MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 290 NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 ISNN 0124-4388
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En los últimos días se dio a conocer el documento (borrador), titulado Modelo de Salud Preventivo y Predictivo para una Colombia Potencia Mundial de la Vida, en este no se hace mención del papel que tendrán las EPS, los hospitales y prestadores privados, así como tampoco incluye la Nueva EPS, que hoy atiende a casi 10 millones de colombianos y es la heredera de los antiguos Seguros Sociales y de la cual el Estado tiene la mitad de la propiedad.
Allí se afirma que para resolver los problemas de atención y violaciones al derecho fundamental a la salud, la columna vertebral serán los Equipos Médicos Interdisciplinarios Territorial (EMIT). Vale destacar que en la zonas dispersas, los Emit tendrán a su cargo entre 30 y 60 familias y estarían soportados por Equipos Complementarios, que ejecutan acciones de gestión de riesgos individuales y colectivos, conformados por profesionales y técnicos de diferentes áreas de la salud. Según expuso el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud), estos equipos serán financiados por el Plan Básico de Salud y el Sistema General de Participaciones, lo que permitirá ofrecer servicios permanentes y, a la vez, garantizarles a los hospitales públicos recursos para que puedan sobrevivir, mejorar y competir.
Textualmente, el documento enfatiza: “Los principales programas asociados al nuevo modelo son el de implementación de equipos médicos interdisciplinarios territoriales-(EMIT); la recuperación, modernización y puesta en marcha de los hospitales públicos como parte de un concepto territorializado de redes integrales e integradas de salud que incluye el despliegue de centros de atención primaria-(Caps) en todo el territorio nacional. Así mismo, el modelo incluye la dignificación del trabajo en salud, la ampliación del personal sanitario en los niveles de formación técnico y profesional, y la redistribución de competencias a fin de que el personal de base recupere capacidad resolutiva. Esto debe estar acompañado de avanzar en políticas para una soberanía sanitaria, desarrollo de ciencia y tecnología, la construcción de un sistema único de información, la recuperación de la gobernabilidad del sistema de salud, el fortalecimiento del ejercicio de la inspección, vigilancia y control y del poder popular en salud”.
En esa misma línea, la cobertura de atención del Sistema de Seguridad Social en Salud, y en virtud del régimen de transición, las disposiciones normativas referentes a las Empresas Sociales del Estado estarán vigentes hasta la reglamentación de las instituciones que en el nuevo sistema entren a cumplir las funciones y competencias asignadas a las ESE antes de la vigencia de la presente ley. El Ministerio aseguró que “se conservará toda la estructura locativa y operativa de las Empresas Sociales del Estado a la fecha vigente, para la actualización de la capacidad operativa del sistema”.
Frente a ello, agregó Carolina Corcho, ministra de Salud, argumentó que “será muy importante devolverle al país la vocación de la atención primaria en salud, la salud preventiva, la salud pública. Y esto es un componente de los entes territoriales principalmente. Usar los instrumentos para llegar a la comunidad”.
En contraste, la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud) expuso que “el Gobierno plantea como solución establecer equipos de salud móviles que permanentemente atiendan a la población y que las alcaldías organicen los servicios en redes integradas de prestadores de servicios de salud de diversa complejidad y con ello eliminar las EPS. El dejar sus funciones en organismos del gobierno departamental o municipal puede terminar dejando la salud de los colombianos muy probablemente a la merced de la dinámica de la política local, algo que nos parece muy riesgoso”.
La entidad agregó: “Desde las EPS agremiadas en Gestarsalud estamos muy preocupados porque el diagnóstico del Gobierno, y que se ha repetido en múltiples escenarios, parte de la premisa de que en Colombia se viola de manera permanente el derecho a la salud porque hay dificultades en el acceso a los servicios de salud, sobre todo en zonas geográficas donde la oferta de estos servicios es muy limitada”.
