Nuevos recursos en salud no se pueden dilatar

El documento Conpes 4023: “Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso para el futuro de Colombia” se constituye en un lineamiento de política pública para lograr la reactivación económica del país, y es un esfuerzo presupuestal encaminado a la inversión, inyectando recursos que dinamicen el crecimiento en todo el territorio nacional, lo mismo que del conjunto de acciones que acompañarán dichas inversiones, con lo que se busca un crecimiento sostenible e incluyente en el largo plazo.

Este anuncio del gobierno nacional para la reactivación económica es altamente esperanzador máxime que la pandemia del Covid-19 generó recesión e incertidumbres sin precedentes en las finanzas de los hogares, lo que derivó en la disminución real de los ingresos del estado en $25 billones, toda vez la disminución en la calidad del empleo. El deterioro de los ingresos de las familias fue el propulsor de la caída del crecimiento económico que venía registrado el país, en una cifra histórica de -6.8 %, y que en el sector salud afectó los indicadores financieros de gran parte de las IPS, operadores logísticos de tecnología, gestores farmacéuticos y obviamente la postergación de procedimientos y tratamientos para los pacientes, algunos de ellos sufriendo gran deterioro en su salud.

Esta nueva iniciativa oficial será adelantada con el sector privado en los próximos años y alcanza un valor total de 135 billones de pesos para cinco objetivos. El 7,2 % se destinará al sector de vivienda, el 42,4 % al sector de transporte y así impactar la productividad además de distribuir las inversiones en todas las regiones del país. El 3,9 % se destinará al sector de educación; un 26,3 % a inversiones en el sector de minas y energía; el 4,4 % para inclusión social; y el restante 15,8 % corresponde a inversiones en el sector agropecuario y deporte, entre otros. El monto total de las inversiones del plan equivale al 12,5 % del PIB actual, y se distribuyen según cada uno de los pilares a los cuales pertenezcan los proyectos priorizados.

En cuanto a lo que podría ser el horizonte de nuevos recursos para el financiamiento de la salud, en la porción directa serían $2.813 millones, a lo que se deben sumar recursos indirectos destinados a sectores que se consideran determinantes sociales de la salud, como infraestructura, movilidad, calidad del aire y disminución de las líneas de pobreza y vulnerabilidad.

Esta iniciativa se complementa con la línea crediticia otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- a Colombia por 150 millones de dólares para ser ejecutados por el Ministerio de salud y la protección social, según lo firmado en el marco de la Asamblea Anual realizada en Barranquilla, recursos nuevos con los que se esperaría mejorar la sostenibilidad del sistema de salud con un enfoque inclusivo.

Este crédito del BID es similar en valor a la operación crediticia realiza en noviembre de 2020 con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento -BIRF, y tendrá una destinación exclusiva para financiar parcialmente apropiaciones presupuestales del Ministerio de salud, en reconocimiento a resultados que se alcancen, eficiencia del gasto y mejoramiento de la calidad en la atención.

Se destaca de los recursos del empréstito, el fondeo para las IPS en el objetivo de optimizar la calidad en la prestación de servicios y mejorar la satisfacción por parte de los usuarios del sistema, y que irá en concordancia directa con la reglamentación que defina los procesos y estándares para la certificación y acreditación de las IPS, instituciones que han sido las más afectadas en sus finanzas por las restricciones ocasionadas por la pandemia, ya que sus procesos internos de producción y facturación disminuyeron su base de ingresos, aunque se incrementaron los costos directos por mayores consumos y especulación en los insumos para atenciones de pacientes Covid-19.

Y es que a pesar de los controles para evitar los aumentos de precios, en la práctica el juego de oferta y demanda los llevó a subir significativamente, lo mismo que los costos fijos que no lograron en varias instituciones ser cubiertos por los ingresos allegados en pago de la disponibilidad, ya que las infraestructuras están organizadas para su funcionamiento pleno, con lo que se incrementó la brecha ya existente.

En unos de los apartados del documento Conpes se insiste en el compromiso con la salud de los colombianos, mediante el fortalecimiento de la atención durante la emergencia sanitaria, de suerte que el país pueda contar con las capacidades suficientes para atender la pandemia y mitigar su impacto económico, destinando para ello el 0.54 % del total de recursos dirigidos a la reactivación y que estarán a cargo del sector de salud. En este sentido se reconoce que en Colombia las desigualdades en el acceso al servicio de salud y las brechas regionales en materia de equipamiento e infraestructura especializada determinan en buena parte la gestión de la emergencia sanitaria.

Dentro de las líneas de acción 3.4.: Aumentar el acceso a financiamiento por parte del sector empresarial, desde inicios de 2021 Bancóldex llevará a cabo entre otras las siguientes acciones: utilizar el compartimento de venture capital del Fondo de Fondos para que las empresas puedan acceder a recursos frescos para su capitalización, y que estarán disponibles a través de fondos de capital privados que invertirán en empresas que avanzan en su proceso de reactivación, consolidación y expansión. Crear una línea de crédito directo con la cual pequeñas y medianas empresas podrán solicitar créditos hasta por 2500 millones de pesos y hasta tres años de plazo, gozarán de una reducción de tasa de interés de hasta cinco puntos porcentuales, así como de períodos de gracia hasta de seis meses. Modificar plazos y condiciones preferenciales en créditos de redescuento a través de la línea Mipymes Competitivas para modernizar y consolidar las empresas nacionales, brindando recursos de crédito para inversiones de largo plazo.

En salud pública se destacan de este plan, intervenciones que, a partir del primer semestre de 2021, el Ministerio de salud diseñará e implementará para la promoción de modos, condiciones y hábitos saludables y prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles.

En segundo lugar, a partir del segundo semestre de 2021, el Minsalud realizará una evaluación institucional de la Comisión Intersectorial de Salud Pública que permita definir el alcance de la institucionalidad para la articulación intersectorial en salud pública; esta acción se desarrollará con el apoyo del DNP.

Por último, para el primer semestre de 2022, el Ministerio de salud implementará un sistema de seguimiento, control e inspección de incapacidades médicas, que sirva de consulta para el gobierno nacional, empleadores, pacientes e integrantes del SGSSS y que permita hacer trazabilidad del registro, seguimiento, origen y liquidación.

Para las EPS se asignarán recursos que posibilitan su habilitación y en el caso puntual de la ganancia en salud se destinarán recursos para el fomento de la detención temprana del cáncer de mama, el seguimiento de las actividades programáticas de protección y mantenimiento de la salud, entre otros.

Estos recursos buscan hacer más eficiente el gasto en salud, de modo que contribuyan en el logro de la sostenibilidad de SGGSS, manteniendo los objetivos finales alcanzados en cobertura, equidad y protección financiera. Esto será posible una vez se rediseñe la gestión del gasto por las atenciones en servicios y tecnologías no financiadas con la UPC, lo mismo que la eficiencia del gasto por las atenciones en salud a la población migrante con permiso especial de permanencia.

No obstante los anuncios, existe la incertidumbre ante una nueva reforma tributaria en la que el gobierno busca recaudaciones superiores a los $15 billones, lo que implicaría aumentos en impuestos sobre bienes y servicios que habían tenido alguna exención o base inferior, nuevos aportes y redefiniciones de bases y sujetos gravables. Estos tributos tendrían un impacto en los gastos de bolsillo de las familias, máxime si se considera que se viene de un fuerte período recesivo con pérdidas de empleos o condiciones laborales desmejoradas.