En un escenario político marcado por la urgente necesidad de mejorar el sistema de salud en Colombia, tres partidos políticos, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático, han propuesto sendas contrarreformas a la salud. Estas han encendido un intenso debate tanto en el Congreso como en la esfera pública, donde los ciudadanos esperan soluciones efectivas para los desafíos que enfrenta el sistema.

Por un lado, el liberalismo presenta una propuesta cuya esencia radica en la regionalización y la ruptura de la integración vertical. Su detallado planteamiento se despliega en un documento de siete capítulos, que abarcan 41 páginas y contienen 339 artículos. El sistema de precio tipo techo emerge como una característica central de esta propuesta, buscando equilibrar y optimizar el funcionamiento de sectores clave. Por otro lado, la propuesta presentada por Cambio Radical se distingue por su enfoque en la continuidad. Esta propuesta no pretende alterar lo que ya está en funcionamiento y se fundamenta en el fondo de garantías y el aseguramiento de riesgo. Su marco de acción se extiende a través de cinco capítulos, 43 artículos y 46 páginas, esculpiendo un camino que apuesta por consolidar y fortalecer estructuras preexistentes.

La propuesta proviene del Partido Liberal, que ha presentado una reforma a la salud con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a los servicios médicos para todos los colombianos. Entre los puntos más destacados se encuentra la creación de un fondo único de salud que centralizaría los recursos y distribuiría los servicios de manera más eficiente. La propuesta liberal también busca fortalecer la atención primaria y la prevención de enfermedades, así como mejorar la infraestructura hospitalaria en regiones apartadas.

Vale destacar que la propuesta presentada por el Partido Liberal, encabezada por el exviceministro de Salud, Germán Escobar, se caracteriza por ser un proyecto de ley estatutaria, lo que implica una modificación sustantiva de un derecho humano y requiere trámite en la Comisión Primera. La base reside en “construir sobre lo construido”, manteniendo la competencia entre las EPS privadas y otorgando al Estado la responsabilidad de brindar servicios de salud en zonas rurales con una cobertura deficiente de los proveedores privados.

“Es un proyecto que aborda los problemas puntualmente, no refunda el sistema y toma lo mejor de las propuestas que han surgido en estos meses de debate (incluidas las del Gobierno)”, explica Germán Escobar, señalando la naturaleza de la propuesta.

Por otro lado, Cambio Radical ha presentado una contrarreforma que apunta a mantener el sistema de EPS, pero con cambios sustanciales. Entre sus propuestas se encuentra la creación de una superintendencia especializada en salud que tendría un rol de supervisión más riguroso sobre las EPS y garantizaría una adecuada prestación de servicios. Además, la iniciativa busca implementar una mayor regulación en los precios de los medicamentos y fomentar la competencia en el sector para reducir costos. Cambio Radical también plantea la posibilidad de permitir la participación de empresas privadas en la gestión de hospitales públicos, con el fin de mejorar su eficiencia y calidad.

David Luna, uno de los senadores líderes de esta iniciativa, destacó que esta no es la primera vez que el partido intenta impulsar reformas en este ámbito, subrayando la importancia de retomar el tema en la actual legislatura.

“El partido Cambio Radical, junto con sus bancadas de Senado y Cámara, presenta el día de hoy una reforma a la salud a través de una ley estatutaria. Lo hicimos en el periodo anterior y lamentablemente en ninguno de esos momentos se le dio el respectivo trámite, por esa razón lo volvimos a hacer el día de hoy”, aseguró el senador David Luna, reafirmando la determinación del partido de poner nuevamente sobre la mesa esta cuestión crucial.

En segundo lugar, se busca garantizar que el sistema de atención primaria llegue a todos los municipios del país, con el objetivo de brindar acceso a la salud en todas las regiones. En tercer lugar, se propone la creación de un consejo de seguridad social para supervisar y dirigir estas políticas, con el propósito de evitar la politización en la atención de los usuarios. El cuarto punto se centra en la colaboración con las facultades de medicina, la implementación de auditorías y el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud para una mayor supervisión.

El senador David Luna enfatizó que Cambio Radical busca reformar el sistema sin causar perjuicio, reconociendo la necesidad de cambios. Además, resaltó que esta es la tercera ocasión en la que el partido solicita un debate adecuado sobre su propuesta en el Congreso, y extendió una invitación al Gobierno a cumplir su compromiso de diálogo con aquellos que mantienen opiniones diversas.

Asimismo, Luna destacó que aunque existen puntos de coincidencia con el Gobierno, también hay diferencias significativas. Expresó su esperanza en que se puedan encontrar puntos en común en beneficio de pacientes, usuarios y profesionales sanitarios, lo que podría marcar un paso importante en la búsqueda de una solución equitativa y efectiva para el sistema de salud colombiano.

