MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 290 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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En 100 días del gobierno de Gustavo Petro son varias las transformaciones que se han anunciado y que ya están andando: la reforma tributaria que busca 22 billones de pesos; el acuerdo con los ganaderos para adquirir tierras productivas y entregarlas a los campesinos; la iniciativa de Paz Total que incluye negociaciones con los grupos armados y el sometimiento de las bandas criminales y la reforma a la Policía, pero brillan por su ausencia las ejecuciones en materia de salud. Las personas del sector coinciden en que se habla de muchas ideas y propuestas, pero es poco lo que se ha concretado.
La ministra de Salud, Carolina Corcho, ha anunciado que en el próximo año se tramitará una ley que reformará el sistema de salud y, según ha trascendido, esta cambiará el papel las EPS. Al Ejecutivo no le gusta que la salud sea tratada como un negocio, y prefiere el concepto de derecho, por lo que los intermediarios que se lucran del aseguramiento le parecen insostenibles.
“Realizar una reforma a la salud 30 años después de la Ley 100 es una iniciativa heroica, porque es cambiar un modelo en el que siempre hemos estado: en la mercantilización de los servicios de salud, convirtiéndolos en una transacción financiera y comercial”, dijo Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa). Por eso celebró que este gobierno quiera avanzar en la reforma, lo que no ve muy claro es el cómo.
Según su análisis, hay muchos intereses de por medio: “Las EPS no se van a dejar quitar tan fácil la gallinita de los huevos de oro. El 92 % de la plata que entra a las EPS corresponde al aseguramiento y el Ministerio de Salud se las quiere quitar, el problema no está en el 8 % que ganan por administración, sino por esa cantidad de recursos tan impresionante que dejarían de manejar”.
Esto porque, como lo entiende Sánchez, el Gobierno asumiría la atención de los pacientes, las inversiones necesarias para garantizar la prestación, las nóminas de los trabajadores de los hospitales, en fin, el Estado cumpliría hoy con las responsabilidades que están a cargo de las EPS y eliminaría la intermediación.
En ese sentido, Augusto Galán Sarmiento, director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, insistió en que hasta ahora no se conoce bien de qué se tratará la reforma ni qué tanta participación y diálogo habrá en torno a su formulación.
“Es importante que esta reforma reconozca los avances del sistema, que tiene muchas cosas buenas, de modo que no se pierdan sus logros y no retrocedamos”, anotó Galán.
Sin embargo, nada de esto se sabe a ciencia cierta. Hoy no existe un documento que muestre de manera certera hasta dónde llegaría la reforma y lo último que se ha sabido es que la cartera de Salud invitará a la sociedad civil a que haga sus propuestas y, con base en ellas, elaborará el articulado que sería radicado en el Congreso en el primer semestre de 2023.
Las fuentes consultadas por El Pulso confirman que lo mejor que ha hecho este Ministerio en sus primeros 100 días es facilitar la utilización de los recursos invertidos que respaldan las reservas técnicas de las EPS, con el fin de disminuir sus carteras con los prestadores y proveedores de servicios y tecnologías en salud.
La medida, que favorece a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), da alcance a lo dispuesto por el Decreto 995 de 2022, que conmina a presentar un plan de pagos a aquellas EPS cuyas deudas sean superiores a seis meses y concentren más del 15 % de su cartera.
Según el Ministerio, la operación, a la que respondieron 9 EPS, facilitó pagos por un valor de $848 094 millones de pesos que eran adeudados por las EPS y superaban los seis meses a partir de la entrega de las facturas.
Para el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, “esta medida permite garantizar el flujo de los recursos a los prestadores, sanear las deudas del sector y asegurar la prestación de los servicios de salud”.
Lo que celebró Sánchez, de Aesa, porque da un respiro a los hospitales que vienen reventados con carteras tan grandes y sin con qué pagarle a su talento humano.
“Esas reservas técnicas de las EPS no se podían tocar sino para inversiones, pero ahora se van a pagar las deudas con los prestadores, lo que ayuda a sanear un poco el sistema”, expresó Sánchez.
En ese mismo sentido, el Ministerio resaltó en su balance que se han ejecutado giros por un billón de pesos por parte de EPS a clínicas y hospitales en todo el territorio nacional.
Una de las críticas más fuertes que ha tenido el Ministerio de Salud en estos primeros 100 días de gobierno tiene que ver con la pobre gestión para conseguir vacunas contra la viruela símica.
El exministro de Salud, Fernando Ruiz, cuestionó desde su cuenta de Twitter la lentitud de la gestión para conseguir los biológicos: “Perú recibe su primer lote de vacuna y en Colombia aún nada concreto. No debe ser motivo regocijo sino de honda preocupación. Seguimos sin vacunas y sin plan de vacunación”.
No obstante, el Ministerio aseguró, desde el 20 de octubre, el adelanto de las negociaciones de un memorando de entendimiento con otros países que permitirá la llegada de 25 mil dosis de vacunas contra la viruela símica. A lo que Ruiz contestó: “El acceso a vacunas contra viruela símica y nuestra soberanía y seguridad sanitaria pasaron a depender de un tercero y sus prioridades de investigación. Hemos retrocedido 50 años en vacunación. En tanto, ‘negociamos’, que el contagio y el dolor sigan. Patético”.
Lo que es cierto es que de momento no han llegado las vacunas para inocular a la población priorizada que, según la cartera, se prevé que sean los “contactos estrechos (alrededor de 3 por persona que presenta la infección), las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad: VIH, HSH (hombres que tienen sexo con hombres)”.
Y ni qué decir de la escasez de medicamentos, en la que, si bien esta administración no es la responsable directa, porque se trata de un cuello de botella mundial luego de la pandemia, hay quienes aseguran que el Ejecutivo ha sido lento para buscar soluciones de fondo para la crisis.
En cuanto a la gestión frente al Presupuesto General de la Nación aprobado el mes pasado y que incluyó 1.3 billones de pesos adicionales para el sector salud, la ministra celebró, ya que los nuevos recursos irán al Programa de Salud Preventiva, a fortalecer la infraestructura hospitalaria de las zonas rurales dispersas, así como a contribuir con la conformación de equipos de salud para la atención de las poblaciones más vulnerables, y finalmente a la creación de una central de datos que permita tener un sistema de información integrado para dar cuenta de las transacciones realizadas en el sistema de salud.
No obstante, Augusto Galán, de Así Vamos en Salud, dijo que “persiste la preocupación por la financiación del sector, y de los desembolsos comprometidos para los pagos de deudas que no se han dado, eso puede generar dificultades en el funcionamiento del sistema… Este presupuesto aprobado, si bien es mayor al del año anterior, no se tiene claro si es suficiente ante la devaluación del peso frente al dólar y al impacto que este puede tener en el precio de los suministros y medicamentos que son en su mayoría importados”.
Así las cosas, puede concluirse que estos primeros 100 días están teñidos de buenas intenciones y de pocas ejecuciones.
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