Los ciudadanos estamos muy confundidos. Nos dicen que tenemos, a juicio de la tecnocracia, uno de los sistemas de salud mejor diseñados para países en desarrollo, que además fue calificado como el más equitativo en el financiamiento por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. El Director de la OMS, a su paso por Cartagena en abril del 2019, consideró que Colombia es uno de los países más avanzados (un ejemplo a seguir) en su propuesta de política sanitaria “Universal Health Coverage” y además, el gobierno considera que los problemas financieros del sector fueron resueltos con la “Ley de punto final” en 2019.

Nos llegó una pandemia para la que no estábamos preparados, desde ningún punto de vista. Y el sistema de salud que tan saludable parecía, no es capaz de responder a las necesidades de la emergencia.

Sorprenden titulares que no parecen tener sentido. Que los médicos de Leticia, en plena emergencia, presentan renuncia masiva porque el único hospital está en ruinas, no hay equipos de bioseguridad y no hay ni siquiera oxígeno. Que en Valledupar, los profesionales de la salud están en huelga porque, en plena pandemia, les deben los salarios, no del último mes, no, de varios meses atrás. Que en Maicao también renunciaron por los mismos motivos.

Muchas clínicas y hospitales han tenido que despedir o dejar de renovar los contratos de algunos especialistas, porque con la epidemia, buena parte de los servicios especializados No Covid, no tienen la demanda tradicional. Muchos hospitales informan que sus finanzas están en crisis porque los pacientes, por el confinamiento, por miedo o por prudencia, no están demandando servicios, con lo que sus ingresos se han reducido.

Los gremios de los profesionales de salud levantan la voz porque son muy pocos los que tienen contrato de trabajo en las IPS. Son contratistas. Trabajadores independientes, o por cuenta propia. Contratistas que no tienen derecho a una dotación, por lo que empezamos enfrentando una enfermedad transmisible con médicos, enfermeros, auxiliares y demás trabajadores de la salud, viajando en transporte público con los mismos uniformes con los que trabajaban en los hospitales.

El gobierno debió obligar a las ARL a entregar equipos de bioseguridad a los trabajadores de la salud en la medida que la infección por Covid-19 resulta para este grupo de personas una enfermedad profesional, además de asumir el costo de las incapacidades.

Los que contribuimos mes a mes con el 12,5% de nuestros ingresos, esperábamos que en semejante emergencia, los recursos rápidamente fluyeran hacia aquellos lugares donde nos iban a atender. Que las clínicas, hospitales y centros de atención médica pudieran estar bien preparados cuando tuviéramos que ir a que nos atendieran. Por Covid-19, por diabetes, por VIH, por malaria o por un infarto. Pero especialmente por Covid-19.

Lo que parece es que el gobierno tiene claro que, en semejante emergencia de salud, el dinero debe fluir en grandes cantidades, hacia los aseguradores. Hacia las EPS. De esta manera, cuando los pacientes hayan sido atendidos por los hospitales, las clínicas y los trabajadores de la salud, los aseguradores podrán pagarles por los servicios que hayan prestado. Del mismo modo, parece que el gobierno tiene claro que si hay una situación de emergencia que está acabando con los ingresos de los ciudadanos y está amenazando la supervivencia de las empresas, lo apropiado es poner inmensas sumas de dinero en los bancos. Así, las personas y empresas podrán solicitar (y con suerte obtener) créditos para solucionar sus angustias, y después, cuando todo regrese a la normalidad, podrán pagar sus deudas. Y si no pueden, hay un fondo de garantías para que los bancos no pierdan su dinero.

Algo más. Es un hecho que la demanda por servicios de salud se ha reducido de una manera drástica. Las IPS se quejan de una merma en la facturación y el recaudo. Pero nadie ni siquiera ha sugerido que los aportes a la salud se ajusten, en respuesta a esa reducción en la utilización de servicios. Casi toda la consulta se hace ahora por teléfono o de manera virtual. Pero los pacientes siguen pagando las cuotas moderadoras y los copagos a las tarifas usuales.

En días pasados, el Superintendente de Salud llamó la atención a las EPS por la gran cantidad de quejas por demoras en hacer las pruebas y en reportar los resultados. El Alcalde de Cali demandó penalmente a las EPS por el mismo motivo. El representante de ACEMI, Gustavo Morales (ex Afidro), salió al paso manifestando que, en asuntos de salud pública como una epidemia, por ejemplo, las EPS actuaban apoyando al Ministerio de salud, pero que la salud pública no era su responsabilidad. No era su problema. Y tiene razón, la plata que contribuímos no es para eso.

Un buen amigo me preguntaba que significa eso del incentivo a las UCI. Pues bien; este es un sistema que desestimula que las IPS hagan inversiones para situaciones de emergencia. Si se les paga por servicios prestados, tener una cama disponible para que ojalá no se ocupe, es un suicidio financiero. En semejante escenario, el gobierno debió inventar un mecanismo para “pagar” a las IPS por las camas que no se ocupan.

Uno de los artículos de la resolución que fija las tarifas de las pruebas para Covid-19 señala: “las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deberán presentar a las EPS o EOC, dentro del mes siguiente a la prestación efectiva de las tecnologías en salud, las facturas y soportes que para efectos del reconocimiento defina la Adres, entidades que dispondrán de máximo quince días (15), a partir del recibo de las facturas y soportes, para la validación, revisión y radicación ante la Adres”. Casi 6 meses después de que empezara la pandemia.

Quienes trabajamos en las enfermedades transmisibles hemos sido muy críticos con el aseguramiento como base de los sistemas de salud. En las hepatitis o el VIH por ejemplo, en donde la intervención debería centrarse en la búsqueda de casos en grupos vulnerables, la experiencia es que el sistema de salud espera a los pacientes y les pone barreras, pues los incentivos rentabilizan la contención de los gastos.