Tras la alta ocupación de UCI, la falta de ventiladores, el incremento de problemáticas sociales y económicas evidenciadas de tiempo atrás en nuestro país, y que han empeorado con la pandemia, trascendió a primer plano el deterioro del tejido social y la falta de cohesión social, entre otros hechos, que tienen consecuencias a corto y largo plazo profundizando una desigualdad social que referida al sistema de salud, muestra una brecha amplia de inequidad, que al sumársele la informalidad y el desempleo como barreras de acceso a los servicios de salud básicos y especializados.

La pandemia ha dejado expuestas miles de víctimas del Covid-19, pero además, hay víctimas no visibles resultado de las fallas estructurales y las carencias económicas, entre otras razones, y las cuales no están siendo visibilizadas en el las políticas estatales tomadas en la coyuntura, y que no se encuentran focalizadas como población especifica.

Estas víctimas visibles y no visibles han entrado a jugar un papel dentro del dilema tanto ético como del fundamento de las políticas púbicas planteado entre: ¿Si proteger la vida como bien supremo y la salud, o paralizar la economía?, tema protagónico en las discusiones y en las que al abordar a las víctimas no visibles, ha visto enfrascado los análisis en el alto porcentaje de desempleo alcanzado en la coyuntura sanitaria, ya que la falta de ingresos en los hogares potencia situaciones que afectan la salud como los altos índices de maltrato intrafamiliar, y otras problemáticas no justificables como son la violación a menores por parte de familiares (más expuestos durante el aislamiento) o el incremento de enfermedades de salud mental producidas por el encierro y la disminución de los ingresos.

El tema de las víctimas no visibles en Colombia y el dilema ético que conlleva, fue abordado en el Seminario “La evaluación económica en tiempos de pandemia”, donde varios expositores evidenciaron la preocupación frente al panorama de las víctimas no visibles, destacando que esta problemática trasciende del hecho de que el crecimiento económico en Colombia, según estudio realizado por Fedesarrollo el 11 de abril de 2020, dependerá de la extensión del aislamiento preventivo y la duración de la reactivación de los sectores productivos, la cual ha producido hasta el momento una tasa de desempleo superior al 20,5%, y con un crecimiento en las personas desempleadas al 2,5%. Estrategias como la adoptada en Medellín y su área metropolitana de controlar la reactivación económica con aperturas de cuatro días y cierres durante los otros tres, agudiza la situación de miles de personas que viven en la extrema pobreza, y en términos de salud pública, conlleva a altos niveles de estrés que pueden incrementar otras patologías y agudizar comorbilidades en las personas.

Ramón Abel Castaño, Médico, Máster en Gestión y Política en Salud, y PhD en Políticas en Salud pública afirmó durante el seminario que se deben mirar ambos lados: “¿cuáles son los beneficios y los costos? El lado de cerrar la economía, ocasiona que si aplazamos el pico de la demanda, disminuimos los casos y aplanamos la curva, a su vez compramos tiempo para mejorar la repuesta del sistema de salud, estrategia que se ha implementado en Colombia. El sistema pudo ampliar su capacidad, se hicieron una cantidad de movimientos en la oferta de servicios que no hubiese sido posible hacerlos si hubiésemos soltado el virus sin ninguna restricción”.

Pero añadió: “la pregunta es ¿Cuántas vidas vamos a salvar con esas estrategias? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos soltado el virus? Entonces siempre nos vamos a quedar con la duda de lo ocurrido si tomamos una opción o la otra, en ambos escenarios no tenemos como demostrar el contrafactual. Ahora, los costos al cerrar la economía obviamente afectan la generación de pobreza, por lo tanto, surge la incógnita ¿Cuántas muertes causará la pobreza? Puede que no en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, porque este efecto sobre la mortalidad se ve reflejado en un período no tan corto”.

Es entonces que desde el sector salud se plantea que el valor de la vida es indiscutible y donde lo importantes ha sido salvar vidas. El doctor Ramón Abel Castaño plantea: “desde los pulpitos, o los líderes de las profesiones médicas, es muy común oír este discurso. Estamos de acuerdo, el valor de la vida es el bien supremo. Pero, entonces, si ese es el bien supremo y el principio básico, quiere decir que debemos contar las otras víctimas fatales en las otras opciones de política pública”.

