Hoy, uno de los temas con más despliegue es el balance de la primera legislatura de la reforma a la salud y lo que se ha discutido hasta el momento a través de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Vale resaltar que se han aprobado 132 artículos, donde 30 de ellos fueron retirados entre la enmienda y el debate, y 21 fueron adicionados.

Según los análisis realizados por varios actores del sistema de salud, la primera legislación se está “convirtiendo en un Frankenstein” y la propuesta que está en discusión desnaturaliza los avances que ha tenido hasta el momento este sector en Colombia. Así lo argumentó Jairo Humberto Restrepo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquía.

Asimismo, Restrepo manifestó que “no puede ser defendible porque carece de coherencia y del análisis técnico respecto a la sostenibilidad”, por lo que dice no comprender “¿por qué el gobierno Petro se empecina, como se ha empecinado en una reforma al sistema de salud?, y ¿por qué el realizar esta reforma?”.

Frente a ello, fue enfático y reconoció que aunque no tiene la respuesta, claramente, “ha existido un desgaste para el gobierno y el país, cuyo proceso arrancó bastante mal por la falta de discusión, por la falta de discernimiento sobre los elementos técnicos”.

A su vez, planteó: “¿Por qué es tan difícil en Colombia una reforma a la salud?”. En el país no es la primera vez que se ha intentado llevar a cabo un proyecto de ley en el sector, tal fue el caso del año 2013. Con respecto a la reforma de 1993, Jairo Humberto Restrepo la cataloga “como una de suma positiva, porque le agregó al país, de manera que muchas personas se beneficiaron. Se logró pasar de una cobertura en torno al 20 % a una promesa del 100 %, se logró tener unos recursos sustanciales, más allá del 1 % de PIB adicional para financiar servicios de salud”.

Es entonces que el análisis de la primera legislatura ha dejado un agridulce, pues en los primeros seis meses de administración hubo un silencio profundo y se estuvo esperando la propuesta por parte de este.

De otro lado, el representante a la Cámara por el partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, señaló que el articulado debe ser debatido a la luz de un “componente técnico, político y procedimental”, pese a no estar de acuerdo con buena parte de lo que presentó en su momento la ministra Carolina Corcho.

Sin embargo, siempre ha buscado que su postura sea “propositiva y constructiva”, entre otras cosas, porque coincide con el gobierno en que es importante garantizar “la atención a la salud primaria, la promoción y planeación en salud. Yo soy amigo de acabar con la posición dominante de las EPS en el manejo de los recursos, pero no soy amigo de acabar con las EPS, porque estas deben de mantener las funciones de la gestión del riesgo, y la auditoría frente al gran aparato de la Adres”.

Salcedo también afirmó que “el sistema no es tan malo como piensa el gobierno ni tan bueno que no tenga que hacérsele ajustes” y por ello, manifestó: “Hoy vemos con preocupación la tarea que está haciendo la Superintendencia de Salud. Hoy la Superintendencia está interviniendo varias EPS, pero lo más preocupante es que sea la misma entidad la que desconfía de quienes nombra de interventores”.

En ese sentido, Andrés Forero, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, le pidió al gobierno que retire esta reforma para convocar a una gran mesa nacional de salud. “Esperamos que el gobierno, ante los malos resultados que tuvo en la pasada legislatura, cambie de estrategia y entienda que el radicalismo, que el extremismo y el sectarismo no conducen a nada y que lo que necesita el Congreso y el país es consensos y concertación”.

Para Camilo Ignacio González, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el gobierno durante el periodo legislativo apeló a dos estrategias, una de ellas dialogar directamente con los directores de los partidos, y otra, entablar conversaciones individuales con los congresistas. “Si bien se lograron cosas importantes, quedó claro que la estrategia de negociar con los directores de los partidos no fue muy útil y después el gobierno trató de abordarlo a través de congresistas individuales y lo logró en algunos casos, pues pudo salvar de esta legislatura dos de las reformas, a la salud y la pensional, que alcanzaron entrar en primer debate, pero tuvieron muchas complicaciones y un camino difícil”.

