En el último año, marcado como el primero del mandato de Gustavo Petro, el tema de la salud ha generado una intensa discusión que involucra a todos los sectores políticos y sociales. La intención del presidente de llevar a cabo una reforma profunda y estructural del sistema de salud, comparable en envergadura a la Ley 100, tuvo un impacto tan significativo que culminó en la ruptura de la coalición política del Gobierno y en la destitución de una ministra de salud. Es tiempo de hacer un balance preliminar de estos 12 meses.

El Gobierno ha enfrentado severas críticas por el deterioro técnico del Ministerio de Salud, con la partida de más de 200 funcionarios claves en áreas como salud pública, epidemiología, comunicaciones y tecnologías de la información. Esta erosión ha dejado al ministerio en una posición debilitada, careciendo de la capacidad que demostró durante la pandemia. Similarmente, el Invima ha sufrido una crisis al estar un año sin director en propiedad y con miles de trámites pendientes, mientras el desabastecimiento de medicamentos se agrava.

En cuanto a la reforma de la salud propuesta por el Gobierno, se han realizado modificaciones en el texto original presentado por la exministra de Salud, Carolina Corcho. Entre los cambios destacan la inclusión de nuevos parámetros y funciones que requerirán una asignación presupuestal adicional. Una de las transformaciones más notables es la propuesta de pagar la licencia de maternidad a todas las mujeres del país, lo que implica un costo de 800 000 millones de pesos.

El sector de la salud, a excepción de algunos hospitales y una federación médica, ha expresado fuertes críticas a la reforma propuesta. Mientras tanto, reconocidos economistas han advertido que la reforma laboral podría no solo carecer de soluciones para la abrumadora mitad de la población desempleada o en la informalidad, sino que incluso podría agravar su situación. El comité de la regla fiscal ha señalado la preocupante omisión de las reformas en el presupuesto del próximo año, lo que podría intensificar el déficit fiscal.

Frente a ello, el presidente destacó un incremento del 20 % en el presupuesto de salud, pasando de 42 billones en 2022 a 50 billones en 2023. Sin embargo, a pesar de este aumento, el sector enfrenta un desafío financiero significativo, especialmente en el régimen contributivo de las EPS (Empresas Promotoras de Salud), donde se requiere una inyección adicional de más de 10 billones de pesos para cubrir deudas pendientes y satisfacer la creciente demanda de servicios de salud.

Además, afirmó que “la reforma es financieramente viable y podría contribuir a mejorar el sistema”. No obstante, persisten desafíos en cuanto a la dirección del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entidad crucial para la aprobación de medicamentos en el país, que aún carece de un director permanente.

A nivel técnico, se ha logrado cierto consenso en la reforma entre diversas fuerzas políticas, comunidades y usuarios del sistema de salud. Sin embargo, persisten retos políticos para lograr un acuerdo final. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, señaló que “aunque técnicamente se han alcanzado acuerdos, aún se necesita resolver cuestiones políticas para avanzar en la implementación de la reforma”.

En cuanto a la reforma de salud que se debate en el Congreso, Jaramillo aclaró que la intención no es eliminar las EPS, sino realizar cambios en su funcionamiento. También señaló que “la Adres tiene la capacidad de efectuar pagos a clínicas y hospitales en un tiempo rápido y efectivo”. Además, abordó la problemática de la escasez de medicamentos, donde mencionó que alrededor de 30 medicamentos presentan desabastecimiento por diversas razones, incluyendo problemas en la producción y suministro de materias primas. Jaramillo destacó la importancia de considerar alternativas genéricas y recordó que el Invima ha garantizado la seguridad y eficacia de estos productos.

Por otro lado, este primer año de gobierno crea la necesidad de evaluar la gestión gubernamental en salud pública y la sostenibilidad del sistem, lo cual se refleja en tres ejemplos de deficiencias: la viruela símica, la epidemia de dengue y el aumento de enfermedades respiratorias.

Uno de los desafíos más destacados se presenta en la vacunación, donde Colombia, antes líder regional, ha dejado vulnerable a una población en riesgo. En el caso de la viruela símica, a pesar de promesas iniciales, las vacunas no fueron administradas adecuadamente. La epidemia de dengue ha afectado a más de 57 000 personas en diversos departamentos, y a pesar de los reportes del Por: Redacción El Pulso elpulso@sanvicentefundacion.com Instituto Nacional de Salud, se han visto pocas campañas de prevención.

