Colombia entra al ciclo electoral 2026–2030 con un sistema de salud que, aunque ha consolidado coberturas cercanas a la universalidad y ha garantizado la protección financiera de las familias, hoy evidencia un desgaste significativo que no puede ser minimizado. La posible insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el desfinanciamiento de los presupuestos máximos, la alta carga de enfermedad, la transición epidemiológica, la pérdida del concepto de plan de beneficios, la erosión de la confianza entre agentes del sector, la judicialización del acceso, las tensiones de liquidez y las inequidades territoriales, configuran un punto de inflexión sistémico.

No se trata de una crisis terminal del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sino de una crisis de maduración que exige una reingeniería del modelo de financiamiento, aseguramiento y prestación, orientada a resultados en salud, que responda a las necesidades de los pacientes y generadora de valor. No podemos olvidar que todos los sistemas de salud son imperfectos y necesitan ajustes frecuentemente. Este debe ser el enfoque del debate presidencial de 2026.

Desde la perspectiva de los prestadores hospitalarios tanto públicos como privados, el punto de partida es claro: existen muchas necesidades insatisfechas en salud de la población y la sostenibilidad no se resuelve con debates sobre la dicotomía entre modelos estatales o de mercado. Los sistemas resilientes combinan aseguramiento solidario, competencia regulada, participación pública y privada, rectoría técnica e institucional independiente, y alineación de incentivos hacia el valor en salud. El reto no es necesariamente sustituir actores, sino articularlos bajo reglas claras de gobernanza, transparencia, seguridad jurídica y responsabilidad.

En el debate técnico y de política pública se identifican tres líneas de evolución. La primera corresponde a ajustes del modelo vigente, con énfasis en sostenibilidad financiera, gestión del riesgo en salud y estabilización de flujos mediante giro directo, ajustes de la UPC y depuración de cartera. La segunda plantea transformaciones estructurales hacia redes integrales e integradas de servicios de base territorial, con mayor rol del Estado en la prestación y reorganización institucional. La tercera, incorpora rectoría del dato, interoperabilidad, fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud como eje y compra estratégica basada en valor.

Sin embargo, el debate sigue concentrado en el diseño normativo, sin abordar con suficiencia la necesidad de un plan de choque y una ruta de transición protegida que garantice la continuidad de la prestación y posteriormente abordar una reforma, su implementación, la gobernanza operativa y la capacidad institucional, que han sido históricamente los principales puntos de falla de las reformas en salud en Colombia.

La sostenibilidad del sistema depende de abordar con claridad la suficiencia financiera sectorial, reglas claras de flujo de recursos y mecanismos efectivos de compra estratégica. No es viable una reforma sin depuración técnica de cartera, consolidación de información financiera y protección del flujo corriente frente a la deuda acumulada.

La gestión del flujo de recursos no puede seguir operando como mecanismo de ajuste de tensiones estructurales. La separación entre flujo corriente y pasivos acumulados, junto con esquemas de pago oportuno, trazabilidad financiera y control concurrente, es condición básica para garantizar continuidad en la prestación.

El reto del próximo gobierno deberá ser menos ideológico y más técnico: consolidar reglas estables de gobernanza que no se redefinan en cada ciclo electoral. Entre las decisiones ineludibles están la transparencia y la verdad financiera del sistema, la interoperabilidad del dato en salud, la reorganización de redes, la protección del talento humano como variable crítica y la transición hacia modelos de pago basados en valor.

El desafío de fondo es político e institucional: evitar que el sistema opere bajo una lógica de reinicio cada cuatro años.

El llamado es a elevar el nivel del debate. No se trata de defender modelos, sino de construir condiciones que aseguren la sostenibilidad del sistema, la capacidad de respuesta a los pacientes, la generación de valor, el cierre de inequidades y la confianza entre los actores.