MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 285 JUNIO DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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Solo el año pasado, meses antes de que el mecanismo de la tutela cumpliera 30 años, en Colombia se interpusieron 92.499 de estos recursos con los que se pedía el amparo del derecho a la salud.
De acuerdo con datos del informe anual sobre la tutela en Colombia que prepara la Defensoría del Pueblo y que será publicado en próximas semanas, el departamento que más se ve afectado es Arauca, con 71,2 tutelas por cada 10 000 habitantes, 101 % más que las interpuestas en 2020; le sigue Caldas con una relación de 58,4; Norte de Santander con 44,7, Quindío con 31,08 y Amazonas con 30,8.
“Al revisar los recursos judiciales interpuestos por la vulneración al derecho fundamental a la salud encontramos que los ciudadanos en las zonas de frontera -receptoras de alto flujo de migrantes y desplazados por cuenta de las acciones de grupos armados ilegales, deben acudir cada vez más a la tutela para lograr la garantía de este derecho”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en un foro en el que se celebraron las primeras tres décadas de este mecanismo judicial.
“En el estudio también concluimos que las EPS que han sido liquidadas fueron contra las que más tutelas se presentaron. Resaltamos cómo, al cierre de la vigencia pasada, la liquidada Medimás tuvo 42,70 acciones de tutela por cada 10 mil afiliados; seguida de la también liquidada Coomeva con 40,23; Savia Salud con 23; Servicio Occidental de Salud –SOS con 24,04, y Ecoopsos con 22,61, lo que nos muestra que el ranking de EPS más tuteladas constituye un indicador de calidad y un llamado para que los prestadores protejan y garanticen el derecho sin dilación alguna”, dijo el defensor del Pueblo.
“Uno de los hechos por los que más acciones de tutela se presentan es por la falta de oportunidad en las citas con especialistas”, recalcó Camargo.
De la misma forma, el defensor del Pueblo resaltó que la acción de tutela cambió el paradigma de la protección de los derechos en Colombia, ya que ha permitido que los derechos fundamentales pasaran de ser meros enunciados formales, a convertirse en exigencias reales, inmediatas y garantizadas.
“La administración de justicia pasa a ser el escenario en donde los actores más olvidados de la sociedad colombiana tienen la posibilidad real de acudir a un juez para resolver sus problemas, muchas veces causados por el incumplimiento de las obligaciones del Estado, e incluso de los particulares”, puntualizó el defensor del Pueblo.
De hecho, según una nueva encuesta realizada por All.Can Colombia, coalición multisectorial que busca contribuir a las políticas públicas en materia de cáncer, para acceder a una atención integral en Colombia, los pacientes deben superar un sinfín de barreras; situación en la que se encuentran actualmente alrededor de 275.000 personas en el país.
“Existe una alta percepción de ineficiencia en todas las etapas de la atención médica por parte de los pacientes. Más de la mitad de los encuestados han experimentado negaciones injustificadas durante los procesos de diagnóstico y tratamiento. Esto se suma a las demoras por procesos de trámites administrativos para obtener los medicamentos, teniendo que recurrir a mecanismos como la tutela. En Colombia, donde la salud es un derecho, nadie debería tener que llegar a estas instancias legales”, explica la doctora Virginia Abello, presidente de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología.
Augusto Galán, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, explicó en diálogo con El Pulso, que “la tutela en general es un avance muy grande en esta sociedad desde la Constitución del 91, pues ya está muy reconocida y validada para la protección de los derechos fundamentales de las personas y de los ciudadanos, no solamente la tenemos que reconocer, sino que nos tenemos sentir orgullosos de que exista en el país”.
Según su relato, no es cierto, como muchas personas creen, que el derecho a la salud sea el más tutelado en el país, pues en primer lugar está el derecho de petición. Aunque la salud, por su relevancia en la vida de las personas, ha tenido un peso importante: “Se tiene una idea de que el sistema de salud colombiano no funciona si no es con tutela y eso no es cierto”.
Bajo esa lógica, un promedio inferior a las 100.000 tutelas al año, para un sistema de salud que tiene entre 700 y 800 millones de servicios al año, es bastante poco.
Sin embargo, de acuerdo con Galán, “es injusto que personas que tienen derecho, como cualquier ciudadano sobre todo lo que está incluido en el Plan de Beneficios, tengan barreras de acceso y que la única manera para superar esas barreras sea a través de una tutela cuando el sistema debería operar de manera fluida para que eso no se diera y para que todos tuviéramos la posibilidad de un acceso oportuno y de calidad”.
No obstante, desde la Superintendencia Nacional de Salud denuncian que las tutelas a los prestadores de salud están yendo demasiado lejos y que los jueces y magistrados están permitiendo esa extralimitación.
“Hay unas decisiones que son vergonzosas. Un juez no le puede entregar a un ciudadano 80 pañales diarios, los pañitos, yogur de sabor, bebidas de aloe, adecuaciones en la casa, pagar arriendo, la delfinoterapia, equinoterapia”, expresó el superintendente Fabio Aristizábal en el mismo foro en el que estuvo el defensor.
Aparte de los fallos que piden bienes y servicios extravagantes, el funcionario también reprochó que usen la acción de tutela para frenar o revertir decisiones que toma la Supersalud para proteger a los usuarios de estos servicios.
“Hemos vivido un drama precisamente por proteger la vida y la salud de los colombianos. Eso desdibuja la finalidad última de la tutela. Y lo han logrado con muy pocos jueces del país, muy pocos magistrados. Pero ¿qué puede haber detrás de un magistrado que frena la protección de la vida de más de un millón de colombianos que están en una EPS, padeciendo la inclemencia de no tener red prestadora, de no tener servicios, de no pagarle oportunamente a los médicos?”, cuestionó.
Según el superintendente, los fallos “son ordenados por unos pocos jueces que están poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema”. Con todo, le parece necesario capacitar a los jueces y magistrados en el funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de modo que dejen de ocurrir estas decisiones desproporcionadas, fuera de lugar o riesgosas para la sostenibilidad del sistema.
Para Aristizábal, también sería útil que los jueces de tutela usen como referencia las sentencias de la Superintendencia Nacional de Salud, que se emiten con el único fin de garantizar el derecho fundamental de la salud y el buen funcionamiento del sistema actual.
Galán, por su parte, aseguró que a lo largo de estos 30 años se han presentado etapas en las cuales ha habido un concierto de abogados dedicados a estimular la tutela sin ser necesaria, al igual que algunas personerías, de algunos profesionales de salud y de laboratorios de la industria farmacéutica, “todo el que promueva la tutela sin necesidad debería ser sancionado por obstaculizar al sistema judicial”, aunque aclaró que con el tiempo esas prácticas han ido disminuyendo.
“Yo creo que también el sistema ha ido evolucionando cada vez más y digamos el acceso cada vez más oportuno, la misma ampliación del plan de beneficios, la equiparación del plan de beneficios en el Régimen Contributivo en el Régimen Subsidiado, todo eso ha ido ayudando para que se reduzcan las tutelas”, concluyó Galán.
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