La promesa de sistemas universales de salud en América Latina sigue enfrentándose a una realidad marcada por desigualdades persistentes, informalidad laboral y restricciones fiscales. Ese fue el punto de partida de la segunda sesión de las Jornadas Académicas Latinoamericanas, realizada en el marco de la Semana de la Seguridad Social 2026, en la que expertos de la región analizaron los desafíos que amenazan la sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones.

El encuentro, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Grupo de Economía de la Salud de la Universidad de Antioquia, se consolidó como un espacio de diálogo regional. Desde la apertura, los organizadores insistieron en la necesidad de avanzar hacia propuestas concretas: “Confiamos en que estas jornadas serán un punto de encuentro para el debate crítico y la construcción de propuestas”.

La moderadora, Natalia Dobles Trejos (Costa Rica), subrayó que la salud trasciende lo sanitario: es clave para la productividad, la cohesión social e, incluso, la estabilidad política. No obstante, advirtió que la región sigue marcada por profundas brechas: “Las desigualdades sanitarias están asociadas a la pobreza, la informalidad, el territorio y el acceso desigual a los servicios”.

El debate giró en torno a dos preguntas centrales: ¿si es posible hablar de universalidad cuando persisten barreras de acceso?, y ¿hasta qué punto la desigualdad y la debilidad institucional determinan el éxito —o el fracaso— de las reformas en salud?

Costa Rica: un sistema sólido, pero bajo presión

El investigador Andrey Badilla Solano (Costa Rica) expuso un diagnóstico claro: el sistema costarricense enfrenta tensiones derivadas de su alta dependencia del empleo formal.

“Hay una alta dependencia del mercado laboral formal”, explicó. En un contexto en el que más de la mitad de la fuerza laboral no contribuye —entre desempleo e informalidad—, la base financiera se debilita. “Esto provoca una alta presión financiera sobre la institución”, advirtió.

El problema es estructural: el modelo fue diseñado bajo supuestos que ya no se cumplen. “Asume pleno empleo y alta formalidad, condiciones que no se dan desde hace décadas”. A esto se suma la automatización, que podría reducir aún más la base contributiva.

El panorama se agrava con la deuda estatal, cercana al 7,2 % del PIB, y con proyecciones críticas: “Las reservas del seguro de salud podrían agotarse hacia 2036”.

Badilla introdujo, además, un elemento clave: la migración. La incorporación de población migrante podría contribuir a sostener los sistemas en sociedades con envejecimiento acelerado.

Ecuador: crisis institucional y riesgos de mercantilización

La economista Katiuska King Mantilla (Ecuador) describió un sistema en deterioro: “Hablar de la salud en Ecuador es hablar de una situación que empeora día tras día”.

A las fallas estructurales se suma un aumento inusual en solicitudes de pensiones en 2021, en medio de cuestionamientos por corrupción. En este contexto, la Corte Constitucional ha tenido un papel ambiguo.

Por un lado, eliminó un mecanismo de reembolso al sistema público; por otro, avanzó en la regulación del acceso a medicamentos mediante la Sentencia 679-18JP, introduciendo criterios sobre calidad, seguridad y conflictos de interés.

El riesgo de fondo, advirtió King, es la mercantilización: “El reconocimiento del derecho a la salud puede ser aprovechado para convertirla en un negocio”.

Perú: avances con un sistema fragmentado

El análisis de Álvaro Vidal (Perú) evidenció una paradoja: mejoras en indicadores como la mortalidad infantil conviven con profundas desigualdades.

“Tenemos un sistema fragmentado que responde a un esquema de aseguramiento, no a uno solidario”, explicó. La falta de interoperabilidad entre sectores limita su eficiencia.

El financiamiento refleja estas brechas: el gasto de bolsillo sigue siendo alto y cerca del 30 % de los trabajadores está excluido del sistema contributivo.

Vidal planteó la necesidad de un nuevo contrato en seguridad social, al recordar que el modelo actual se configuró en los años noventa sin un amplio debate público.

La migración también ha impactado el sistema. Más de tres millones de venezolanos han llegado al país, muchos en la informalidad, lo que incrementa la presión sobre servicios ya limitados. “El problema es que no se discute públicamente, y eso lo agrava”, advirtió.

Brasil: universalidad con presión financiera

El caso de Lucía Cortés de Costa (Brasil) mostró un sistema basado en el derecho universal, pero con crecientes restricciones.

El Sistema Único de Salud (SUS) garantiza atención integral y gratuita, incluso en procedimientos de alta complejidad. Además, incorpora participación social, con usuarios que representan el 50 % de los consejos de salud.

Sin embargo, enfrenta limitaciones. El gasto público se mantiene entre el 4 % y el 5 % del PIB, mientras que el gasto privado sigue en aumento.

Las políticas de austeridad han dejado efectos visibles: reducción de coberturas, caída en la vacunación y deterioro de indicadores sociales.

Sostenibilidad y equidad, principal reto en salud regional

Más allá de las diferencias nacionales, el diálogo dejó una conclusión clara: los sistemas de salud de la región enfrentan un desafío estructural en contextos de envejecimiento poblacional, precariedad laboral y cambios tecnológicos.

El consenso es contundente: la salud debe entenderse como una inversión estratégica. Sin embargo, avanzar hacia sistemas sostenibles requerirá más que ajustes técnicos: implica reformas profundas y nuevos acuerdos sociales.

Colombia: cobertura alta, acceso en tensión

En Colombia, el sistema refleja esta misma paradoja: amplia cobertura formal, pero dificultades en el acceso efectivo. La afiliación alcanza cerca del 98,9 % de la población, uno de los niveles más altos de la región. Sin embargo, persisten brechas, especialmente en zonas rurales, donde la oferta de servicios es limitada.

La percepción de los usuarios también se ha deteriorado. Según el DANE, en 2025 alcanzó su nivel más bajo desde 2019. La judicialización sigue siendo un indicador crítico. En 2024 se registraron más de 219.000 tutelas, principalmente por barreras administrativas y negación de servicios.

Las quejas también aumentan: en el primer semestre de 2025 se reportaron cerca de 978.000 peticiones, junto con un incremento del 16,4 % en tutelas.

A esto se suma la presión financiera. El sistema acumula deudas superiores a 32 billones de pesos entre EPS y prestadores, además de tensiones por el desbalance entre costos y la UPC.

En conjunto, el país enfrenta un punto de inflexión: logró una cobertura casi universal, pero ahora el desafío es garantizar acceso oportuno, calidad y sostenibilidad. El debate ya no es cuántos están afiliados, sino si el sistema puede responder efectivamente a las necesidades de la población.