Según el exministro de salud, Fernando Ruiz, “la respuesta ante la COVID-19 también ha presentado dificultades. La vacunación se ha estancado, y a pesar de tener vacunas pediátricas almacenadas, los niños con comorbilidades han enfrentado el pico de infecciones respiratorias. La coordinación y la respuesta del gobierno a la pandemia han disminuido considerablemente”.

A lo que agregó: “En medio de estas deficiencias y desafíos, se plantea la necesidad de una evaluación exhaustiva y medidas concretas para fortalecer el sistema de salud y mejorar la atención médica a la población.

Aspectos positivos

Uno de los hitos más notables es la emisión de la Resolución 051 del 12 de enero de 2023 por parte del Ministerio de Salud, que establece una regulación única para la atención integral en salud frente a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Esta resolución garantiza una atención segura y integral en línea con los dictámenes de la Corte Constitucional, marcando un avance significativo en los derechos reproductivos de las mujeres.

Etiquetado Nutricional Obligatorio: en diciembre de 2022, se reglamentó el etiquetado frontal obligatorio en productos alimenticios, destinado a informar a los consumidores sobre contenido de azúcar, sodio y grasas. Esta medida busca combatir enfermedades crónicas no transmisibles, como las cardiovasculares y el cáncer, al mejorar la información nutricional y promover hábitos alimenticios más saludables.

Actualización en vacunación contra la COVID-19: la Resolución 986 emitida en junio de 2023 ha establecido nuevos lineamientos para la aplicación de vacunas contra la COVID-19, reafirmando la importancia de continuar la inmunización, especialmente entre los grupos de mayor riesgo, para mantener a raya la amenaza del virus.

Salud en el Plan Nacional de Desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026-PND presenta iniciativas relevantes para abordar enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo la prevención y atención de enfermedades cardiacas, cerebrovasculares y diabetes. Además, se resalta la importancia del diagnóstico temprano del cáncer y se menciona la actualización del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), junto con la necesidad de impuestos saludables en productos como el alcohol, tabaco y alimentos procesados.

Con relación a ello, Giovanni Jiménez Barbosa, experto en gestión de servicios de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, argumentó: “Uno de los aspectos positivos es que la salud pública ha cobrado relevancia en la agenda política”.

El primer año de gobierno ha presenciado un cambio significativo en la estrategia de atención médica del país, con la implementación progresiva y detallada del modelo de Atención Primaria en Salud (APS). Este enfoque innovador ha colocado la promoción y prevención de la salud en el centro de su agenda, desviándose de las prácticas convencionales y buscando mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Uno de los aspectos más notables de esta implementación ha sido la priorización de la Guajira, una región que históricamente ha enfrentado desafíos de salud únicos y persistentes.

El modelo de APS, adoptado por su naturaleza preventiva, busca intervenir en las etapas iniciales de las enfermedades y trastornos, minimizando así la carga de las condiciones de salud más graves y costosas en el futuro. La reorientación de los recursos hacia la promoción y prevención se traduce en la mejora del bienestar general de la población y en la reducción de la presión sobre los sistemas de salud. Al adoptar este enfoque, el gobierno reconoce la importancia de abordar los determinantes sociales de la salud y trabajar hacia una sociedad más saludable en su conjunto.

En este contexto, la Guajira se ha convertido en un foco particular de atención. La región ha enfrentado históricamente desafíos considerables en términos de acceso a servicios de salud adecuados, infraestructura deficiente y altas tasas de enfermedades prevenibles. La implementación de APS en la Guajira busca abordar estas desigualdades y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Mediante la apertura de centros de salud comunitarios, la capacitación de personal médico local y la difusión de información sobre salud preventiva, se está trabajando para cerrar las brechas existentes y garantizar que los servicios de salud sean verdaderamente accesibles para todos los ciudadanos.

Un elemento distintivo de esta implementación es la priorización de la promoción y prevención por encima de la ley. Si bien la legislación en salud es crucial para establecer marcos regulatorios sólidos, el gobierno ha reconocido que un enfoque centrado únicamente en la regulación puede ser insuficiente para abordar los desafíos complejos de salud que enfrenta la población. La promoción de hábitos saludables, la educación sobre enfermedades prevenibles y la creación de conciencia en la comunidad tienen un impacto directo en la mejora de la salud pública, independientemente de la legislación existente.

