Durante los últimos años, el panorama de Colombia frente al aumento del consumo de drogas psicoactivas cada vez es menos alentador. El más reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, realizado en 2019, identificó las sustancias ilegales más consumidas en el país, presentando estadísticas alarmantes respecto a las edades promedio de inicio de consumo y el porcentaje poblacional del mismo.

Los resultados de este estudio ubicaron a la marihuana como la sustancia más consumida por los colombianos, pues alrededor de un 8,2 % de la población entre los 12 y 65 años la ha consumido por lo menos una vez en su vida. En segundo lugar, se ubica el consumo de cocaína, con un 2,07 % de prevalencia en consumo. En los siguientes numerales se encuentran sustancias como el popper, analgésicos de origen opioide sin prescripción médica, el yagé, el éxtasis, LSD, basuco, hongos alucinógenos y el tussi.

Como sociedad, nos hemos enfrentado al aumento del consumo de sustancias que cada vez permea más a la población, sobre todo a los jóvenes del país, pues, de acuerdo con estudios realizados por el Ministerio de Justicia en el año 2022, se estima que un 35,8 % de escolares a partir de los 12 años han probado algún tipo de sustancia psicoactiva (SPA), la han comprado o la han compartido con sus propios compañeros, mostrando también altos índices de dependencia entre los niños y adolescentes que, muchas veces, inician consumiendo alcohol y progresivamente migran hacia otras sustancias más adictivas y peligrosas con el paso del tiempo.

En zonas del país como el departamento de Antioquia y la ciudad de Bogotá, que han sido de las más afectadas por el consumo de sustancias. Para el 2024 se presentaron informes de casos de niños que, desde los seis años, ya han tenido contacto con drogas y muchos otros casos de adolescentes que han tenido la necesidad de acudir a centros de rehabilitación en Bogotá.

Uno de los aspectos más preocupantes frente a esta problemática, como lo indica el cabildante Andrés Barrios, es que, debido al consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos cercanos a los centros educativos por parte de personas en condición de calle, en su mayoría, se propicia el aumento del microtráfico. Lo que favorece que niños y jóvenes tengan fácil acceso a este tipo de sustancias que atentan contra su salud y su vida misma. Adicional a esto, se encuentra la poca intervención del Estado, que, como medida más prevalente para mitigar la problemática, ha optado por aplicar comparendos a los consumidores, lo cual ha sido muy poco efectivo para abordar y dar solución real a la situación.

Es preciso mencionar que los datos asociados a los estratos sociales, correlacionados con los índices de consumo, ubican a los estratos 1 y 2 como los de mayor consumo de SPA y a los estratos 4, 5 y 6 con índices más altos asociados al consumo de alcohol, arrojando que las poblaciones menos favorecidas presentan cifras más altas frente al uso perjudicial y abusivo de los mismos.

En el caso de Antioquia, el panorama es mucho más desalentador, ya que en la ciudad de Medellín se encuentra el índice más alto de consumo de SPA del país. Para el año 2021, la Secretaría de Juventud de la ciudad informó que alrededor de 227.137 habitantes del área metropolitana presentaban dependencia o consumían sustancias psicoactivas, siendo los jóvenes entre los 12 y 24 años los más impactados por dicha problemática.

En esta zona del país se identifica que las sustancias psicoactivas más consumidas son la marihuana, la cocaína y el tussi, y, principalmente, en los estratos socioeconómicos más bajos se encuentra una alta prevalencia en el consumo de bazuco. También se encontró que los sectores de mayor consumo son la zona céntrica de la ciudad, El Poblado y gran parte de la zona nororiental de la ciudad.

Durante el presente año, en el departamento de Antioquia se han presentado nuevas cifras y nuevas problemáticas, como la llegada de drogas emergentes cada vez más tóxicas y perjudiciales para la salud, y, asimismo, la rápida propagación del consumo de las mismas en Medellín, como es el caso del fentanilo y los cócteles o mezclas de sustancias que atentan contra la salud pública.

El E.S.E. Hospital Carisma, en voz de su gerente, Carlos Ignacio Cuervo, indicó que, siendo ellos la principal entidad pública de la ciudad especializada en salud mental y conductas adictivas, han evidenciado un alto índice de hospitalizaciones derivadas del consumo abusivo de drogas, siendo la marihuana y la cocaína las sustancias más comunes. Pero también se resalta la presencia de peligrosas mezclas como fentanilo y medicamentos de control, productos veterinarios, analgésicos y barbitúricos, destacando también que estas sustancias emergentes generan impactos cada vez más negativos en la salud de los consumidores, ya que se ha evidenciado que en muchas de ellas se puede encontrar desde harina hasta ripio de ladrillo, como en el caso del famoso “perico”, que es otra sustancia común en la ciudad paisa.

Adicionalmente, también se debe sumar al gasto de las hospitalizaciones el costo que significa para el Estado las repercusiones físicas y cognitivas que recaen sobre los consumidores dependientes, que cada vez sobrecargan más el sistema de salud y la situación de la ciudad a nivel social.

Desde el marco de la Política de Drogas 2023-2033 “Sembrando la vida, desterramos el narcotráfico”, el Gobierno nacional planteó que una de las principales barreras que se presentan para mitigar el impacto de la situación en cuestión es la estigmatización y discriminación que socialmente recae sobre el consumidor, que muchas veces desencadena la misma exclusión social que agrava cada vez más el contexto actual.

Desde esta política, y desde las mismas medidas locales frente a la problemática, se propone dar un enfoque de descriminalizar el consumo y, mediante procesos educativos, instruir a la comunidad sobre los riesgos del consumo, las consecuencias para la salud del consumidor, su entorno y la sociedad misma. Asimismo, a través de proyectos sociales e instituciones como el E.S.E. Hospital Carisma, ejecutar procesos de rehabilitación y resocialización que sean efectivos e impacten la calidad de vida de la población en general, dejando de lado medidas represivas como la intervención física por parte de instituciones como la Policía, la sola estigmatización social que en nada aporta a la causa y solo el impartir comparendos, que, como medidas de mitigación o solución, no han sido efectivas ni mucho menos asertivas.