De otro lado, Yann Basset, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, aseguró que “el balance legislativo de este primer año de administración es bastante pobre. En realidad, había empezado bastante bien, con la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo, pero después el rompimiento de la coalición hizo que no se pudiera avanzar como el gobierno quería para las grandes reformas sociales que se han propuesto, y esto limita mucho el alcance de este balance”.

El director de Asofondos, Santiago Montenegro, en un análisis sobre los cambios, dice que “la administración de Gustavo Petro ha presentado un proyecto de ley que ha sido aprobado en una primera instancia en la Comisión Séptima del Senado, un proyecto de ley que tiene elementos que consideramos positivos y otros que no resuelven los problemas planteados y requieren modificación en los debates subsiguientes”.

Dentro de los 94 artículos aprobados en esta primera fase del trámite del proyecto, se destacan como aspectos positivos: formaliza y amplía el pilar solidario, integra en un solo sistema los dos regímenes existentes, pero necesita ajustes adicionales, limita los subsidios a las pensiones altas (aunque no los elimina) y hay un enfoque de género, que permitirá avanzar en subsanar la discriminación del sistema hacia las mujeres.

Sin embargo, el gremio identifica algunos aspectos de fondo que están en riesgo y sobre los que “llamamos la atención para que en las siguientes etapas de discusión en el Congreso sean analizados ampliamente y de forma objetiva, pues este proyecto es trascendental para todos”, aseguró Santiago Montenegro.

Frente a esto, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, considera que todos los sectores coinciden en que la salud en Colombia debe cambiar. Según su balance, argumentó: “Hemos logrado muchos cambios y transformaciones. Hemos llegado a acuerdos con los trabajadores, con las sociedades científicas; hemos hablado con los pacientes y dialogado con las EPS. Vamos a continuar trabajando con todos los sectores para que tengamos el mejor proyecto de salud que pueda tener Colombia. Construir sobre lo construido”.

Para la Asociación Colombiana de Medicina Integral (ACEMI), el principal problema de la iniciativa del actual gobierno “es cambiar de fondo el modelo de atención porque las personas no vamos a tener una EPS, sino que vamos a tener que afiliarnos a un Centro de Atención Primaria (CAPS). Esa será la nueva puerta de entrada para acceder a los servicios de salud. Esos CAPS, que se estiman serán cerca de 2 000 y que muchos de los cuales hoy no existen, hay que empezar por construirlos y pensar quién y cómo los van a atender”.

Por otro lado, Francisco Castellanos, representante de la Organización Defensa del Paciente, hizo hincapié en la existencia de barreras que dificultan la atención y el acceso a servicios de salud para los colombianos. Según él, es urgente que el Estado intervenga rápidamente para abordar esta problemática y mejorar la calidad de los servicios.

Según destacó Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (ACESI), “lo importante en esta reforma a la salud es que se acabe con la intermediación en el manejo de los recursos. La propuesta es que las EPS hagan la gestión del riesgo en salud y apoyen en la red”.

Zuluaga ha concluido que “no tiene sentido que sigan haciendo lo que durante 30 años han hecho. Las EPS no han demostrado resultados positivos como intermediadoras y las deudas que hoy soporta el sistema de salud por el no pago de las cuentas a hospitales y clínicas son muy altas, por eso no debemos de continuar en las mismas condiciones. Estas entidades no han hecho bien la terea. Hoy se pierde mucho tiempo en labores administrativas desgastantes”.

Para Juan Carlos Giraldo Valencia, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), “se deben conservar aspectos estructurales como el aseguramiento, la operación público–privada y la financiación con una mezcla de impuestos generales, con impuestos a la nómina o aportes de la población. Un nuevo sistema se debe construir sobre lo construido y lo que no marcha bien, se debe focalizar en las acciones de reforma. La salud debe tener una ruta progresiva”.