Capitalizaciones en salud: ¿Suficientes?

En la actualidad nuestro sistema de salud atraviesa por varias contingencias de sanidad y económicas, siendo esta segunda un problema agudizado, pero, existente desde hace muchos años. Los inconvenientes financieros mantienen el foco de atención de los actores de un sistema que ha declinado en la calificación de los usuarios y que ha sido manejado con una estructura administrativa y financiera que no soporta la demanda actual y las exigencias de los ciudadanos que requieren de mayor atención y un acceso a la salud solicitado como un derecho fundamental. Adicionalmente, las deficiencias financieras se han denotado al momento de cumplir las obligaciones fiscales, contractuales y administrativas que son llevadas a cabo por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).

La Superintendencia Nacional de Salud en el Informe: “Gestión-audiencia pública de rendición de cuentas” del presente año, afirmó: “al inicio de las medidas no se cuenta con información depurada y confiable, por lo que se trazan planes de depuración para lograr su razonabilidad, en la actualidad 8 de las 15 entidades bajo medida especial pasaron de tener estados financieros no razonables a estados financieros con salvedades”. Para las entidades bajo medida especial se registra un incremento del promedio mensual de la facturación en aproximadamente el 70 % respecto a la meta trazada.

Cabe destacar que con referencia a la facturación promedio de la vigencia 2020 frente a lo corrido de 2021, se registra incremento de aproximadamente el 25 %, promedio que presentó disminución en la vigencia 2020 debido a la pandemia por el COVID-19. Frente a ello, la Supersalud argumentó: “Las deudas laborales presentan disminución del 40 %; por su parte, las deudas con contratistas se redujeron en el 19 %”.

Capitalizaciones realizadas del 2019 y 2020

Hasta diciembre 31 de 2019 los indicadores evidenciaban un capital mínimo negativo de $5.3 billones, según el cálculo de las 34 EPS que reportaron información, toda vez que 15 de ellas (44.12 %), registraron resultados positivos por $3.5 billones, no obstante 19 EPS (55.88 %), por el contrario computaron resultados negativos por $5.3 billones, para un agregado general neto de -$1.8 billones. Es decir, según los requerimientos del Decreto 2702 de 2014, el sector de la salud a diciembre 31 de 2019, se encontraba descapitalizado en $5.3 billones, lo que implicó un aumento del 15,22 %, por cuanto en 2018 el guarismo negativo era de $4,6 billones.

A mediados de 2020, las 10 EPS del régimen contributivo presentaron un saldo positivo o exceso de capital mínimo por $2.5 billones, siendo las del subsidiado quienes reportaron las mayores demandas por capital, la cifra fue de $2.4 en el consolidado de las 12 EPS con saldo negativo. Para las tres EPS habilitadas para operar en los dos regímenes, el saldo neto fue negativo en $81 mil millones. Las empresas Administradoras de Planes de Beneficio, que solicitaron Planes de Reorganización Institucional -PRI- y/o Ajuste Financiero, para cinco el resultado fue negativo en -$1.7 billones.

Con cierre a diciembre del 2020 la Gobernación de Cundinamarca realizó una capitalización a la EPS CONVIDA por valor de $13.500 millones a través de un convenio de desempeño. La EPS ASMETSALUD en el mes de diciembre de 2020 capitalizó acreencias por valor de $600 millones de pesos. La EPS EMSSANAR en el 2020 capitalizó $7.000 millones, los cuales se hicieron efectivos en el corte diciembre 2020. La EPS CAPITAL SALUD en junio de 2020 capitalizó 120.000 millones y en febrero de 2021 la suma de $77.000 millones de pesos para un total en el periodo de $197.000 millones de pesos.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud autorizó a la EPS SOS una reforma estatutaria con aumento del capital autorizado a $379.000 millones, situación que le permitió aplicar los anticipos de capitalización por valor de $256.706 millones, quedando con un capital suscrito y pagado de $328.723 millones que fueron registrados contablemente al cierre de diciembre de 2020 como hechos posteriores.

En el caso de las IPS este tipo de acciones no han sido del todo satisfactorios. Muchos de ellos, han tomado como ejemplo el modelo de capitalización de Medimás, el cual catalogan como “un fracaso”.

Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora Ejecutiva de ACESI, explicó que hacer un canje de multimillonarias deudas que tiene Salud Vida con decenas de IPS, a cambio de acciones, no soluciona nada y tampoco garantiza flujo de recursos frescos, solamente aumenta el problema, porque lo único novedoso sería que en los papeles aparecerían nuevos accionistas. La capitalización no es un buen modelo en estos casos, prueba de ello fue el invento de Medimás, que hasta hora se ha demostrado ha sido un fracaso total para los usuarios y para los mismos prestadores.

Asignación y giro de los recursos del esquema de solidaridad

El artículo 3 de la Ley 1929 de 2018 hace referencia a la asignación y giro de recursos del esquema de solidaridad. En relación con las EPS en liquidación, y como resultado de las nuevas políticas del gobierno para financiar el sector salud, la implementación de la Resolución 1514 de 2020: “por la cual se fijan los lineamientos para la distribución, asignación y giro de los recursos del esquema de solidaridad”, fue posible que la ADRES asignara, a las EPS Comfacor en liquidación forzosa y Comfaboy en liquidación voluntaria, recursos para el pago a la red prestadora por $6.280 millones, con la siguiente distribución:

Recuperación Financiera del Sector

En la vigencia 2020 y con ocasión de la pandemia, las ESE bajo medida especial fueron beneficiarias de la asignación de recursos para el pago de obligaciones con el talento humano, con estos recursos se cancelaron deudas de la vigencia 2020 por valor de $25.966 millones.

Como resultado de la gestión realizada por la Supersalud ante el Ministerio de Salud y Protección Social, en las vigencias 2018, 2019 y 2020 se asignaron a través del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud – FONSAET - $103.409 millones a empresas sociales del estado bajo medida de intervención para administrar. Al 15 de junio de 2020 estos recursos se encontraban ejecutados en el 83 %, porcentaje equivalente a $85.931 millones, los cuales se destinaron al pago de las siguientes obligaciones: