Durante décadas, el aumento de la esperanza de vida fue considerado uno de los mayores logros de la salud pública. Hoy, ese éxito plantea un nuevo desafío: sostener un sistema capaz de responder a una población que vive más años, requiere mayor atención y demanda cuidados durante períodos cada vez más prolongados. La experiencia del paciente se ha convertido en un nuevo referente para valorar la calidad de la atención. Obtener una cita cuando se necesita, comprender qué ocurre con una enfermedad, recibir orientación durante el proceso de atención y encontrar respuestas oportunas hacen parte de las expectativas que hoy tienen quienes utilizan los servicios de salud.

Colombia atraviesa una de las transiciones demográficas más aceleradas de América Latina. El crecimiento de la población mayor está modificando el perfil epidemiológico del país, incrementando la prevalencia de enfermedades crónicas y multiplicando la necesidad de servicios de rehabilitación, cuidados paliativos, atención domiciliaria y cuidados de largo plazo.

El desafío trasciende el ámbito clínico. También representa una de las mayores presiones económicas para el sistema de salud en las próximas décadas. La discusión ya no se limita a ampliar cobertura o construir más hospitales; el verdadero reto consiste en determinar si el modelo actual podrá responder a una población que demandará cuidados durante más tiempo, con mayor complejidad y costos crecientes.

El envejecimiento implica trayectorias de atención más largas, pacientes con múltiples enfermedades simultáneas y una demanda creciente de servicios continuos. Todo ello pone en tensión la sostenibilidad financiera del sistema.

Esa presión llega, además, sobre un sistema que ya enfrenta dificultades económicas. De acuerdo con el estudio de cartera hospitalaria de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), con corte a diciembre de 2025, las deudas con las 232 instituciones que reportaron información alcanzaron $25.7 billones. Las EPS del régimen contributivo concentran aproximadamente $12.9 billones, mientras que las del régimen subsidiado adeudan cerca de $7.1 billones. A estas se suman alrededor de $1.9 billones correspondientes a deudores agrupados en la categoría Estado, entre otros actores. Aunque esta cartera no es consecuencia directa del envejecimiento poblacional, sí evidencia que el sistema deberá afrontar una demanda creciente de servicios especializados y de largo plazo en medio de una situación financiera ya comprometida.

Un sistema que envejece junto con la población

El envejecimiento poblacional modifica la manera en que las personas utilizan los servicios de salud. Los adultos mayores requieren más consultas médicas, consumen más medicamentos, presentan hospitalizaciones más frecuentes y permanecen más tiempo internados.

Jorge Toro, presidente ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia (UNIPS), advierte que el país enfrenta una transición demográfica acelerada sin haber alcanzado niveles de ingreso y consolidación institucional comparables con los de economías desarrolladas.

Para el directivo, Colombia enfrenta una “doble carga”: mientras persisten enfermedades transmisibles y problemas materno-infantiles en diferentes regiones, aumentan rápidamente las enfermedades crónicas, la discapacidad y la dependencia funcional asociadas al envejecimiento.

Las proyecciones sobre el envejecimiento poblacional evidencian la magnitud del cambio. En 2020, Colombia contaba con cerca de 6.5 millones de personas mayores de 60 años, equivalentes al 12,5 % de la población. Para 2050, esa cifra superará los 14 millones, aproximadamente el 23 % de los habitantes del país.

Este cambio demográfico ejercerá una presión creciente sobre la red de servicios, ya que las personas mayores requieren trayectorias de atención coordinadas entre distintos niveles de complejidad, precisamente uno de los puntos más débiles del sistema colombiano.

Aunque el país cuenta con una amplia red de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la capacidad instalada presenta limitaciones importantes frente al envejecimiento. Los servicios especializados continúan concentrados en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico, mientras amplias zonas rurales enfrentan déficit de especialistas, baja capacidad hospitalaria y dificultades de transporte sanitario.

A ello se suma la escasez de servicios geriátricos, centros de día, instituciones de cuidado de larga estancia y modelos de atención sociosanitaria integrada, lo que obliga a miles de familias a asumir directamente el cuidado de sus adultos mayores.

