La decisión del alto tribunal marca un giro jurídico e institucional en uno de los casos más controversiales del sistema de salud colombiano. Keralty advierte: “No fue un error, fue una estrategia premeditada”.

La Sala Plena de la Corte Constitucional revocó la intervención administrativa de la EPS Sanitas, al amparar el derecho fundamental al debido proceso del Grupo Keralty. La decisión fue adoptada mediante la Sentencia SU-277 de 2025, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. De esta forma, el alto tribunal anuló tres resoluciones claves de la Superintendencia Nacional de Salud que habían ordenado y prorrogado la toma de posesión de la EPS entre 2024 y 2025.

Según la Corte, la Superintendencia vulneró los derechos de defensa y participación de las entidades accionantes —entre ellas Sanitas, Colsanitas y Medisanitas— al ejecutar la medida sin las garantías mínimas del debido proceso. Esto motivó al alto tribunal a dejar sin efectos las resoluciones 2024160000003002-6 (2 de abril de 2024), 2024100000003060-6 (10 de abril de 2024) y 2025320030001947-6 (1 de abril de 2025).

El fallo también ordena la restitución inmediata de los órganos de dirección y administración de Sanitas a sus accionistas, y remite el caso a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, para evaluar los efectos sobre el derecho a la salud en el país.

Keralty reacciona: “Nos devolvieron lo que es nuestro, pero no nos devuelven intacta ni la estructura ni el alma de EPS Sanitas”

La reacción de Keralty fue contundente. “Lo que debía ser un día de celebración por la restitución de la justicia, para nosotros es un día de duelo”, expresó la organización. En su pronunciamiento, el grupo empresarial afirmó que la intervención fue “una estrategia premeditada, arbitraria, malévola y anunciada públicamente”.

Juan David Rivero, abogado del grupo, señaló en rueda de prensa: “Es un día de una profunda reflexión porque queda claro que la estrategia que desplegó el Gobierno con la intervención de Sanitas, dirigida a debilitar el sistema de salud y a afectar a millones de pacientes, finalizó con la decisión de la Corte”.

Según Keralty, tras 15 meses de intervención, Sanitas fue desmantelada: “Grave afectación financiera, disminución en la calidad del servicio, fragmentación de la red de atención, crecimiento sin precedentes de quejas y tutelas, y profundo desgaste humano entre los colaboradores”.

Keralty aclaró que no busca retaliaciones, pero sí justicia, reparación integral y el establecimiento de responsabilidades.

A su vez, el abogado Rivero alertó: “Hasta el día de hoy no tenemos el texto de la sentencia, y el llamado a los usuarios es que haremos todo lo que tengamos que hacer”. También expresó preocupación por los altos niveles de peticiones, quejas y reclamos (PQR) y tutelas aún vigentes.

¿Qué viene ahora para Sanitas y sus afiliados?

Con la anulación de la intervención, Sanitas recupera el control total de sus operaciones. Así lo explicó la abogada especialista en seguridad social, Natalia Jaimes: “Sus usuarios volverán a ser atendidos bajo el mandato de la aseguradora y no de la Supersalud”. Esto implica que las decisiones administrativas, financieras y estratégicas que estaban bajo control de la Superintendencia volverán a la propia EPS.

Sin embargo, el fallo no significa una exoneración automática. “La Corte le da una nueva oportunidad, pero también una carga: demostrar que puede operar con compromiso con los millones de usuarios que dependen de ella”, advirtió Jaimes.

Durante la intervención, se evidenciaron problemas estructurales como retrasos en la entrega de medicamentos, demoras en autorizaciones y escasez de especialistas. Estos factores generaron una oleada de quejas que hoy siguen sin resolverse. “Estos problemas no se solucionan con una sentencia, se solucionan con gestión y estrategia. Ahora el turno es de Sanitas para abanderarse como una EPS de primera”, concluyó la experta.

El debate que sigue

Keralty aprovechó el momento para insistir en que el verdadero problema persiste: una crisis estructural del sistema de salud colombiano que afecta a todas las EPS. Señalan como factores críticos la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la concentración del riesgo en pocas aseguradoras y el peso de las deudas acumuladas, que se agravaron durante y después de la pandemia.

Estos elementos, advierte Keralty, fueron reconocidos incluso por la Corte en el Auto 007 de 2025. “El Estado no puede seguir incumpliendo su deber constitucional de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Sin esa base, el colapso será inevitable”.

¿Qué exige Keralty?

Ante este escenario, la organización hace un llamado a construir una coalición ética y técnica para reconstruir el modelo de salud en Colombia. La convocatoria está dirigida a empleados y directivos del sector, prestadores públicos y privados, usuarios, pacientes, servidores públicos comprometidos, actores políticos, la sociedad civil y el poder judicial.

“Estamos listos para iniciar el complejo proceso de reconstrucción de EPS Sanitas, pero esta tarea será ardua y dolorosa”. No obstante, también dejó una advertencia clara: si el Gobierno no asume sus responsabilidades financieras y regulatorias con seriedad, la EPS no podrá continuar su proceso de recuperación. “Si no se presenta el cumplimiento de estas obligaciones por parte del Gobierno, no nos quedará otra alternativa que desistir de nuestro propósito y voluntad de seguir adelante”.