Por otro lado, el partido político Centro Democrático ha presentado una contrarreforma a la salud, con el propósito de ofrecer a los ciudadanos colombianos la opción de elegir entre el sistema de salud privado o público. Esta iniciativa, que busca equilibrar la propuesta de reforma del Gobierno nacional, ha sido concebida con ocho pilares fundamentales.

La senadora Paloma Valencia explicó que el objetivo principal es brindar a los ciudadanos la libertad de decidir su Entidad Promotora de Salud (EPS), con la intención de mejorar la atención médica y garantizar salarios justos para el personal de la salud. El proyecto de ley estatutaria ya ha sido presentado en el Congreso y se sustenta en diversos elementos.

Uno de los aspectos más significativos de esta iniciativa, según destacó la congresista de la oposición, es la introducción de un sistema mixto. “Esto permitiría a los ciudadanos seleccionar el sistema que más se adapte a sus preferencias para acceder a servicios de salud. De esta manera, de materializarse este proyecto, las EPS actuales ya no estarían exclusivamente vinculadas a la Administradora de los Recursos de la Salud (Adres), como se propone en la reforma del Gobierno, donde la Adres sería la única entidad pagadora de servicios de salud”.

Otra característica relevante de esta propuesta es que el Estado deberá identificar el perfil de los pacientes mediante un nuevo modelo. El pago por colombiano en términos de salud deberá tomar en consideración factores como riesgos médicos, condiciones de salud, perfil epidemiológico y aspectos socio-demográficos, tal como detalla el texto.

La reforma a la salud presentada por el Centro Democrático también incluye la implementación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según la senadora Paloma Valencia, “esto obligaría al Gobierno a establecer un mínimo de salarios justos que se ajustarían en función de la especialización médica. Además, la propuesta contempla un enfoque específico para los campesinos, permitiéndoles acceder a servicios de salud de acuerdo a sus necesidades y capacidades, bajo la dirección de las Entidades Territoriales en Salud”.

Aunque el Ejecutivo busca fortalecer a la Nueva EPS y convertirla en una aliada para el sistema de salud subsidiado, Paloma Valencia sugiere la creación de “cinco o seis EPS grandes” en Colombia, las cuales operarían en función de las variaciones en los pagos por paciente. “Esto permitiría distinguir entre pacientes de alto costo, que requerirían más recursos, y pacientes sanos, que recibirían menos fondos por parte de las EPS”.

Complejidad del debate por contrareformas

Estas contrarreformas han generado un acalorado debate en el Congreso y en la sociedad colombiana en general. Mientras que el Partido Liberal argumenta que su propuesta es la más adecuada para garantizar un acceso equitativo y de calidad a la salud, sus críticos señalan posibles complicaciones en la implementación de un fondo único y la necesidad de encontrar soluciones más pragmáticas para los problemas del sistema.

Patricia Muñoz Yi, experta en política e investigadora, y directora de programas de posgrado en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, comentó que “esta nueva legislatura se inicia en un contexto diferente al de la legislatura anterior. En ese momento, el Gobierno contaba con una coalición mayoritaria de partidos que le otorgaba un respaldo significativo en el Congreso para aprobar sus reformas y propuestas de cambio”.

Sin embargo, en esta ocasión, el Ejecutivo no cuenta con esas mayorías consolidadas, lo que implica que debe idear estrategias para obtener o reconstruir apoyos y así lograr la aprobación de sus reformas centrales. “Una de las tareas primordiales para el Gobierno es la construcción de nuevas mayorías y la búsqueda de enfoques que fomenten un debate más amplio de las propuestas, así como una disposición positiva por parte de los diferentes partidos. Esto requerirá una mayor capacidad de diálogo y la habilidad de llegar a acuerdos comunes”, destacó Muñoz Yi.

De igual manera, el experto en política, Carlos Arias, resaltó la complejidad de aprobar un conjunto tan extenso de reformas en un período de tiempo tan reducido. Afirmó que “esta dificultad no solo se debe a la importancia crucial de los temas en cuestión, que requieren un profundo análisis y discusión, sino también a la simultaneidad con la que se están llevando a cabo múltiples reformas”.

Arias planteó la posibilidad de que la reforma educativa sea sometida al escrutinio de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, ya que fue a través de esta comisión que se logró avanzar con la reforma de salud. Sin embargo, también expresó inquietud acerca de la posibilidad de que el Gobierno esté saturando el espacio de trabajo de esta comisión al abordar tantas reformas al mismo tiempo.

Por su parte, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, manifestó: “Es mi creencia que el Congreso debe reconocer la necesidad de una reforma en el país, de un cambio profundo. Este cambio debe ser impulsado por todos nosotros. El Congreso puede convertirse en un obstáculo para este proceso o, por el contrario, en la oportunidad de abrir nuevos horizontes de progreso y desarrollo a través de la reforma en el sector de la salud”.