Según el estudio de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), la deuda de las EPS intervenidas y con medida de vigilancia especial llegó a $12.6 billones.

En los últimos meses del Gobierno continúan evidenciándose los impactos de la insuficiencia de recursos asignados al sistema de salud, advertidos desde 2024. Este desbalance se refleja, de manera más crítica, en el incremento de la deuda de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con hospitales y clínicas del país.

El más reciente estudio de cartera hospitalaria de la ACHC, con corte a diciembre de 2025, revela que 232 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) reportan obligaciones pendientes por cerca de $25.7 billones.

El informe señala que esta cifra representa un incremento del 7 % frente a junio de 2025, equivalente a cerca de $1.7 billones. Además, advierte un deterioro en la calidad de la cartera, pues la proporción de deuda en mora pasó del 56 % al 58 %, lo que equivale a más de $1.4 billones adicionales entre un corte y otro.

Principales deudores del sistema

Al ordenar la cartera en mora, la lista la encabeza Nueva EPS, seguida por Coosalud, Sanitas, Savia Salud, Emssanar, Medimás, Famisanar, ADRES, FOSYGA, Asmet Salud y Coomeva. En conjunto, estas entidades acumulan más de $15.2 billones y una cartera morosa cercana a $9.7 billones, equivalente al 63,8 % del total.

En el caso de Savia Salud, el informe advierte un deterioro financiero progresivo, reflejado en el aumento de su cartera vencida y en las dificultades de liquidez reportadas en los últimos años.

El análisis también incluye obligaciones asociadas a la ADRES y al extinto FOSYGA, entidades responsables del flujo y reconocimiento de recursos dentro del sistema de salud.

EPS intervenidas

Un punto crítico del informe es el peso de las EPS intervenidas o bajo medida especial de la Superintendencia de Salud. Estas diez entidades adeudan más de $12.6 billones, lo que representa el 70 % de la deuda total de las EPS en operación. Además, concentran el 79,5 % de la cartera en mora del sistema.

Fuente: Estudio de cartera hospitalaria ACHC - Corte: diciembre de 2025. Infografía propia.

Entre ellas, Asmet Salud, Coosalud y Nueva EPS presentan las mayores concentraciones de mora, con 72,4 %, 70,7 % y 67 %, respectivamente.

Frente a junio de 2025, estas entidades incrementaron su cartera en 12,7 % (más de $1.4 billones), elevando la concentración de mora del 59,1 % al 65,6 %.

La EPS con mayor incremento absoluto fue Nueva EPS, con más de $649 mil millones, seguida por Coosalud ($206 mil millones) y Emssanar ($168 mil millones), concentrando estas tres el 71,8 % del crecimiento del grupo intervenido.

Consideraciones del gremio

Para la ACHC, las cifras reflejan la “profunda falta de liquidez” del sistema, por lo que insiste en la necesidad de medidas urgentes para garantizar el flujo de recursos.

El director de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, señaló que “hemos requerido en innumerables ocasiones decisiones como la capitalización de estas entidades, el incremento del porcentaje del giro directo, la creación de un Fondo de Garantías y la aplicación estricta de normas como la Circular 015, que prohíbe la concentración de pagos en entidades de integración vertical”.

Asimismo, añadió que estas medidas buscan “afrontar la difícil coyuntura y aliviar la asfixia de los prestadores, mientras avanzamos en la obligación inaplazable que tenemos como sector de replantear el funcionamiento estructural del sistema actual”.

El gremio advierte que la falta de liquidez ha obligado a las IPS a reconfigurar servicios, en un contexto donde cerca del 50 % del activo corresponde a cuentas por cobrar. Por ello, insiste en la necesidad de un plan extraordinario de liquidez y de un rescate financiero estructural para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Disputa ADRES–ACHC por presunta cartera

La controversia por una presunta cartera de $612.000 millones entre la ADRES y la ACHC escaló tras versiones encontradas sobre su existencia.

La ADRES rechazó de “manera categórica” la existencia de obligaciones vencidas con prestadores. La entidad sostuvo que “no tiene ni puede tener cuentas vencidas, ni registra en su contabilidad deudas con las IPS del país”.

Agregó que solo existen cuentas en proceso de auditoría. “La ADRES únicamente tiene cuentas en trámite de auditoría por concepto de accidentes de tránsito sin SOAT, cuyo total estimado a pagar no llega a la décima parte del valor mencionado”, indicó.

También señaló que es necesario depurar la información financiera de las IPS: “Lo deseable es que las IPS depuren sus estados financieros, dando de baja cuentas por cobrar, vencidas por términos o Viene de la página 9 previamente rechazadas, que no tienen posibilidad real de recaudo”.

En respuesta, la ACHC ratificó sus cifras: “Debemos ratificar que lo publicado coincide de manera fidedigna con los reportes allegados al estudio por cada una de las IPS”.

El gremio añadió que “hacemos la atención de la población, sus intervenciones, sus consultas, sus cirugías y, posteriormente, avanza un proceso administrativo que deriva en la facturación”, y que “desde ese punto se genera una deuda y una legítima expectativa de recuperación de esa cartera”.

Ambas entidades acordaron avanzar en mesas técnicas para revisar y cruzar información.

UPC en el centro del debate

La persistencia de la cartera hospitalaria en el sistema de salud reactivó la discusión sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un tema advertido durante al menos tres años y objeto de pronunciamientos de la Corte Constitucional, que ha ordenado revisar su metodología de cálculo. Este debate se centra en el hecho de que la UPC constituye la principal fuente de financiación del sistema y determina la capacidad de las EPS para responder oportunamente a los pagos de la red hospitalaria, por lo que sus posibles insuficiencias o desajustes terminan reflejándose en la acumulación de deudas con hospitales y clínicas del país.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha defendido el modelo de aseguramiento. Señaló que “la UPC muy claramente la definió la Corte como una prima de seguro. Estamos hablando de cosas muy claras: tenemos una aseguradora y tenemos una prima”.

Ha insistido en que el debate no debe centrarse solo en los recursos, sino en su eficiencia: “Nunca nos hablan de la eficiencia de los recursos, siempre nos hablan es de que necesitan más dinero”.

Este panorama evidencia la tensión entre los recursos reconocidos vía UPC y su flujo efectivo hacia la red hospitalaria, especialmente en las EPS intervenidas o bajo vigilancia, que concentran una proporción significativa del pasivo.

Organizaciones como Pacto por una Mejor Salud y Todos por la Salud han calificado la corrección de la UPC como una “urgencia vital”, mientras la Corte Constitucional ha respaldado la necesidad de revisión.

En este contexto, el debate sobre la UPC deja de ser únicamente técnico y se consolida como un punto crítico de la sostenibilidad financiera del sistema de salud. La persistencia de la cartera hospitalaria, el alto nivel de mora y la concentración de la deuda en EPS intervenidas evidencian tensiones estructurales entre el reconocimiento de los recursos y su flujo efectivo hacia la red de prestación.

Mientras el Gobierno, el gremio hospitalario y distintos actores del sector mantienen posiciones divergentes sobre las causas y soluciones, el sistema continúa operando bajo presión financiera. La discusión, advierten distintos sectores, ya no se limita al valor de la UPC, sino a la capacidad real del modelo para garantizar la atención oportuna y la estabilidad de los prestadores en el país.

Diez principales deudores según cartera en mora

Nota: Cifras en miles de pesos y participación porcentual. La deuda de nueva EPS y Coosalud corresponde a ambos regimenes. Fuente: Tabla de la ACHC