Se valora muy poco que los ciudadanos tienen un derecho igualitario a la salud sin importar la capacidad de pago y que pueden acceder a una clínica o centro de salud de grandes centros urbanos o pequeños municipios donde confluyen para su atención ricos y pobres, desempleados y asalariados.
De otro lado, la agremiación puntualizó: “Mucho de lo que se propone como modelos de prestación de servicios ya se hace con éxito, aunque no de manera homogénea, en varios sitios del país y ya hay suficientes normas para su implementación, por lo cual consideramos que no se necesita reformar la legislación actual. Las EPS pueden contribuir a este logro más rápido y eficientemente que si se hiciera creando nuevos organismos con funciones similares o asignando estas tareas a organismos cuya función misional es otra. El aseguramiento se ha realizado por las EPS públicas, privadas o de economía solidaria con éxitos y fracasos y por ende una naturaliza jurídica no es garantía de éxito. Las EPS en Colombia han hecho una gran contribución en el desarrollo del sistema de salud y en la garantía del derecho a la salud”.
Vale destacar que en cuanto al cumplimiento y con relación a la posibilidad de liquidar las EPS con irregularidades en su funcionamiento, la Ministra de Salud expuso que si se dejan en funcionamiento las “EPS buenas”, quedarían solo cinco y apuntó que esto podría ser problemático ya que estas cinco tendrían que recibir a 20 millones de afiliados de las liquidadas y eso implicaría un aumento en la carga de siniestralidad y enfermedad.
Asimismo, anotó que la reforma no tocará los servicios complementarios de salud. “La reforma a la salud no toca las prepagadas ni los servicios complementarios, ni tampoco los regímenes especiales”, dijo Corcho.
Actores como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) han pedido a Corcho recurrir a un diálogo directo y fluido para tener una conversación amplia y entender mejor su visión sobre los temas esenciales para el sistema de salud en los próximos cuatro años.
En sesión de comisión cuarta del Senado, y con la presencia inicial del viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez Saldarriaga, y la titular de la cartera, Diana Carolina Corcho Mejía, se pidió al gobierno claridad frente a las medidas a tomar, ante una posible reforma a la salud, en relación a las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, y alternativas para su posible remplazo.
El senador Juan Felipe Lemos Uribe, del Partido de la U, expresó: “Se debe garantizar el presupuesto al sistema de salud, purificándolo de la politiquería, porque los hospitales públicos se convirtieron en fortines políticos de algunos líderes regionales; que se tenga cobertura en las zonas rurales y se avance en la telemedicina.”
Por su parte, el senador Juan Samy Merheg Marún, del Partido Conservador, hizo una solicitud en favor de las EPS de buen manejo: “Pido que se haga una evaluación de carácter individual, porque hay unas Empresas Prestadora de Salud que sí cumplen con su obligación”.
Entre tanto, la senadora de la Unión Patriótica, Aida Avella Esquivel, declaró contundente: “Las EPS se han convertido en entidades de enriquecimiento de unos pocos; por lo tanto, lo que no sirve o no ha funcionado debe ser cambiado, porque cada cuatro minutos se pone una tutela para exigir un buen servicio”.
De otro lado, el senador Carlos Meissel Vergara, del Centro Democrático, manifestó que “es importante saber las iniciativas que tiene el gobierno frente al sistema de salud, porque se debe equiparar el régimen contributivo con el régimen subsidiado y evitar que se presente la informalidad en el sistema”.
La propuesta del Gobierno es trabajar en Justicia Social, Justicia Ambiental y la Paz total; así lo explicó el viceministro de Salud Luis Alberto Martínez, quien argumentó que “la apuesta del gobierno, para 2022 o 2023, es un modelo de salud preventiva para la Paz y la adaptación a la crisis climática; donde el objetivo es mejorar el sistema de salud sin pensar en la cartera… Recuperar la figura del hospital público, con la garantía que su recurso humano esté en buenas condiciones”.
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