La demora en la entrega de medicamentos se ha convertido en una constante para miles de pacientes en Colombia. En algunos casos, la espera puede extenderse hasta seis meses, incluso cuando se trata de tratamientos esenciales para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cáncer. Lo que debería ser una garantía del sistema hoy se traduce en incertidumbre y riesgo para la continuidad de los tratamientos.

Así lo advierte un informe reciente de la Defensoría del Pueblo, que señala una crisis estructural en el acceso a medicamentos en el país. Según la entidad, el 90 % de los pacientes ha enfrentado retrasos en la entrega de sus tratamientos, una cifra que coincide con reportes de la Superintendencia Nacional de Salud y con hallazgos recogidos en el territorio.

Durante la presentación del informe, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que la situación exige decisiones de fondo: “Es urgente adoptar medidas que superen la crisis en la prestación de servicios y aseguren el acceso oportuno y efectivo a la salud, incluyendo responsabilidades claras para los actores privados en la garantía de este derecho”.

El panorama también evidencia tensiones en la sostenibilidad financiera del sistema. De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, Colombia destina el 5,6 % de su PIB al sector salud, por debajo del promedio regional del 6,5 %, una brecha que profundiza las dificultades de acceso, especialmente en poblaciones vulnerables.

En ese contexto, la crisis de medicamentos se inscribe en un escenario más amplio de fragilidad institucional. La defensora Marín hizo un llamado a fortalecer la capacidad institucional de los organismos de control: “A respetar la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo. Contar con los recursos para las y los defensores públicos y todo el personal de la Defensoría. Cuando no hay defensa pública al día, el sistema de justicia también tiene un deterioro”.

El informe permite una lectura central: la entrega tardía de medicamentos no es un fenómeno aislado, sino una expresión de fallas estructurales del sistema de salud que afectan directamente el acceso oportuno y continuo a los tratamientos en Colombia.

Presión económica y fallas en el flujo de recursos

La directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica, Clara Rodríguez, explicó que el gasto de bolsillo ha aumentado de forma significativa. Según la vocera, la tendencia es creciente: “Hay un aumento del 18 % en el gasto de bolsillo de los medicamentos que deberían darse a través del sistema de salud”. Este comportamiento se refleja especialmente en medicamentos de uso frecuente. “Hoy la gente está comprando más analgésicos […] antiinflamatorios. Está comprando medicamentos para tratar su diabetes”, advirtió, al alertar sobre los riesgos de la interrupción de tratamientos.

Frente a versiones sobre desabastecimiento, la industria farmacéutica descartó fallas en la producción. “No ha habido ninguna interrupción en la producción. Es decir, no hay una razón de orden logístico […] para decir que esta es la razón por la cual no hay medicamentos”, explicó Rodríguez.

Decisiones regulatorias: el caso dolutegravir

En este escenario, el acceso a medicamentos también ha estado marcado por tensiones regulatorias. Colombia enfrentó un litigio internacional relacionado con la licencia obligatoria del dolutegravir, un medicamento clave para el tratamiento del VIH.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina concluyó que el país actuó “en plena conformidad con el ordenamiento jurídico andino” al adoptar esta medida, orientada a facilitar el acceso mediante versiones genéricas y reducción de precios.

El proceso se inició en octubre de 2023, cuando el Gobierno declaró de interés público este fármaco de primera línea —respaldado por la Organización Mundial de la Salud—. Posteriormente, en abril de 2024, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó la licencia obligatoria, decisión confirmada en junio tras resolver los recursos de las farmacéuticas titulares de la patente.

El Estado colombiano defendió que la medida no elimina los derechos de propiedad intelectual, sino que constituye un mecanismo legal para garantizar el acceso. En esa línea, la autoridad señaló que “el otorgamiento de la licencia obligatoria obedeció a la necesidad de atender una situación concreta de salud pública en el territorio nacional”.

El caso del dolutegravir sintetiza la tensión entre sostenibilidad del sistema, propiedad intelectual y garantía del derecho a la salud, en un contexto donde el acceso efectivo a medicamentos sigue siendo uno de los principales retos estructurales del país.

Fuente: Defensoría del Pueblo, Superintendencia Nacional de Salud, Organización Panamericana de la Salud, Asociación Colombiana de industria Farmacéutica (ASCIF). Infografía propia.