Castaño afirma que: “Hay que tener en cuenta todas las víctimas independientemente que sean visibles o no, que sean identificables o no, pero cuando el discurso de la salud aboga que hay que proteger la vida a toda costa independientemente de que haya que bloquear la economía, pues solo habla de las víctimas identificables, las que no van a morir en cuidados intensivos conectadas a un ventilador y las que van a morir porque no hubo cómo conectarlas, la cual es una forma de contar vidas”

Y enfatizó: “pero, hay otra forma, cuando tenemos una economía paralizada, que va a generar pobreza, que va generar muertes por desnutrición, por suicidio, por depresión, y por otras causas, esas vidas también hay que contarlas. El problema es que así no sean identificables o que sus desenlaces vienen después, esto no les da menos valor como vidas”.

Por su parte, Peter Singer, profesor de bioética, con formación en filosofía, argumenta que: “en algunos países ricos se podrán dar el lujo de bloquear las economías, pero hay muchos países pobres que simplemente no tienen como proveer ese tipo de asistencia para su población pobre. Entonces, en los países pobres habría que decir, morirá gente si abrimos la economía, es decir si dejamos circular el virus sin control, pero también las consecuencias de no hacerlo son tan severas que van a generar muertes. Por cualquiera de los dos caminos vamos a tener muertes, acá enfrentamos un dilema ético, que tiene tres características: casos trágicos, inevitables e irresolubles”.

En la mayoría de los países pobres se presentan varios factores externos sociales que dificultan resolver el dilema ético. El doctor Ramón Abel Castaño expresó que: “no tenemos las herramientas cuantitativas o de modelación que nos permitan meter en el cálculo todas las externalidades sociales tan tremendas que hay. Es decir, Las víctimas visibles, o sea los que fallecen en la UCI o en los corredores, o en las casas porque no hubo cómo llevarlos a los hospitales, hacen que lleguemos a conclusiones diferentes a que, si nos paráramos en la perspectiva más amplia de las víctimas no visibles, porque el hecho de que la víctima no sea visible, no implica que no tengamos que contarlas”.

Ramón Abel al comparar las víctimas visibles con las no visibles, establece categorías estructuradas en dos teorías, las consecuencialistas (juzgan la bondad de una acción o de una política en función de sus consecuencias- el mayor bienestar agregado) y las no consecuencialistas (juzgan la bondad de una acción o de una política en función de su sujeción o principio moral máximo) en esta se expone que el ser humano no debe ser un medio para los fines de otros.

En sus palabras, explica: “uno tiende a creer que ciertas teorías están a favor de las víctimas no visibles, entonces calculamos vidas potenciales perdidas y llegamos a la conclusión que es mejor cualquiera de los dos extremos , pero también se han planteado que si la sociedad no se preocupa por las víctimas visibles entonces se pierden valores más importantes para la supervivencia como la cohesión social, el sentido de pertinencia y que el tejido social se va a debilitar, porque si el gobierno, por ejemplo dice: dejemos que mueran 5.000 personas porque esos recursos los vamos a utilizar para proteger la economía, la sociedad considera que el estado no le da prioridad a las victimas visibles”.

Por su parte, durante el Ciclo Internacional de Foros: Salud y gestión comunitaria de la pandemia, Alejandro Gaviria Uribe, ex ministro de salud, economista y rector de la Universidad de Los Andes, señala que un problema del sector salud en la pandemia está explicado en la desigualdad de los sistemas de salud. Para Gaviria: “son más o menos las mismas en diferente grado, en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, las desigualdades de acceso en Colombia, no son las mismas en las áreas urbanas que en las áreas rurales. Las distintas capacidades que se tienen en el territorio. Colombia podría ser visto como un modelo de centro- periferia, las capacidades estatales en el centro del país no son las mismas que en la periferia y esto ha afectado la forma como hemos enfrentado la pandemia y las desigualdades de fondo y forma como, por ejemplo, de los diferentes grupos socioeconómicos, y por ascendencia social, se han perjudicado las personas. Hoy sabemos que los determinantes sociales de la salud en este caso se han visto exacerbados, lo que afecta de manera distinta los grupos poblacionales”.

Para concluir Gaviria agregó que: “hay un Estado de bienestar social fragmentado, las personas con empleos formales tienen cierta protección de sus ingresos, en el sentido, por ejemplo, de cesantías, y en la cobertura de salud que continua por un tiempo”. A lo que agregó: “Colombia desde hace 20 años viene teniendo programas focalizados que protegen los ingresos de las familias más pobres, pero no de la población de la mitad, que está completamente desprotegida, los trabajadores independientes, los informales, los cuales han visto que sus ingresos han caído de una manera drástica y no han tenido una protección oportuna por parte del estado. No tenemos un ingreso mínimo garantizado”.