En resumen, el primer año de gobierno ha marcado un cambio significativo hacia un modelo de Atención Primaria en Salud que enfatiza la prevención y la promoción. La implementación de este enfoque en la Guajira demuestra el compromiso del gobierno de abordar las desigualdades en salud y mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables. Al priorizar la promoción y prevención por encima de la ley, el gobierno reconoce la importancia de empoderar a la población para que tome un papel activo en su propia salud y bienestar. En última instancia, esta evolución en la política de salud tiene el potencial de generar un impacto duradero en la salud pública y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Desafíos y asuntos pendientes

Es esencial que el país recupere su enfoque en la salud pública y aborde los desafíos identificados en este primer año del gobierno de Petro. La implementación de un nuevo modelo de atención en La Guajira merece evaluación rigurosa, y la participación activa de todos los actores del sistema de salud, así como una crítica constructiva. El Ministerio de Salud debe liderar un enfoque de “metagobernanza” que busque consensos y cooperación, incluso con sectores no gubernamentales, para garantizar un sistema de salud sólido y accesible para todos, especialmente para las poblaciones tradicionalmente desfavorecidas.

Falta de una verdadera reforma en atención primaria: a pesar de las oportunidades, el Gobierno ha fallado en consolidar un modelo sólido de Atención Primaria en Salud (APS), que podría haberse desarrollado sin necesidad de una “reforma estructural”. La falta de claridad en cuanto a aseguramiento social y financiamiento ha generado desconfianza y no ha permitido el avance necesario en este aspecto fundamental.

Estancamiento del Plan Decenal de Salud Pública: el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) diseñado en el gobierno anterior ha quedado en pausa, sin aplicación ni reformulación por parte de la administración actual, lo que impide la implementación de estrategias a largo plazo y una dirección clara en la salud pública.

Deterioro de Salud Pública: la morbilidad materna extrema y los casos de desnutrición en menores de cinco años han aumentado en comparación con años anteriores. Además, se han observado incrementos en la mortalidad materna.

Llamado de agremiaciones y pacientes para abordar desafíos

Diversas agremiaciones han hecho un apremiante llamado al Ministerio de Salud, instando a entablar un diálogo constructivo que propicie la solución de los retos que aquejan al sistema. Entre estas agrupaciones, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), representante de las EPS del régimen contributivo, reafirmó su posición y manifestó su disposición a participar en las discusiones acerca de la “reforma de salud y otros asuntos críticos para el sector”.

Con relación a esta cuestión, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) compartió su postura, subrayando la importancia de un diálogo inclusivo y participativo en la formulación de políticas que afectarán directamente la salud y el bienestar de los ciudadanos. En palabras de la Andi, “exigimos una inclusión genuina en las deliberaciones y pactos en curso, los cuales, hasta la fecha, permanecen desconocidos para nosotros, así como para otros agentes del sistema de salud”.

Finalmente, Pacientes Colombia ha instado al ministro de Salud y al presidente de la República a convocar a un “auténtico acuerdo nacional en salud”, caracterizado por su pluralidad, inclusión y apertura a un diálogo constructivo, con el objetivo de avanzar en la solución de los desafíos que aquejan al sistema en el país.

Denis Silva, director de la Asociación Colombia Saludable y portavoz de Pacientes Colombia, señaló: “Es inexacto afirmar que los movimientos de pacientes más representativos del país, junto con las asociaciones de usuarios, la sociedad civil y los gremios de las EPS, hayan formado parte de un acuerdo nacional en torno a la reforma de salud”. Silva destacó que estas agrupaciones han solicitado oficialmente al Ministerio de Salud que divulgue la lista de los participantes involucrados en dicho acuerdo, así como los criterios empleados para su selección.

¿Financiamiento suficiente para el sistema de salud a fin de año?

En un escenario marcado por inquietudes sobre la viabilidad financiera del sistema de salud para culminar el año, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha hecho hincapié en que el Gobierno nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha efectuado los pagos a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de manera puntual, asegurando así la atención continua de los pacientes.

Jaramillo enfatizó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha realizado los desembolsos de manera oportuna durante este período. “En este momento se les ha pagado anticipada y rigurosamente a todas las EPS. Hoy puedo garantizar que todo se ha pagado a tiempo” . Además, afirmó que no existe deuda pendiente con las EPS.

No obstante, aunque el Congreso de la República aprobó una inyección adicional de recursos para el sistema de salud mediante la ley de adición presupuestal en junio, algunas asociaciones que aglomeran a las EPS han señalado que esta asignación podría no ser suficiente. Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) ha calculado que se requerirían alrededor de diez billones de pesos adicionales para garantizar el cierre financiero del año.

En medio de estas discrepancias, el ministro Jaramillo sostiene que, aunque reconoce la presencia de déficits presupuestarios relacionados con gastos adicionales en el sector de la salud, los análisis gubernamentales difieren de las estimaciones presentadas. No obstante, Jaramillo destaca la relevancia de un diálogo constructivo en el contexto de las discusiones y reformas que están por venir para el sistema de salud.