que se han generado desde el gobierno nacional para afrontar la pandemia del Covid -19”.
De acuerdo con Cárdenas, gerente del hospital de La Virginia, “esta podría ser una gran oportunidad para que el gobierno le inyecte recursos a los hospitales públicos para afrontar estos problemas. No tenemos personal para mejorar nuestros servicios de atención y los equipos extramurales que serán necesarios. Tampoco tenemos siquiera tapabocas. Ojalá el Gobierno encuentre cómo inyectar esos recursos directamente. Los hospitales públicos siempre hemos cargado con las epidemias hemos sido los que le ponemos el pecho a la brisa”.
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