MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 290 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
elpulso@sanvicentefundacion.com
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El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023 fue aprobado por las plenarias del Congreso, en las cuales no hicieron modificaciones al texto de la iniciativa que emergió de la discusión en las comisiones económicas de Cámara y Senado.
En total, el presupuesto contempla un monto de $405 billones, lo que implica un crecimiento de $14 billones frente a la cifra inicial, este monto es equivalente al 27,7 % del PIB y evidencia un aumento del 15,1 % frente al dispuesto para el año en curso. En perspectiva general, el único aspecto que no fue modificado fue el servicio de la deuda, que se ha mantenido siempre en $77.9 billones. A su vez, vale señalar que $74.02 billones serán destinados a la inversión y $253.6 billones serán destinados para el funcionamiento.
En cuanto a lo que se proyecta con relación al presupuesto 2023 y a los recursos para cubrir el servicio de la deuda pública, el monto será distribuido de la siguiente manera: $24 billones para deuda externa y $54 billones para deuda interna. Para el pago de intereses y comisiones se destinaron $42.5 billones; para amortizaciones de capital, $32 billones; y para el fondo que cubre contingencias derivadas de procesos judiciales en contra, $3.5 billones.
Para José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y Crédito Público, “con el monto se proyecta llevar a cabo una política fiscal inteligente, acorde con la racionalización del gasto operacional y teniendo en cuenta las posibilidades reales de inversión”.
Ante el panorama general de presupuesto e inversión, la salud pasó de un proyecto inicial de 48.9 billones a 50.2 billones (ponencia actual). Un 19,9 % más que el presupuesto que tuvo este año.
Vale destacar que en el proyecto de presupuesto general que había radicado el anterior gobierno ante el Congreso, el Ministerio de Salud tendría una partida de 8.1 billones de pesos que la ministra Corcho recortó a 3.8 billones de pesos. Y en un debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la ministra dijo que solo destinaría 2.2 billones de pesos al pago de los planes contributivo y subsidiado de salud, pues no confía en las cuentas de las EPS, que le reportan a su cartera y con los cuales, además de tener en cuenta la inflación proyectada para el próximo año, se asigna un presupuesto a la prestación de salud en todo el país.
También se argumentó sobre la forma cómo se reparten esos recursos entre todas las entidades. Según la información, el Ministerio de Salud calcula cuánto cuesta cada año la unidad por capitación (UPC), es decir, cuánto le cuesta a una entidad, por mes, atender a un paciente según sus características: edad, si es hombre o mujer, si está en edad fértil, etc. A cada entidad se le pagan la UPC correspondientes según la población que atiende.
Frente a las afirmaciones que ha realizado el Ministerio de Salud y Protección Social en cabeza de Carolina Corcho sobre el monto de presupuesto para el sector, diferentes entidades como el Centro de Estudios Económicos Anif, la Cámara de Aseguramiento en Salud de la Andi y el Consejo Gremial Nacional, han dado diferentes puntos de vista que dan paso a un debate más amplio.
La Anif ha señalado en varias ocasiones “que los recursos del Presupuesto General de la Nación son la clave para financiar a los afiliados del régimen subsidiado y la igualación de los planes de beneficios”.
En cuanto a esta situación, la institución ha interrogado a la cartera en distintos medios nacionales sobre el por qué el Ministerio no ha tenido en cuenta factores relacionados con el incremento en las frecuencias de uso en pospandemia y el incremento de la UPC, además de los recursos para el pago de atenciones médicas de los colombianos y residentes en el territorio nacional para 2023. “No asegurar la suficiencia de esa prima pondría en riesgo la atención de salud de millones de personas, en particular los más vulnerables (es decir, la población de menores ingresos y los enfermos), pues no se podría soportar un flujo oportuno de los recursos para satisfacer la demanda por servicios de salud”, argumentaron.
De otro lado, Diana Cárdenas, ex viceministra de Protección Social y experta en salud y pobreza, advierte que “estamos en una situación en el sistema de salud que es muy preocupante. Primero, el año pasado, cuando se hicieron las decisiones de UPC, se esperaba que el incremento de los precios fuera del 5 % y en este momento va en 9 % y parece que va a cerrar en 11 %. Eso quiere decir que el presupuesto de aseguramiento para 2023 va a estar desfinanciado porque, aun pensando en un escenario donde solamente se incrementan o corrigen las subidas de los precios y un pequeño mayor uso del sistema de salud, faltan recursos porque hoy ya las EPS tuvieron que asumir mayores costos y el incremento que se propone solo actualiza el presupuesto al mismo valor de este año”.
Desde otro punto, el Consejo Gremial Nacional expresó que “una reducción de los recursos destinados a financiar el aseguramiento en salud, al Sistema General de Participaciones y al rubro de presupuestos máximos, lo sometería a riesgos innecesarios y, eventualmente a situaciones de crisis que no serían consecuencia de errores conceptuales en su diseño, sino de la falta de las apropiaciones presupuestales indispensables para atender el compromiso ineludible de las necesidades de salud de los colombianos en condiciones de dignidad”.
Para el mes de septiembre, la Cámara de Aseguramiento en Salud de la Andi expresó que rechaza las insinuaciones sistemáticas y generalizadas en el sentido de que las EPS desvían recursos públicos destinados a la salud y, por tanto, proponen en relación con el presupuesto, “que el Ministerio de Salud reevalúe la conveniencia de no incrementar la UPC en 14 % sino en 12 %” y además, “consideramos que el sector necesita claridad con respecto a cómo los 1.3 billones solicitados para la implementación del modelo preventivo y predictivo compensan la reducción de la adición en 1.9 billones para aseguramiento”.
Con relación a ello, Mauricio Santa María, presidente de la Andi agregó: “no asignar los recursos suficientes podría significar un retroceso en este sentido, más ahora que el país y los hogares atraviesan los coletazos de la pandemia”.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) presentó un documento en el que alertó sobre el desfinanciamiento del sector salud para el año 2023.
El comunicado emitido por la entidad se da después de que la ministra de Salud, Carolina Corcho, planteara en el Congreso de la República una reducción de la asignación de recursos adicionales para el próximo año de $8.1 billones a $3.8 billones.
El efecto en cadena, argumenta Acemi, afecta a los usuarios del sistema, que hoy en día está prestando cerca de 2.2 millones de atenciones. La agremiación expone que se requieren al menos $76 billones para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y $4.88 billones para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios. Además, mencionan que el sistema arrastra un déficit de recursos y con la propuesta de la ministra se agudizaría y se pondría en riesgo la garantía del derecho a la salud.
“Reducir el flujo de recursos en el sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario, este último es la mayor preocupación que tenemos”, advirtió Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi.
Finalmente, se dijo que para 2023 el aumento de la Unidad de Pago por Capitalización, es decir, el valor que el Gobierno les gira a las EPS por afiliado, debería reconocer tanto el rezago de 2022 como la expectativa de inflación, la devaluación (que determina el costo de medicamentos e insumos) y la expectativa del salario mínimo.
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