“Colombia tiene una oferta muy limitada en áreas clave para enfrentar el envejecimiento, entre los que aparecen servicios especializados en geriatría, unidades de memoria y demencias, hospitalización geriátrica integral y los centros de día”.

Para Toro, el problema también radica en la fragmentación institucional. Las barreras entre EPS e IPS, la limitada interoperabilidad clínica y la baja coordinación entre la atención primaria y los servicios especializados dificultan el seguimiento de pacientes con múltiples enfermedades.

A esto se suma otro desafío: la disponibilidad de talento humano especializado. La demanda crecerá en áreas como geriatría, rehabilitación, salud mental, cuidados paliativos y atención domiciliaria, mientras el país intenta fortalecer su capacidad mediante la Política Pública del Talento Humano en Salud 2025-2035.

Un modelo diseñado para responder a emergencias

Según publicaciones en una entidad bancaria, para Oswaldo Restrepo, médico cirujano con formación en epidemiología, medicina laboral, gerencia de la salud ocupacional y alta dirección estratégica, además de consultor, docente e investigador, el problema es estructural. El sistema colombiano fue concebido bajo una lógica reactiva, orientada a resolver episodios agudos, más que a sostener procesos prolongados de cuidado y dependencia. Según su análisis, la atención continúa enfocada en reparar los daños una vez aparecen —mediante hospitalización, cirugía, urgencias o medicamentos—, en lugar de prevenir el deterioro progresivo asociado al envejecimiento.

La dificultad es que el envejecimiento no corresponde a una enfermedad específica. Se trata de un proceso biológico caracterizado por la acumulación progresiva de daños celulares y moleculares que reducen las capacidades físicas y mentales y aumentan el riesgo de múltiples enfermedades simultáneas.

La presión económica apenas comienza

El envejecimiento no solo incrementa el número de consultas y hospitalizaciones; también transforma la estructura del gasto sanitario. Las personas mayores requieren tratamientos prolongados, mayor consumo de medicamentos, procedimientos diagnósticos más frecuentes y atención interdisciplinaria continua.

Un estudio de investigadoras del Banco de la República estima que los costos asociados a las enfermedades crónicas no transmisibles continuarán aumentando durante esta década. Bajo distintos escenarios, los costos podrían alcanzar entre $9.3 y $10.2 billones de pesos de 2021 en 2030. El envejecimiento de la población aparece como el principal determinante de este incremento. La investigación, titulada “Evolución y carga financiera de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles en Colombia: 2010- 2021”, fue realizada por Ana María Iregui- Bohórquez, Ligia Alba Melo-Becerra, Diana Estefanía Pinilla-Alarcón y María Teresa Ramírez-Giraldo.

Esta transformación también tiene implicaciones macroeconómicas. Las Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT), analizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), muestran que durante la infancia y la vejez el consumo supera los ingresos laborales, mientras que en la edad productiva ocurre lo contrario. A medida que aumenta la proporción de adultos mayores, crece también la necesidad de financiar ese déficit mediante transferencias familiares, ahorro o recursos públicos.

Las proyecciones de CEPAL muestran que para 2050 varios países de América Latina tendrán un déficit económico asociado a la vejez superior al registrado durante la infancia. Aunque Colombia no hace parte de ese ejercicio específico, comparte la misma tendencia demográfica, por lo que enfrentará presiones similares sobre el gasto social y sanitario.

Invertir antes de que aparezca la enfermedad

Frente a este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coinciden en que la respuesta no consiste únicamente en aumentar el presupuesto destinado a la atención médica.

El reto consiste en fortalecer la atención primaria, promover estilos de vida saludables, prevenir la fragilidad, detectar tempranamente el deterioro funcional y desarrollar modelos de atención centrados en el envejecimiento saludable.

Cada año de independencia funcional representa una mejor calidad de vida para las personas y, al mismo tiempo, una menor utilización de servicios de alta complejidad y de cuidados permanentes.