Colombia ya cuenta con una hoja de ruta para responder al envejecimiento de su población. La Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez 2022-2031, adoptada mediante el Decreto 681 de 2022, propone transformar la manera en que el Estado responde a una sociedad cada vez más longeva, al incorporar un enfoque basado en derechos, cuidado, protección social, participación y corresponsabilidad.

Sin embargo, contar con una política no garantiza, por sí sola, que esas transformaciones ocurran. De hecho, la Corte Constitucional advirtió recientemente que el país mantiene una deuda en la consolidación de una política integral de cuidado para las personas en condición de dependencia. En la Sentencia T-022 de 2026, el alto tribunal exhortó al Gobierno nacional y al Congreso a avanzar «sin más dilaciones » en este propósito, al considerar que las demoras continúan trasladando la mayor carga del cuidado a las familias, especialmente a las mujeres.

Este llamado pone en evidencia que el principal desafío ya no es formular lineamientos, sino convertirlos en respuestas efectivas para quienes enfrentan procesos de envejecimiento, dependencia y necesidad de cuidados de largo plazo.

De la política a la implementación

La Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez reconoce que responder al envejecimiento poblacional exige mucho más que fortalecer los servicios de salud. Plantea la necesidad de coordinar acciones entre los diferentes niveles de gobierno, el sector salud, la protección social, las organizaciones comunitarias y las familias, con el propósito de garantizar una atención integral y proteger los derechos de las personas mayores.

Además, en los últimos años, este enfoque ha cobrado mayor relevancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Naciones Unidas (ONU) impulsaron iniciativas como la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030) y, desde su lanzamiento, la comunidad internacional ha advertido sobre la necesidad de fortalecer las respuestas frente al crecimiento de esta población.

No obstante, esa articulación continúa siendo uno de los principales retos para quienes trabajan directamente con esta población.

Para Luisa Fernanda Arenas Ochoa, especialista y líder del Servicio de Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital General de Medellín, la distancia entre lo que plantean las políticas y lo que ocurre en la práctica sigue siendo evidente. “Quienes formulan las políticas públicas desconocen que, en la práctica, se presenta una desarticulación entre la atención ambulatoria, hospitalaria y domiciliaria, derivada de la forma de contratación, los incentivos para las EAPB e IPS, la formación de los equipos de salud, entre otros factores. Además, la política del cuidado a la vejez no logra cubrir la cantidad de personas que carecen de una red de apoyo para ser cuidadas en casa”, afirmó.

Su análisis coincide con una de las principales advertencias de la Corte Constitucional: la falta de una respuesta institucional articulada termina trasladando gran parte de las responsabilidades del cuidado a las familias y a quienes ejercen ese rol sin el apoyo suficiente.

El cuidado también es una responsabilidad del Estado

La política parte de un principio claro: el cuidado de las personas mayores no puede recaer exclusivamente sobre las familias ni sobre los servicios de salud. Requiere fortalecer redes comunitarias, organizaciones sociales e instituciones capaces de responder a situaciones de dependencia, vulnerabilidad o ausencia de cuidadores.

Paula Posada, directora de la Corporación Hogar Sendero de Luz, explica que muchos de los usuarios llegan después de enfrentar largos procesos de exclusión social y ruptura de sus vínculos familiares. “Nosotros trabajamos de la mano con la Alcaldía de Medellín. Muchas de las personas mayores que llegan a nuestra institución estuvieron en condición de calle debido al consumo de sustancias psicoactivas o al deterioro de los vínculos familiares desde etapas más tempranas de sus vidas. Ante esa realidad, recurren a hogares de acogida como una alternativa de cuidado y protección”, señaló.

Su experiencia refleja que la respuesta al envejecimiento depende también de fortalecer las capacidades de las instituciones territoriales y de las organizaciones sociales que, en muchos casos, terminan asumiendo funciones para las cuales el Estado aún no ha consolidado una red suficiente de apoyo.

Una política que debe traducirse en resultados

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) proyecta que la proporción de personas mayores de 65 años que requerirán cuidados de largo plazo pasará del 14,4 % al 16 % en 2050. Aunque la entidad no presenta una cifra absoluta, si se toma como referencia la proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de 138 millones de personas de 65 años o más en América Latina y el Caribe para ese año, la demanda potencial sería cercana a 22 millones de personas.

Cabe señalar que cerca del 70 % de los cuidados de largo plazo recaen en mujeres de la familia, en su mayoría sin remuneración ni apoyo formal. Esta carga no remunerada acentúa la inequidad de género y revela la debilidad de los sistemas públicos y privados para absorber la demanda creciente.

Colombia figura entre los países donde la demanda de cuidados de largo plazo crece más rápido que la respuesta institucional. Según la OPS, la escasez y la baja valoración de la fuerza laboral dedicada al cuidado, así como la limitada cobertura de servicios formales, constituyen desafíos estructurales.

En este contexto, el país deberá fortalecer la implementación de la política pública y avanzar hacia modelos que reconozcan el cuidado como una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y las familias. De ello dependerá la capacidad institucional para responder a una población cada vez más longeva y garantizar una vejez con mayor autonomía, protección y ejercicio efectivo de derechos.