La pérdida de audición y la sordera representan un desafío creciente para los sistemas de salud del mundo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “para 2050 se prevé que haya casi 2.500 millones de personas con algún grado de pérdida de audición y que más de 700 millones requieran rehabilitación”. Esta situación tiene un impacto profundo no solo en la calidad de vida de los afectados, sino también en los sistemas educativos, laborales y de salud, y en la economía global.

Actualmente, más del 5 % de la población mundial —unos 430 millones de personas, incluidos 34 millones de niños— necesita rehabilitación para corregir una pérdida de audición discapacitante.

El costo de no actuar también es elevado: “El costo mundial anual de los casos desatendidos de pérdida de audición asciende a casi USD 1.000 millones”, según la misma organización. A esto se suma un riesgo creciente en la población joven: “Más de 1.000 millones de jóvenes adultos corren el riesgo de sufrir una pérdida de audición evitable y permanente” debido a prácticas de audición poco seguras.

¿Qué es la pérdida de audición?

La OMS define la pérdida de audición como la dificultad para oír tan bien como una persona con audición normal (igual o mejor que 20 decibelios). Puede ser leve, moderada, grave o profunda, y afectar a uno o ambos oídos. Se considera discapacitante cuando supera los 35 dB en el oído que oye mejor.

Las personas con pérdida de audición leve a grave pueden comunicarse con la ayuda de audífonos, implantes cocleares o subtítulos. Sin embargo, “las personas sordas suelen padecer una pérdida de audición profunda, lo que significa que oyen muy poco o nada” y, en muchos casos, se comunican mediante lengua de signos.

Causas y momentos críticos

La pérdida de audición puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero ciertos periodos —como el prenatal y el perinatal— suponen mayor vulnerabilidad. Entre las causas más frecuentes se encuentran los factores genéticos, infecciones como la rubéola o la meningitis, traumatismos, exposición a ruidos fuertes, el uso de medicamentos ototóxicos y enfermedades crónicas.

En la infancia, destacan afecciones como la otitis media crónica. En adultos mayores, “más del 25 % de los mayores de 60 años padece una pérdida de audición discapacitante”.

Consecuencias de la pérdida no tratada

Las repercusiones de una pérdida auditiva no tratada pueden ser profundas: “Limitaciones en la comunicación y el habla, efectos adversos desde el punto de vista de la cognición, aislamiento social, soledad y estigma”. También conlleva impactos económicos y sociales, como la pérdida de años de vida saludable, limitaciones en la educación y el empleo.

La pérdida de audición puede prevenirse en gran medida. Según la OMS, “en los niños, casi el 60 % de la pérdida de audición se debe a causas evitables” que pueden abordarse mediante estrategias de salud pública. En adultos, también son prevenibles factores como la exposición a sonidos fuertes y medicamentos ototóxicos. Entre las medidas eficaces se encuentran la vacunación, el cuidado materno adecuado, la detección precoz de afecciones otológicas y las estrategias de escucha segura.

La detección temprana es fundamental: “Una vez que se detecta la pérdida de audición es fundamental comenzar a tratarla lo antes posible y de manera adecuada”. Para esto, la OMS ha desarrollado herramientas como la aplicación hearWHO, que facilita el diagnóstico inicial.

La rehabilitación cumple un papel clave en la calidad de vida de las personas con pérdida auditiva, incluyendo el uso de tecnologías como audífonos e implantes, terapia del lenguaje y acceso a sistemas de comunicación alternativa.

La OMS ha definido una hoja de ruta clara, apoyando a los países en la formulación de políticas, ofreciendo recursos técnicos y promoviendo campañas como el Día Mundial de la Audición. Además, afirma que “para ampliar los servicios de cuidado del oído y la audición en el mundo solo se necesita una inversión adicional anual de menos de USD 1,40 por persona” y que “después de 10 años, el rendimiento de esta inversión sería de casi USD 16 por cada dólar invertido”.

Invertir en prevención, diagnóstico y rehabilitación no solo es una prioridad sanitaria, sino también una decisión ética y económicamente rentable.

En Colombia

De acuerdo con el Censo nacional de población y vivienda 2018 del DANE, en Colombia existen más de 118 mil personas con sordoceguera, con base en la recomendación de la escala de identificadores de severidad de los niveles 1 y 2 del Washington Group.

En Colombia, las personas sordociegas —aquellas que presentan una combinación de deficiencias visuales y auditivas— enfrentan múltiples barreras para comunicarse, movilizarse, acceder a la educación, trabajar y ejercer su ciudadanía. Sin embargo, desde hace casi dos décadas, el país cuenta con un marco legal que reconoce su situación como una discapacidad única y promueve medidas específicas para su inclusión.

La Ley 982 de 2005 fue un paso pionero. Esta norma no solo reconoce la sordoceguera como una condición que requiere atención especializada, sino que establece que “a las personas sordociegas no se les puede negar el acceso al trabajo o a licencias para ejercer actividades, a menos que se demuestre que la función auditiva o visual es imprescindible para el trabajo”. Además, impulsa el acceso a la educación y servicios de apoyo que faciliten la autonomía y la participación activa de esta población.

En 2013, el país fortaleció este enfoque con dos desarrollos normativos claves. Por un lado, la Ley 1618, que establece lineamientos para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, y por otro, el Documento Conpes 166, que define la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social. Ambos instrumentos incluyen obligaciones concretas para que el Estado atienda las necesidades específicas de las personas sordociegas, desde una perspectiva de derechos humanos.

Estos marcos normativos reconocen, por ejemplo, la importancia de garantizar el acceso a la lengua de señas colombiana y otros sistemas alternativos de comunicación como el braille, la lengua de señas táctil, o el método Tadoma, herramientas esenciales para romper el aislamiento que muchas veces enfrentan las personas sordociegas.

En el ámbito educativo, se promueve el acceso en entornos inclusivos, con “apoyos especializados y adaptaciones necesarias” que permitan la participación efectiva de estudiantes sordociegos. Y en lo laboral, la política es clara: se debe promover la inclusión laboral, combatir la discriminación y garantizar condiciones salariales en igualdad de condiciones.

La implementación de esta normativa también se extiende a otros servicios clave. La política pública busca garantizar el acceso en condiciones de equidad a la salud, el transporte, la justicia y otros servicios esenciales, mediante la adopción de ajustes razonables que respondan a las necesidades particulares de esta población.

Un actor clave en este proceso es la Asociación Colombiana de Sordociegos (SURCOE), la cual ha liderado la defensa de los derechos de esta población y participa activamente en la formulación y seguimiento de políticas públicas. Su trabajo ha sido fundamental para visibilizar las necesidades y capacidades de una comunidad que, a pesar de las limitaciones sensoriales, reclama con firmeza su derecho a una vida plena, autónoma y digna.

Aún quedan desafíos por superar, especialmente en la implementación efectiva de estas políticas en todo el territorio nacional, pero el país ya ha trazado una ruta jurídica clara: una sociedad más accesible e incluyente para las personas sordociegas no solo es posible, sino un deber.