El sistema de salud en Colombia puede evaluarse y comprenderse en su evolución financiera a partir de dos grandes indicadores financieros clave de desempeño (KPI), los cuales habilitan condiciones de permanencia, solvencia y capacidad financiera. Estos son: el capital mínimo —también denominado fondo social mínimo o mínima capacidad para operar sin riesgo financiero— y el patrimonio adecuado, entendido como la capacidad para cubrir el riesgo técnico, el cual debe ser superior al patrimonio adecuado disponible.

El patrimonio adecuado es un indicador de solvencia financiera que permite medir si una entidad del sector salud cumple con los requisitos mínimos en materia de capital, reservas técnicas e inversiones. En conjunto, estos indicadores permiten garantizar la viabilidad económica y financiera de las entidades, constituyéndose en elementos determinantes para entender la dimensión del enclave financiero del sistema de salud y el ecosistema de relaciones económicas entre los distintos agentes de valor dentro de la densa cadena de actores.

Además, estos indicadores inciden de manera directa en la estructura operativa, en la ganancia en salud y en el cumplimiento de los principios fundamentales del aseguramiento, especialmente en lo relativo a la accesibilidad, oportunidad, continuidad y, sobre todo, la sostenibilidad del sistema.

Estos indicadores evidencian un deterioro progresivo con una “cola financiera” que se arrastra casi desde el mismo momento en que fue expedido el Decreto 2702 de 2014 y sus disposiciones posteriores. En dicho decreto se establecen los indicadores financieros de capital mínimo y patrimonio adecuado, así como el régimen de constitución de reservas técnicas y el resguardo de dichas reservas mediante inversiones específicas.

El sistema de aseguramiento en salud en Colombia enfrenta un deterioro financiero estructural y progresivo, respaldado por estados financieros auditados, dictaminados y certificados por revisorías fiscales y organismos de vigilancia. A marzo de 2025, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con resultados netos negativos acumulan un déficit patrimonial superior a $15 billones, sin incluir la información de la Nueva EPS. Esta cifra representa un crecimiento frente a los $3.2 billones reportados a diciembre de 2020, y refleja la progresiva pérdida de capital técnico en el modelo de aseguramiento.

Este deterioro financiero está estrechamente vinculado a la insuficiencia estructural de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuyo valor per cápita ha crecido por debajo de los costos reales del sistema. Según estimaciones de la ANDI y ACEMI, el desajuste entre ingresos y costos generó un déficit acumulado superior a $9.7 billones entre 2021 y 2023. Esta brecha ha afectado directamente la cadena de pagos del sistema, provocando retrasos a prestadores, desabastecimiento de tecnologías médicas y cierre progresivo de servicios, especialmente en zonas de baja rentabilidad.

Los resultados netos consolidados de las EPS para el periodo 2022-2024, calculados sobre base homogénea y auditada, revelan pérdidas superiores a $10 billones. Solo en 2024, el resultado neto del sector fue de -$4.9 billones. Aunque en 2020 algunas EPS registraron utilidades atípicas derivadas de dinámicas propias de la pandemia, el retorno a la operación regular desde 2022 evidenció un patrón de deterioro sostenido, que ha afectado el cumplimiento de los requisitos de capital mínimo y patrimonio adecuado establecidos en el Decreto 2702 de 2014.

El capital mínimo consolidado —indicador crítico de solvencia— pasó de $3 billones en 2021 a -$1.2 billones en 2023, -$6.0 billones en 2024 y -$9.7 billones al corte de marzo de 2025. Estos datos provienen de los informes oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), con cortes anuales y trimestrales comparables, sin mezclar periodos ni aplicar sumatorias improcedentes entre resultados positivos y negativos.

Por régimen de aseguramiento, el comportamiento financiero presenta diferencias marcadas. En el régimen contributivo, EPS como Compensar ($242 mil millones), Salud Total ($177 mil millones) y Aliansalud ($69 mil millones) reportaron utilidades netas en 2024. En contraste, Famisanar, Sanitas y SOS registraron resultados deficitarios, aunque no se agregan porcentajes cruzados entre ellas. En el régimen subsidiado, Comfachocó ($36 mil millones), Capital Salud ($16 mil millones) y Comparta ($2 mil millones) mostraron superávit. No obstante, Savia Salud (-$1.2 billones) y Capresoca (-$225 mil millones) presentaron pérdidas severas. EPS que operan en ambos regímenes, como Coosalud (-$1.1 billones) y Mutual Ser (-$45 mil millones), también reportaron déficits importantes. En estado de reorganización, Cajacopi reflejó utilidades netas por $166 mil millones, mientras que Emssanar (-$1.9 billones) y AMSFF (-$1.3 billones) mantuvieron deterioros graves en su situación financiera.

Desde junio de 2015, el indicador de patrimonio adecuado ha mantenido una trayectoria descendente: -$3.8 billones en 2015, -$7.2 billones en 2020 y -$15 billones a marzo de 2025. Este patrón refleja un desbalance acumulado entre ingresos y costos operativos, incremento sostenido de frecuencias de uso, crecimiento en siniestralidad y expansión de cobertura sin la respectiva provisión fiscal.

Todos los datos presentados en este análisis corresponden a resultados netos verificados y procesados con base en los reportes consolidados de las EPS, reportados bajo la Circular Única de la Supersalud, con corte uniforme y sin agregaciones improcedentes. No se han combinado EPS con pérdidas y excedentes en un solo saldo neto, ni se han realizado comparaciones entre periodos desiguales, lo que garantiza la trazabilidad y validez de las cifras.

Frente a este panorama, la viabilidad financiera de las EPS como aseguradoras del sistema está en entredicho. El impacto no se limita a su operación, sino que afecta a la red hospitalaria, los proveedores de insumos, los profesionales de la salud y, en última instancia, a los usuarios del sistema. En ese sentido, la liquidación no puede seguir siendo la única salida, pues traslada pasivos sin resolver los factores estructurales del problema.

Se requiere una intervención sistémica, que incluya inyecciones de capital público o mixto, una actualización técnica del valor de la UPC, el rediseño del modelo de riesgo, incentivos a la eficiencia operativa, control de la siniestralidad y una revisión del Plan de Beneficios en Salud (PBS) con enfoque costo-efectivo. La sostenibilidad futura del sistema depende de decisiones basadas en evidencia técnica, marco fiscal realista y voluntad de reforma estructural.

La crisis de solvencia que enfrenta el modelo de aseguramiento podría derivar, si no se actúa con prontitud, en una disrupción operativa del sistema en su conjunto. El momento exige medidas excepcionales, no solo correctivas, sino transformadoras.

Resultado neto EPS 2016 a diciembre 2024 y a marzo 2025 como gran inductor de los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado

Evolución del resultado neto y del patrimonio consolidado de las EPS en Colombia entre 2016 y marzo de 2025. La gráfica muestra el comportamiento del resultado neto anual (utilidades o pérdidas) reportado oficialmente por las EPS. La serie fue extraída de fuentes auditadas y dictaminadas bajo lineamientos de la Superintendencia Nacional de Salud y explica el progresivo deterioro estructural del sistema de aseguramiento.