Colombia inicia un nuevo ciclo político en medio de la mayor crisis que ha enfrentado el Sistema General de Seguridad Social en Salud desde la expedición de la Ley 100 de 1993. Tras más de tres décadas de funcionamiento, el modelo de aseguramiento evidencia un profundo deterioro financiero, operativo e institucional, reflejado en el aumento de la siniestralidad, la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el debilitamiento patrimonial de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), la crisis de liquidez de clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos, y la pérdida de confianza entre los actores del sistema.

Los estados financieros consolidados de 23 EPS, publicados por la Superintendencia Nacional de Salud con corte al 31 de mayo de 2026 —sin incluir a Nueva EPS, que aún no había reportado información— muestran que la crisis continúa profundizándose. Aunque la ausencia de la entidad con mayor número de afiliados limita el análisis global, los resultados evidencian un sistema con una capacidad operativa cada vez más comprometida.

Las cifras son elocuentes. Sin contar a Nueva EPS, las aseguradoras registraron pérdidas operacionales cercanas a $2.9 billones y pérdidas netas por $1.7 billones. A ello se suma un patrimonio negativo de $18.7 billones, resultado de activos por $21.5 billones frente a pasivos por $40.2 billones, un escenario de inviabilidad estructural que amenaza la sostenibilidad y la continuidad en la prestación de los servicios de salud.

La principal causa es la creciente siniestralidad. Los costos y gastos asistenciales ya superan el 108 % de los ingresos del sistema, lo que significa que las EPS gastan más de lo que reciben para financiar la atención. Este desequilibrio ha generado pérdidas recurrentes, deterioro patrimonial e incumplimiento de los indicadores financieros, además de afectar el pago oportuno a hospitales, clínicas y demás proveedores.

En este contexto, el nuevo Gobierno enfrenta dos retos inmediatos: garantizar la liquidez necesaria para asegurar la atención de más de 52 millones de afiliados y avanzar en una reforma estructural técnicamente sólida, participativa y financieramente viable que permita recuperar la sostenibilidad del sistema y superar la polarización del debate.

En ese escenario, el documento Propuestas para la estabilización, recuperación y fortalecimiento del sistema de salud en Colombia 2026-2030, elaborado por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), se convierte en uno de los insumos que hoy alimentan la discusión pública sobre el futuro del sistema. El texto plantea una ruta centrada en el saneamiento financiero, el fortalecimiento institucional, la modernización y el fortalecimiento de la salud pública, bajo la premisa de que ninguna reforma será sostenible mientras persistan los actuales desequilibrios financieros y operativos.

Entre las iniciativas planteadas figuran el fortalecimiento técnico de la UPC, la revisión de los ajustes pendientes de 2023 y 2024, la reorganización de Nueva EPS con base en una auditoría forense, la redefinición del marco de las EPS intervenidas y la construcción de una reforma con participación de los diferentes actores del sector.

En consecuencia, el debate no debería limitarse a la dicotomía entre mantener o eliminar el aseguramiento, sino enfocarse en las condiciones técnicas, financieras e institucionales necesarias para garantizar su sostenibilidad. La discusión de fondo consiste en cómo recuperar el equilibrio económico del sistema, fortalecer la gestión del riesgo y adoptar decisiones de política pública sustentadas en evidencia y responsabilidad fiscal.

Principales ejes de la propuesta

El documento organiza sus planteamientos en tres etapas: los primeros 100 días, orientados a atender la crisis mediante un Puesto de Mando Unificado (PMU); el primer año, enfocado en la recuperación financiera; y el cuatrienio, destinado a implementar una transformación estructural. Se trata de una secuencia que busca responder a las urgencias inmediatas sin perder de vista las reformas de largo plazo.

También propone priorizar la continuidad de los tratamientos, atender a los pacientes represados y orientar las decisiones hacia mejores resultados en salud. En materia financiera, estima que serían necesarios $9.57 billones para estabilizar el sistema en 2026 y plantea nuevas fuentes de financiación por $22.3 billones anuales, cuya viabilidad dependería de reformas legales y acuerdos fiscales.

Asimismo, plantea fortalecer la precisión técnica de la UPC, avanzar hacia esquemas de riesgo compartido, promover pagos basados en resultados e incentivar una mayor articulación entre EPS e IPS. En paralelo, propone reforzar la Atención Primaria en Salud, la vacunación, el control de enfermedades crónicas, la salud mental y el envejecimiento saludable como estrategias para reducir la presión futura sobre el sistema.

Otro componente relevante es el fortalecimiento de la gobernanza mediante mayor interoperabilidad de los sistemas de información, analítica de datos, trazabilidad financiera y decisiones basadas en evidencia.

Aspectos que requieren debate

Como ocurre con cualquier propuesta de reforma, varios planteamientos requieren un análisis técnico y político más profundo. Entre ellos se encuentran la validación del faltante actuarial, la viabilidad de las nuevas fuentes de financiación, las implicaciones de una eventual depuración del régimen subsidiado, las reglas del riesgo compartido y los desafíos jurídicos, financieros y operativos que supondría integrar regímenes especiales como el FOMAG.

Una contribución al debate, no una conclusión

El documento de ACEMI aporta elementos técnicos que enriquecen la discusión sobre el futuro del sistema de salud, pero no constituye la única respuesta posible a la crisis. Sus planteamientos deberán contrastarse con otras propuestas provenientes del Gobierno, la academia, los prestadores, los pacientes y los distintos actores del sector.

El nuevo escenario político ofrece la oportunidad de trasladar el debate desde la confrontación ideológica hacia la evaluación de alternativas sustentadas en evidencia. Más que discutir quién administra los recursos, el desafío consiste en definir qué modelo ofrece mejores resultados en salud, garantiza el acceso oportuno y preserva la sostenibilidad financiera.

En última instancia, el éxito de cualquier reforma no debería medirse por la magnitud de los cambios institucionales que introduzca, sino por su capacidad para mejorar la atención de los pacientes y asegurar un sistema financieramente viable. Más que decidir entre desmontar o mantener el aseguramiento, el reto consiste en determinar qué transformaciones son necesarias para que cumpla de manera efectiva su propósito.