MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 285 JUNIO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
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Cada año pasa a la historia con su marca particular, de ahí que la frase “este año pasará a la historia” no deja de ser un lugar común o un facilismo de redacción al abordar el análisis de un tema. Lo particular en este caso, es que 2022 para Colombia sí pasará a la historia como la primera vez que elige un presidente proveniente de la izquierda que deberá enfrentar, independiente de sus convicciones políticas, problemas de una significancia tal para el país que su gestión será fundamental para el desarrollo del siglo XXI colombiano.
La economía nacional y regional atraviesan un momento complejo debido a los efectos colaterales del COVID-19 que requieren una atención inmediata y acertada, pero que, a la vez, podrían verse, como rezan las ya manidas teorías administrativas y de superación personal, como oportunidades; un ejemplo contundente es el desempleo que en Colombia se encuentra por el once por ciento. Bajarlo a cifras de un solo digito, como se encontraba hace cuatro años (9,7 %), permitiría mejorar las condiciones de vida de miles de familias, pero también sería un síntoma de una economía que se dinamiza y reestablece, y una recuperación de los ingresos específicos del sector salud, con lo que se puede suponer un aumento en las capacidades de financiación del sector.
Lo particular acá es que la disminución del desempleo se enmarca en los principios programáticos del nuevo presidente de Colombia, con lo que es de suponer que esa disminución, de lograrse, será una tendencia de su mandato durante los siguientes años y por ende el mejoramiento general de estos componentes se observará en mayores calidades de vida de los ciudadanos.
En el caso ya puntual del sector salud, las expectativas para este cuatrienio no son menores.
El presidente electo, Gustavo Petro, fue claro durante su campaña en mostrar la intensión de reformar de manera profunda el sistema de salud colombiano, y en general el de seguridad social. Sin embargo, aún no se puede afirmar si eso implicará una derogatoria absoluta de la Ley 100, norma que contiene las bases del actual SGSSS, o si por el contrario lo que veremos son una serie de reformas que modifiquen componentes actuales del sistema, como el modelo de atención, las relaciones entre actores, la financiación, sin que se modifique la base del SGSSS.
El asunto es que el camino que tome el nuevo gobierno para plasmar su pensamiento sobre lo que debe ser el manejo de la salud en el país, debe partir de lo ya construido. Colombia se encuentra lo suficientemente madura como para no emprender aventuras que terminen en saltos al vacío. En los meses recientes gremios, sociedad civil, la academia, se han esforzado por trabajar en la elaboración de propuestas para acercarnos a un sistema de salud adecuado a las necesidades del país, y deben ser escuchadas por el nuevo gobierno para alcanzar consensos nacionales ya que la salud debe quedar por fuera de disputas ideológicas y políticas en la búsqueda de un bien mayor: el bienestar de todos los ciudadanos.
Otro componente que debe ser tenido en consideración en cualquier propuesta de reforma, entre otros de igual importancia, debe ser propender por una gran articulación del sistema. La multiplicidad de actores existentes en la actualidad dificulta la oportunidad de los procesos y complejiza tanto el accionar de las instituciones de salud como el acceso oportuno de los pacientes a sus servicios. En este caso nuevamente se confirma la frase de mientras mas sencillas son las cosas, mejor.
Dentro de esta articulación se debe tener en cuenta que los prestadores deben recuperar su papel en una coordinación entre IPS públicas y privadas. La prestación de servicios de salud en el país debe ser expedita y no se puede desconocer, y tal vez una reforma sea el lugar propicio para hacerlo, que en el país se ha construido una infraestructura robusta para la atención en salud desde el esfuerzo privado, y que hoy debe ser tenida en cuenta como fundamental para la construcción de un mejor sistema. En la medida que se reconozca la importancia de la prestación publico-privada, y se articulen bajo unos mismos objetivos y condiciones de funcionamiento, se alcanzará también la meta de trabajar todos con un mismo norte.
Finalmente, y no por ello menos importante que otros elementos que debe considerar el entrante gobierno, es solucionar de manera definitiva la crisis financiera del sistema, empezando por el saneamiento de una cartera que no ha dado muestras de solucionarse. La liquidación de las EPS que mostraron ser incapaces para cumplir a cabalidad sus obligaciones ha sido una medida que ha terminado por agravar la crisis de los prestadores en la medida que al tomarse sin la existencia de herramientas que garantizan el pago de las acreencias, termina siendo eficaz solo parcialmente. Es cierto que los usuarios al ser trasladados se encuentran con una mayor garantía para sus atenciones, pero las IPS tanto públicas como privadas quedan al garete en cuanto a su derecho a recuperar los recursos adeudados por las EPS liquidadas, y esa no debería ser la solución del problema.
El país se encuentra a la expectativa, y en los meses siguientes todos los colombianos seremos veedores de lo que suceda, ojalá para el mejoramiento de las condiciones del sistema de salud.
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