La falta de fármacos en Colombia ha trascendido de ser un problema momentáneo a convertirse en una crisis estructural con impactos severos en la salud pública. El fallecimiento reciente de la activista Ana María Cuesta León, afectada por hipertensión pulmonar, reveló una serie de fallos institucionales que oscilan entre una administración ineficaz y el incumplimiento de órdenes judiciales. La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) junto con la Procuraduría General de la Nación han iniciado estudios que se dirigen a un mismo foco: el sistema fragmentado de abastecimiento de medicamentos.

Fallas críticas: trazabilidad, alerta y desabastecimiento

El factor desencadenante fue una auditoría realizada a la Supersalud, la cual reveló carencias sistemáticas en el servicio brindado por la EPS Famisanar y el gestor farmacéutico Colsubsidio. Se identificaron tres aspectos críticos: ausencia de seguimiento en los pedidos, comunicación deficiente ante la falta de existencias y la falta de sistemas de alerta que permitan prever rupturas de inventario. En el caso de Ana María Cuesta, aunque la IPS aplicó correctamente los protocolos clínicos, ni la EPS ni el gestor farmacéutico garantizaron la entrega oportuna del medicamento formulado.

Este incumplimiento ocurrió a pesar de que el Juzgado Noveno Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá había ordenado en 2020, mediante tutela, “asegurar el suministro de los medicamentos formulados por el médico tratante... dentro de las 48 horas siguientes a la orden médica, con entrega domiciliaria si fuese necesario”. La orden judicial nunca fue acatada. Su hermana, Carolina Cuesta, relató a El Espectador la angustia vivida: “Nos agarró desprevenidas… pregunté desesperada por redes si alguien tenía, pero nada”. La reducción de la dosis, derivada de la escasez, agravó su estado hasta culminar en su fallecimiento el 11 de junio de 2025.

Un modelo fragmentado que genera riesgo clínico

El modelo colombiano de dispensación farmacéutica involucra tres actores —gestores como Colsubsidio, EPS como Famisanar y las IPS dispensadoras— sin que exista un sistema único de información entre ellos. Esta desarticulación ocasiona fallas logísticas que impactan directamente en la salud de los pacientes.

“La interrupción de un medicamento de segunda línea eleva en 30 % las urgencias”, advierte el neumólogo Sergio Gómez. Desde el Hospital Carisma, su gerente, Carlos Ignacio Cuervo, confirma que “cada vez que fallan las entregas aumentan las crisis hipertensivas y los eventos tromboembólicos”.

Respuesta institucional: ruptura del contrato y medidas de investigación

Tras estos hechos, la Supersalud inició una investigación administrativa que incluye revisión documental, audiencias de descargo, imposición de sanciones y seguimiento semestral a los planes de mejora. En paralelo, Famisanar anunció la terminación del convenio con Droguerías Colsubsidio, citando “incumplimientos sistemáticos” en la dispensación de medicamentos, lo que había impactado negativamente la continuidad de tratamientos para miles de afiliados.

Según datos entregados por la EPS, entre septiembre de 2023 y junio de 2025 Colsubsidio recibió $2.26 billones, de los cuales $753.656 millones correspondían a la dispensación de medicamentos. Durante ese mismo periodo, se registraron 27.657 PQRDS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias), de las cuales 10.688 seguían abiertas y 9.190 estaban relacionadas específicamente con demoras en la entrega de medicamentos.

Desde el 1 de agosto de 2025, cuatro nuevos operadores se encargarán del suministro farmacéutico en Bogotá, Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá: Ramédicas, Discolmets, Marcazsalud y Sikuany.

Actuación preventiva de la Procuraduría

En paralelo, la Procuraduría General de la Nación activó una actuación preventiva no sancionatoria sobre Famisanar, motivada por el aumento sostenido de tutelas, incidentes de desacato y quejas ciudadanas por fallas en la atención en salud. Se inspeccionaron las oficinas administrativas de la EPS y se recopilaron documentos técnicos, jurídicos y financieros.

Durante la visita, se evaluaron los tiempos de respuesta, trazabilidad, cumplimiento de plazos normativos y el manejo de las deudas con prestadores. Famisanar reportó un crecimiento del 9,2 % en su base de afiliados durante 2022, alcanzando los 3 millones de usuarios, sin que ello se reflejara en una ampliación proporcional de su capacidad operativa. El objetivo de la Procuraduría es determinar si hubo omisiones graves y, de ser así, proceder con investigaciones formales.

Montería: un espejo de la crisis nacional

La situación no es exclusiva de Famisanar. La Personería de Montería también denunció ante la Supersalud el incumplimiento sistemático en la entrega de medicamentos. Entre las irregularidades figuran retrasos injustificados, entregas parciales, desinformación sobre los pedidos y falta de alternativas para los pacientes. “La salud de los monterianos no puede seguir en pausa”, declaró el personero Luis Gabriel Degiovanni Behaine, quien exigió “medidas contundentes por parte de la Supersalud”. La Personería presentó tutelas, actas de reunión con EPS y visitas de verificación como evidencia de las fallas estructurales.

Un clamor ciudadano por el derecho al medicamento

El impacto de esta crisis ha provocado una movilización ciudadana. Diversos colectivos de pacientes, médicos y defensores de derechos han solicitado al Gobierno nacional la realización de un cabildo abierto para visibilizar la crisis de acceso a medicamentos. En la petición dirigida a la Casa de Nariño, se señala: “La ciudadanía organizada puede exponer de manera directa la magnitud de la grave crisis humanitaria que afecta actualmente al sistema de salud en Colombia”.

La carta destaca: “La vemos [la crisis] a diario en las dificultades para acceder a los medicamentos y tratamientos esenciales, en el cierre de servicios de atención (...) y en los retrasos inaceptables en tratamientos vitales que comprometen vidas”. También denuncia el incumplimiento sistemático de fallos de la Corte Constitucional, y sostiene que “las intervenciones en las EPS no han hecho más que agravar los problemas de acceso, calidad y oportunidad”.