Los ocho años del Gobierno Santos y la salud

L os últimos ocho años han sido variopintos para la salud en Colombia. Se lograron avances como tener una cobertura universal saliendo del estancamiento del primer decenio del siglo, resultado de aplicar a la financiación del régimen subsidiado el 100% de los recursos de solidaridad del contributivo que estaban en CDT, además de una agresiva transformación de recursos de oferta del sistema General de participaciones.

Se tomaron medidas importantes en el control de precios de medicamentos y la formulación de medicamentos no incluidos en los planes de beneficio. El costo de estos venia en una espiral ascendente desde el 2005, cuando por la liberación de control muchos vieron la oportunidad de negocio sin la intervención del estado, llevando a que en cinco años pasáramos de 0,5 Billones en servicios NO POS, a más de 2,5 billones en el 2010 (Sin contar el NO POS del Régimen Subsidiado que pagan los departamentos, con recursos no claros), lo que amenazaba la sostenibilidad del sistema. Es también positiva la creación de la plataforma MIPRES para la formulación rápida y eficiente de los servicios no incluidos en los planes de beneficio del régimen contributivo; esta plataforma entrega una mina de información, sin embargo al igual que otros sistemas que hemos creado en estos 25 años tampoco la explotamos para el beneficio de todos.

Sin embargo quedan fracasos y soluciones aplazadas que deterioran y generan poca credibilidad en el sistema, además de otros interrogantes.

La visión macro y financiera del gobierno, desconoció la importancia de los problemas de los ciudadanos de a pie (objeto del sistema), la accesibilidad a los servicios de salud por parte de la población se ha deteriorado, en especial en la población ubicada por fuera de las ciudades, y dentro de ellas, con la población que vive en los suburbios lejanos a la concentración de servicios que se ha permitido en lugares exclusivos y lejanos a donde vive y trabaja la gente. La concentración de servicios en centros urbanos es contraria a garantizar el acceso e implica una barrera para los afiliados.

Esta acción permitida a las aseguradoras ha generado el fracaso rotundo de las iniciativas aprobadas para crear y garantizar las Redes Integradas de Servicios de salud, que por definición garantizan accesibilidad geográfica, económica y cultural, al contrario las EPS han preferido concentrar servicios en búsqueda del negocio y la rentabilidad, todo esto bajo la mirada indiferente de los organismos de control.

Estas acciones, sumadas a la asfixia económica a que se ha sometido la red pública de hospitales, ha llevado a una nueva figura creada por el Ministerio de Hacienda con la anuencia del Ministerio de Salud: “Hospitales en Riesgo Financiero” y con planes de trabajo que la mayoría de las veces fracasan porque sus deudores, las EPS, no pagan, lo que ha llevado a la quiebra de hospitales. Curiosamente la estrategia castiga al acreedor y al deudor se le mira en forma condescendiente.

Este fracaso en la garantía de las redes Integrales, ha generado la pérdida del patrimonio público, representado en una red de servicios construida con grandes esfuerzos desde 1975, que garantizaba que en los corregimientos existiesen puestos de salud, en centros poblados, pequeños municipios y barrios: Centros de salud, en los municipios medianos hospitales locales de baja complejidad pero suficientes para garantizar gran parte de la atención, y todos estos articulados con hospitales regionales de mediana complejidad que trabajaban con los de alta complejidad. Esta articulación se ha perdido en forma acelerada en los últimos 20 años, se han cerrado centros, puestos de salud, salas de parto, laboratorios clínicos, servicios de odontología y hospitales. El acceso a la tecnología se ha limitado por normas absurdas y criterios de habilitación que obligan cerrar servicios que no son reemplazados. Además con una consecuencia económica incalculable: las atenciones de salud tienden a complejizarse e incrementar los costos directos a quien paga.

Otro fracaso, las cuentas entre el FOSYGA, hoy ADRES, y aseguradores y prestadores, hoy, luego de grandes promesas, siguen siendo una torre de babel con diferencias inaceptables entre las cifras según las diferentes fuentes, y que rondan los 7 billones de pesos. Aquí nuevamente nos quedan debiendo la autoridad que ponga orden entre los agentes del sistema y diga, con claridad, cuales son las deudas reales en el Sistema de salud. El deterioro del SGSSS se debe al poco estado y autoridad que se ejerció sobre los agentes del sistema, para que cada uno cumpliera a carta cabal con sus responsabilidades, y no simplemente utilizaran el sistema para lograr mejores resultados económicos.

¿En que terminaron las investigaciones de desfalco a la salud denunciadas por el presidente Santos en el Ministerio de Salud? ¿Qué paso con las investigaciones sobre las EPS que terminaron liquidadas con enormes deudas con los prestadores? ¿Qué pasó en SaludCoop Intervenida en el 2010, administrada bajo la tutela de la SUPERSALUD y que cinco años después terminó con una mayor quiebra, y gran deterioro de la red de prestadores construida con los recursos de la salud?

El futuro

El presidente Iván Duque habla de reestructurar pero de seguir con el mismo sistema, sin embargo tendría primero que redefinir el contrato social del SGSSS de tal forma que se respeten los recursos y se defina en forma clara los derechos fundamentales a la salud establecidos en la ley estatutaria. Para ello, debe ser muy claro que el Ministerio es quien define las políticas, que estas deben ser articuladas con los municipios y departamentos. Definir el papel de las EPS, ¿son aseguradoras o gestoras de servicios? y de acuerdo a ello exigir los resultados.

La Supersalud y los departamentos deben ejercer un control férreo para obligar que cada actor cumpla con su rol, y en aseguramiento la vigilancia y control de la garantía de la prestación de los servicios de salud debe estar en cabeza de los departamentos y en la Supersalud el control financiero y de habilitación de las EPS, además de ser segunda instancia para las decisiones de los departamentos.

Se deben definir los servicios de salud mínimos que se garantizara en los centros poblados y pequeños municipios, al igual que en municipios medianos y grandes; se deben garantizar servicios de mayor complejidad y estos estar articulados con la alta complejidad. Las redes deben ser garantizadas y aprobadas por los departamentos, garantizando que cuando exista un servicio local este se contrate, evitando llevarlo a otro lugar, para ello será necesario establecer tarifas de referencia. Es necesario rescatar y fortalecer las ESE, las cuales deben reorganizarse en Redes de servicios regionales e integrales.

Se debe fortalecer y promover la afiliación a la seguridad social en régimen contributivo, sin embargo considerar que los trabajadores de zonas rurales podrían estar en el régimen subsidiado y vincularlos obligatoriamente a pensión y riesgos laborales, como una forma de fortalecer el campo. Por último, es necesario fortalecer la salud pública, y para ello esta debe ser ejercida y controlada por los municipios, el departamento ser articulador y tener a cargo algunos programas verticales.