La protección del talento humano en salud volvió al centro de la agenda legislativa. El Congreso de la República estudia un proyecto de ley que busca fortalecer las garantías laborales de médicos, enfermeras, profesionales, tecnólogos, técnicos y demás trabajadores del sector mediante nuevas reglas para la contratación, el pago oportuno, la formación continua y la protección frente a la violencia en los entornos laborales y académicos.

La iniciativa, liderada por la senadora Norma Hurtado Sánchez y el representante Víctor Manuel Salcedo, fue radicada el 21 de julio de 2026 ante la Secretaría General del Senado. Está compuesta por 21 artículos distribuidos en cinco capítulos y propone crear una Estrategia Nacional de Protección contra la Violencia al Talento Humano en Salud, además de establecer mecanismos para fortalecer las condiciones laborales, promover el bienestar del personal sanitario y mejorar la distribución del talento humano en el territorio nacional.

Contratación y pagos, entre los principales cambios

Uno de los ejes centrales de la propuesta busca reducir la precarización laboral en el sector salud. Para ello, plantea que, como regla general, el talento humano sea vinculado mediante las modalidades previstas en el Código Sustantivo del Trabajo o, cuando corresponda, mediante una relación legal y reglamentaria en las entidades públicas.

Asimismo, limita el uso de mecanismos de intermediación o tercerización cuando estos afecten derechos laborales, prestacionales o constitucionales. La iniciativa no elimina todas las modalidades de contratación existentes, pero busca evitar que figuras excepcionales sean utilizadas para encubrir relaciones laborales permanentes.

En el caso de los especialistas de las ciencias de la salud, el proyecto mantiene la posibilidad de vinculación mediante modalidades legales de trabajo independiente cuando la naturaleza del servicio así lo requiera. Sin embargo, establece que, cuando la relación no corresponda a un contrato laboral, la remuneración deberá pagarse dentro de los diez días calendario siguientes a la presentación de la cuenta de cobro, factura o documento equivalente. El incumplimiento generaría intereses moratorios dentro de los límites previstos por la legislación.

Además, propone que el cumplimiento de las obligaciones laborales haga parte de los criterios de suficiencia patrimonial y financiera de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), mediante indicadores relacionados con la mora en los pagos, las quejas y las sanciones.

Condiciones laborales y calidad de la atención

La iniciativa parte de que las condiciones de trabajo del talento humano inciden en la seguridad del paciente y en la calidad de los servicios de salud. Por ello, plantea que las IPS garanticen los insumos, equipos, tecnologías y demás recursos necesarios para el desarrollo seguro de las funciones asistenciales, independientemente del tipo de contratación.

También propone fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante acciones orientadas a prevenir riesgos laborales y promover el bienestar físico y emocional del personal. Estas incluyen programas de promoción y prevención, identificación de riesgos propios del sector, actividades de bienestar laboral, familiar y académico, estrategias dirigidas a especialidades de mayor riesgo y el reporte periódico de estas acciones a las autoridades competentes.

Estrategia nacional contra la violencia

Otro de los componentes del proyecto es la creación de la Estrategia Nacional de Protección contra la Violencia al Talento Humano en Salud, liderada por el Ministerio de Salud.

La propuesta contempla la creación de sistemas de información sobre agresiones al personal sanitario, canales de denuncia y acompañamiento a las víctimas, mecanismos de coordinación entre las entidades de salud y justicia, medidas especiales durante emergencias sanitarias e integración con las rutas de atención frente a violencias basadas en género.

Asimismo, plantea la conformación de un Comité Interinstitucional de Protección contra la Violencia, integrado por representantes del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Talento Humano en Salud.

Formación y planificación del talento humano

El proyecto también incorpora medidas dirigidas a estudiantes, internos y residentes de las profesiones de la salud. En ese sentido, propone diseñar una política integral para prevenir la violencia física, psicológica, intelectual y sexual en universidades, hospitales universitarios y demás escenarios de práctica.

Según la exposición de motivos, esta propuesta responde a denuncias relacionadas con jornadas extensas, maltrato, acoso, retrasos en los pagos y afectaciones a la salud mental durante la formación del talento humano. No obstante, estos argumentos hacen parte de la justificación del proyecto y deberán ser analizados durante el trámite legislativo.

En paralelo, la iniciativa plantea fortalecer la planificación del talento humano con enfoque territorial. Para ello, el Ministerio de Salud, con apoyo del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, deberá establecer las necesidades actuales y futuras de profesionales teniendo en cuenta la capacidad instalada, las necesidades de atención de la población, la carga laboral, la salud mental del personal y las brechas regionales.

También contempla incentivos académicos, económicos e investigativos para quienes presten sus servicios durante un periodo mínimo de seis meses en zonas rurales, dispersas o de difícil acceso.

Organizaciones médicas respaldan la discusión

La discusión del proyecto coincide con pronunciamientos recientes de organizaciones médicas sobre las condiciones laborales del talento humano en salud. En mayo de este año, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Amci) y el Sindicato de Médicos Intensivistas (Sicrítico) solicitaron al Gobierno nacional fortalecer los mecanismos de inspección y control frente a los retrasos en el pago de honorarios y las condiciones de contratación del personal.

En un comunicado conjunto, las organizaciones afirmaron: “Manifestamos nuestra profunda preocupación por el debilitamiento de las garantías laborales del talento humano en salud”.

Asimismo, señalaron que la contratación mediante prestación de servicios “es una opción que debe ser aceptada de común acuerdo entre los profesionales y la institución, no debe ser impuesta”, y agregaron que esta modalidad “debe ser excepcional”, mientras que la contratación laboral directa debería constituir la regla general.

Los gremios también advirtieron que las dificultades laborales pueden repercutir en la atención de los pacientes. En ese sentido, afirmaron que “es el paciente quien ve interrumpida la continuidad de la atención en un servicio de vital importancia como lo son las Unidades de Cuidados Intensivos”.

El proyecto deberá superar los cuatro debates reglamentarios en el Congreso, surtir el proceso de conciliación cuando corresponda y recibir la sanción presidencial antes de convertirse en ley, por lo que sus disposiciones aún no son de obligatorio cumplimiento.