MEDELLÍN, COLOMBIA, SURAMERICA No. 332 MAYO DEL AÑO 2026 ISNN 0124-4388
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La salud vuelve al centro del debate electoral en Colombia. En medio de una crisis marcada por problemas financieros, barreras de acceso y pérdida de confianza, los candidatos presidenciales coinciden en la necesidad de intervenir el sistema, aunque difieren en el alcance de sus propuestas y en su visión de largo plazo.
Entre los candidatos inscritos se encuentran Abelardo de la Espriella, Gustavo Matamoros, Iván Cepeda (Pacto Histórico), Mauricio Lizcano, Paloma Valencia (Centro Democrático), Roy Barreras, Santiago Botero, Sergio Fajardo (Dignidad & Compromiso) y Claudia López (Con Claudia, Imparables), etc.
El próximo Gobierno deberá enfrentar retos como la sostenibilidad financiera del sistema, el acceso oportuno a servicios, la situación de las EPS, el fortalecimiento de la atención primaria y la gestión del talento humano.
El punto de partida es crítico. En los últimos años, el sistema ha enfrentado cierres de servicios, aumento de deudas y dificultades en la atención.
El exministro Alejandro Gaviria ha advertido, en distintos escenarios públicos, que el sistema de salud atraviesa uno de sus momentos más complejos, marcado por tensiones financieras, problemas en la atención de pacientes y una creciente pérdida de confianza entre los actores.
Las propuestas recogidas provienen de entrevistas en medios de comunicación, documentos programáticos y declaraciones públicas de campaña.
Las candidaturas se agrupan en tres enfoques: transformación estructural, estabilización operativa y continuidad con ajustes.
Iván Cepeda plantea una línea cercana al actual Gobierno. Su propuesta apunta a “garantizar el fortalecimiento y la reforma del sistema de salud” y a impulsar “un sistema de salud integral con monitoreo permanente de salud mental y prevención del suicidio”, con énfasis en cambios estructurales de largo plazo.
En contraste, Paloma Valencia propone una intervención rápida orientada a recuperar la operación del sistema. Su estrategia incluye un Puesto de Mando Unificado 24/7 y la meta de resolver “10 millones de atenciones represadas en medicamentos, citas y procedimientos” en los primeros 100 días de gobierno, manteniendo el modelo de aseguramiento.
Abelardo de la Espriella plantea un plan de salvamento de 90 días con una inversión de 10 billones de pesos, “para detener la hemorragia financiera y asistencial, restablecer el flujo de recursos, pagar deudas críticas, recuperar tratamientos interrumpidos y garantizar que las instituciones continúen operando”.
Por otra parte, Sergio Fajardo propone un enfoque técnico que combina medidas inmediatas con ajustes estructurales. Reconoce “inequidades históricas” y plantea un modelo “sostenible, justo y legítimo, que genere confianza en todos los actores”, incluyendo el recálculo de la UPC y el pago de deudas.
En esta misma línea, Claudia López propone un modelo mixto con mayor rectoría pública, orientado a ordenar el sistema, fortalecer la prevención y mejorar la oportunidad en la atención, con énfasis en atención primaria, salud mental y equidad territorial.
En diciembre de 2025, Roy Barreras presentó, en medios nacionales, una propuesta enfocada en el acceso a medicamentos, basada en la entrega domiciliaria y el pago oportuno a farmacias. En ese contexto, afirmó: “Los medicamentos deben llegar a la casa por Rappi, garantizados y a tiempo” y “vamos a pagarles a las farmacias sin retrasos, impulsar la producción nacional negociando patentes y asegurar que ningún colombiano vuelva a quedarse sin su tratamiento”.
Por su parte, Mauricio Lizcano, en entrevistas, planteó declarar una emergencia humanitaria en salud durante los primeros 100 días, con el giro de al menos 10 billones de pesos a hospitales y la creación de un corredor humanitario para la entrega de medicamentos. A mediano plazo, propone modificar el esquema de financiamiento, reemplazando la UPC por un modelo basado en resultados.
Finalmente, Gustavo Matamoros propuso una revisión técnica del sistema mediante una comisión de expertos y el fortalecimiento del enfoque de salud pública, con énfasis en prevención a través de vacunación, tamizaje, acceso a agua potable y nutrición infantil.
Más allá de las diferencias, las propuestas coinciden en la necesidad de recursos adicionales, corregir fallas en el flujo financiero y resolver la atención represada.
Aunque varias campañas coinciden en la necesidad de una inyección urgente de recursos al sistema, no todas detallan con claridad la fuente de financiación. Algunas propuestas mencionan planes de choque de hasta 10 billones de pesos para estabilizar hospitales, garantizar medicamentos y sanear deudas; sin embargo, persisten interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de estas medidas y sobre si los recursos provendrían del Presupuesto General de la Nación, la ADRES, emisión de deuda u otros mecanismos extraordinarios.
Las divergencias se concentran en el diagnóstico sobre la suficiencia de los recursos —especialmente la UPC— y en el alcance de las reformas. Mientras algunas campañas apuntan a problemas de gestión y liquidez, otras cuestionan el diseño del sistema.
Persisten preguntas estructurales sobre el rol de las EPS, el modelo de aseguramiento y la sostenibilidad financiera.
El exministro Alejandro Gaviria insiste en que cualquier salida a la crisis debe incluir señales de confianza para el sistema, así como mecanismos de estabilización financiera y articulación entre actores públicos y privados.
Sin embargo, el debate público aún no refleja plenamente la magnitud del problema. “No veo que sea un tema que genere indignación en la sociedad como debería”.
En paralelo al debate electoral, sectores académicos también han llamado la atención sobre la profundidad de la crisis que enfrenta el sistema de salud y la necesidad de adoptar decisiones técnicamente sustentadas desde el inicio del próximo Gobierno.
En un reciente pronunciamiento firmado por académicos y expertos vinculados a la Universidad EAFIT, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Rosario y la Universidad EIA, se señaló que Colombia enfrenta “una de las coyunturas más críticas en la historia reciente de su sistema de salud”, marcada por el deterioro financiero, las barreras de acceso y la pérdida de capacidad institucional.
El documento advierte que “la insuficiencia de recursos frente a las necesidades reales en salud, sumada a retrasos en los flujos financieros”, ha puesto en riesgo la estabilidad de hospitales, prestadores y proveedores de medicamentos.
Además, plantea preocupaciones frente a la incertidumbre institucional derivada de las intervenciones a EPS y de decisiones que, según el texto, han debilitado la arquitectura del sistema. “Hoy resulta evidente que el sistema se encuentra en un punto crítico que exige decisiones urgentes y técnicamente fundamentadas”.
Entre las prioridades propuestas, los expertos hicieron “un llamado de urgencia al Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto de 2026 para que adopte, desde el primer día, un conjunto de acciones concretas que permitan estabilizar el sistema y sentar las bases de su sostenibilidad en el mediano y largo plazo”.
En esa línea, insistieron en la necesidad de un plan de choque financiero que permita sanear la cartera hospitalaria, ajustar técnicamente la UPC y fortalecer la gestión de recursos desde la ADRES, al advertir que “sin este primer paso, cualquier reforma estructural será inviable”.
Nota: Este análisis recoge propuestas públicas en salud de algunos candidatos presidenciales. En la primera mención, los aspirantes se enuncian en orden alfabético; posteriormente, las propuestas se organizan según enfoques temáticos para facilitar la comparación. No constituye un listado exhaustivo de candidaturas ni implica un orden de relevancia política o electoral.
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